El próximo 1 de octubre, el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, cumplirá 75 años y con ello, alcanzará la edad límite para ejercer su cargo, abandonando así su rol como cabeza del Ministerio Público. ¿Los pasos a seguir? Luego de tres días, la Corte Suprema deberá llamar a concurso público, acogiendo los nombres de los interesados en llegar a liderar la institución. Todo ello, para conformar una quina, desde donde saldrá la propuesta del Presidente Gabriel Boric, la que deberá ser ratificada finalmente por el Senado.
Uno de los interesados, de los pocos que ha confirmado públicamente su participación, es el abogado penalista y exfiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Rodrigo Ríos Álvarez, de 43 años.
De cara al concurso que definirá al siguiente fiscal nacional del país, el actual profesor de derecho penal y procesal penal en las universidades Finis Terrae y Católica del Maule conversó con BioBioChile respecto a su percepción del Ministerio Público y las propuestas que busca implementar, en caso de llegar al mando.
La creación de una Unidad Nacional de Combate contra el Crimen Organizado, sumado a la ejecución de auditorías externas para favorecer la transparencia e impulsar mejoras en fiscalía, entre ellas a nivel comunicacional para con las víctimas, son parte de los temas abordados por Ríos en esta entrevista.
Consultado por un balance de la gestión de Abbott, el abogado respondió con cautela. “El Ministerio Público ha entrado en una crisis de legitimidad”, afirmó, argumentado que “lo que requiere la institución es que quien esté en la máxima posición, en la autoridad de esta pirámide jerárquica, asuma una condición de fiscal y no de gestor o de administrativo”.
“Crisis de legitimidad”
– ¿Por qué decidió postularse al cargo de fiscal nacional?
La decisión tiene su génesis en que yo trabajé durante 10 años en el Ministerio Público. Y en ese periodo de tiempo pude ejercer labores en los distintos estamentos de la fiscalía. Comencé como abogado ayudante de fiscal, luego fui bastantes años fiscal adjunto de la fiscalía más grande de Chile, la Fiscalía Centro Norte, para terminar luego como subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Eso me dio un conocimiento transversal para saber el funcionamiento no solamente, local, regional, sino también a nivel nacional.
Luego, desde un punto de vista ya como abogado y profesor, ejerciendo la profesión externamente al Ministerio Público, una vez que renuncié a ese cargo, me hice una concepción general y global del funcionamiento y de las formas en que se viene desenvolviendo el Ministerio Público hasta hoy, lo que lo ha llevado, a mi criterio, a una crisis de legitimidad bastante importante.
Lo que me motiva, finalmente, es ayudar a la institución en la cual trabajé la mayor cantidad del tiempo que yo me he desempeñado en mi vida profesional. Ayudar a contribuir a rescatar al Ministerio Público de esta grave crisis de legitimidad, que tiene hoy en día en una pérdida de confianza total de la comunidad. Eso, evidentemente, no se puede sostener en el tiempo. Porque ese problema no es solamente del Ministerio Público, sino que es un problema que afecta a todo el sistema de justicia.
Esa es mi principal motivación, asumir el desafío de tomar el Ministerio Público, levantarlo de esta crisis o pérdida de credibilidad de la comunidad y re posicionarlo como el principal actor del sistema de justicia. El principal actor de lo que se conoció en su momento como Reforma Procesal Penal.
– ¿Hubo algún hito específico que impulsó su decisión?
Básicamente, es reconocer y constatar que hay un problema de legitimidad y en base a eso, tener ya un recorrido, una experiencia que me permite poder aportar con una solución, no solamente como un exfuncionario del Ministerio Público, sino que también como litigante particular, como profesor de Derecho Procesal Penal.
También, bajo esa lógica, como un interviniente que ha sufrido delitos. Yo también he sido víctima de delitos y conozco el sistema desde el otro lado del mesón. Por lo tanto, puedo aportar y enriquecer la labor de la fiscalía. No solamente con la visión que tiene una persona, que legítimamente pueda pretender ser fiscal nacional, trabajando en el Ministerio Público. Creo tener un plus y poder aportar, y junto con tener ese conocimiento interno de la fiscalía, poder aportar también desde la perspectiva y lógica de haber conocido la labor de fiscalía desde la otra vereda, como víctima. También desde un punto de vista crítico de mi labor como profesor y analizando el comportamiento del sistema.
Sobre Abbott
– ¿Qué balance hace de la gestión del fiscal nacional, Jorge Abbott?
El Ministerio Público ha entrado en una crisis de legitimidad y esto quiere decir que el Ministerio Público no ha asumido un rol, desde el punto de vista de su liderazgo, que implique entregar un mensaje a la comunidad de que esta es la institución más relevante y más importante a nivel de las investigaciones de los delitos que ocurren en nuestro país. Y asumir esa responsabilidad como tal. El Ministerio Público no puede desligarse de su responsabilidad en las investigaciones, cuando se señala -por ejemplo- que son las policías las responsables de ejecutar las instrucciones que entrega el Ministerio Público.
A fiscalía y su principal líder, el fiscal nacional, yo quiero darle un cambio de paradigma y asumir como primer fiscal del Ministerio Público. Porque eso es lo que debe ser el fiscal nacional, el primer fiscal de la institución. Asumir la responsabilidad de las investigaciones y las instrucciones que se impartan a la justicia. Por lo tanto, en el éxito o fracaso de una investigación, el Ministerio Público no puede desconocer que es su absoluta responsabilidad.
Esto impone y denota una necesidad, la necesidad de mejorar los canales de comunicación, entre fiscalía y las policías en términos de formación, por ejemplo. Una formación conjunta y permanente, donde los estímulos y la finalidad de ambas sean el mismo norte, esto es, no puede ser posible que en 2022, ya a más de 20 años de la aplicación de estas reglas procesales, las policías sigan teniendo un estímulo distinto, en términos de finalidad, a los que tiene el Ministerio Público. Porque ambos tienen que apuntar a la misma finalidad judicial que significa, por ejemplo, tener un caso judicialmente exitoso.
El cargo es ser fiscal nacional y no solamente un gestor nacional o un administrativo. Lo que requiere la institución es que quien esté en la máxima posición, en la autoridad de esta pirámide jerárquica, asuma una condición de fiscal y no de gestor o de administrativo.
– Siguiendo con la figura de Abbott. Algo que se le cuestionó mucho en su momento fueron reuniones que él sostuvo con figuras políticas que estaban siendo investigadas por financiamiento irregular, como los exsenadores Jorge Pizarro y Jovino Novoa. ¿Qué opinión tiene de estas reuniones?
Lo importante para quien pretenda ejercer una labor, o un cargo de esta relevancia, es mantener una prescindencia o una independencia en términos políticos. La única manera de que se pueda ejercer de manera eficiente, y de cara a la comunidad, un cargo que implique que la comunidad confíe en lo que se va a desarrollar en un periodo, por ejemplo, en el siguiente de 8 años que deba asumir quien será el o la próxima fiscal nacional, debe decir relación con esta autonomía en términos de prescindir de cualquier vinculación en términos políticos.
A mí me parece que este debe ser el perfil de quien asuma este cargo. Debe ser alguien que evidentemente tenga un perfil cuyo único norte sea dirigir esta institución. Eso significa asumir también y aceptar investigaciones que involucren a personas que puedan tener una investidura importante, ya sea como víctima o imputado. El fiscal nacional no puede restarse de esta lógica. Situaciones que puedan manchar o, de alguna manera, poner en entredicho esta independencia, sin duda alguna, que cuestionan toda esta estructura desde la máxima autoridad. El fiscal nacional no puede verse envuelto en ninguna vinculación partidista o que lo sitúe en algún espectro político u otro.
Corrupción y crimen organizado: “No puede haber ningún paso en falso”
– Últimamente, se ha sabido de amenazas a jueces, fiscales, gendarmes y alcaldes ¿qué estrategias tiene pensadas para evitar que esto se agrave en el Ministerio Público?
Cualquier delito debe ser la primera preocupación del Ministerio Público, y más aún cuando se trata de autoridades tan relevantes como jueces, fiscales, defensores o quienes ejercen roles políticos. No puede haber ningún paso en falso en esa lógica, y la respuesta de fiscalía en este tipo de delitos, cuando afectan a autoridades que sostienen el funcionamiento del Estado democrático de derecho, debe ser impecable. En ese sentido, la fiscalía tiene que apuntar a una eficiencia investigativa que pueda poner coto y poner cierre rápido a cualquier pretensión de que una amenaza pueda transformarse, en el día de mañana, en tener que lamentar una situación de mayor gravedad de lo que sugiere esa amenaza. Por ejemplo, atentar contra la vida, contra familiares o personas que puedan verse expuestas por el cargo que ejercen. Por lo tanto, no puede tolerarse ningún tipo de esta situación.
El Ministerio Público, dentro del rol que ejerce, debe tener un compromiso irrestricto con combatir cualquier tipo de impunidad que pueda surgir a partir de esto. La labor de fiscalía es, primeramente, investigar; reunir los elementos probatorios que permitan acreditar la participación de aquellos que han puesto en entredicho la seguridad de aquellas personas, para luego sostener una acusación eficiente ante los tribunales.
– Estas amenazas no siempre son realizadas por bandas, pero apuntando al avance del crimen organizado en el país. ¿Cree que se está llegando tarde a combatirlo?
Hoy día es la realidad que tiene el país. De hecho, tanto es así, que el Gobierno, ya hace un par de meses a la fecha, ha reunido una mesa en torno a combatir a nivel nacional el crimen organizado. El Ministerio Público, en esta lógica, no puede ser la excepción. Es más, dentro de los roles que le competen a fiscalía es el investigativo, que debe combatir esta impunidad a la cual he hecho mención, donde ese factor es relevante en el crimen organizado, porque la respuesta que tiene que dar el sistema a nivel de investigaciones penales debe ser la máxima eficiencia en esta lógica. Y por eso, el Ministerio Público no puede ser solamente un actor secundario en esta política estatal que está llevando adelante el Gobierno con esta mesa transversal para combatir el crimen organizado.
El Ministerio Público debe asumir un rol protagónico y de liderazgo en las investigaciones que digan relación con el crimen organizado y para eso, por ejemplo, el fiscal nacional tiene las herramientas, hoy, para restructurar, a nivel de gestión, la forma en la que se enfrenta la persecución de este tipo de delitos. Y además, evidentemente, ser un actor preponderante en futuras reformas legislativas que potencien la labor del Ministerio Público, por ejemplo, con la creación de una Unidad Nacional de Persecución y de Lucha contra el Crimen Organizado. La idea es concretar la unidad bajo estas características, donde los fiscales tengan una competencia supra territorial y no esté enfocado, como se hace mayormente hoy día, como respuestas locales y regionales. Esto es un problema de nivel nacional y requiere una respuesta en ese mismo nivel, por eso, el principal actor para responder como institución al problema del crimen organizado, hoy día es el fiscal nacional. No los fiscales regionales en primer término, no los fiscales adjuntos, son parte importante sí, evidentemente lo son, pero no va a ser determinante en la solución del problema, si es que el fiscal nacional no asume un compromiso de liderazgo en esta lógica.
– Sin ánimos de ser fatalista, reitero, ¿considera que se está dando respuesta tardía a esto?
Yo en esto veo una oportunidad. Hoy día se ha hecho un diagnóstico, el diagnóstico está: tenemos un problema al cual tenemos que dar una atención prioritaria. Y creo que estamos a tiempo. El mejor ejemplo de que estamos a tiempo es que estamos comenzando a discutir quién va a ser el próximo líder de la institución en los próximos meses, quién va a asumir y deba dar estas respuestas. Por eso, soy un optimista en ese punto. Porque entiendo que estamos aún a tiempo y porque existe un consenso a nivel nacional y transversal de todos los actores públicos de que es un tema que tiene que ser resuelto de esa manera, transversalmente. El problema sería, y sería pesimista si así fuese, en caso de que no existiese ese convencimiento o esa convicción de que necesitamos todos remar para el mismo lado, y ese convencimiento ya existe. Hoy día, si lo llevas a la esfera de otros poderes del Estado, el convencimiento es total.
Lo que falta hoy en día, a mi criterio, es quien asuma el liderazgo del Ministerio Público, y en caso de que esa función recaiga sobre mi persona, asumir ese liderazgo desde el punto de vista de la investigación penal, atacando directamente la impunidad de los delitos más graves que uno asocia al crimen organizado, que son los homicidios. Hay que apuntar directamente a reducir las tasas de impunidad, reducir las tasas de imputados desconocidos e impedir que estos casos terminen finalmente en respuestas insatisfactorias para las comunidades. Esto es, por ejemplo, archivando los casos porque no conocemos quién fue quién lo realizó o tomando decisiones que no signifiquen una condena para los verdaderos autores y responsables de esos hechos tan graves.
– ¿Esto se realiza capacitando de mejor forma a las policías y funcionarios del Ministerio Público?
Lo que tú señalas, para mí, es uno de los pilares fundamentales en los que quiero construir mi gestión como fiscal del Ministerio Público, y en esto, también lo baso en mi experiencia, como profesor, como académico, por cerca ya de 15 años. Y también por la experiencia comparada acerca de cómo funciona el Ministerio Público en otros países de nuestra región. No estoy comparando a Chile con países desarrollados o países que pertenezcan a otras culturas. La propia realidad latinoamericana muestra que en otros Ministerios Públicos como Perú, México o Paraguay, la concepción de la capacitación y formación de los fiscales es una de las cosas más relevantes para el éxito a largo plazo de esa institución. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público no puede concebirse a sí mismo si es que no tiene un nivel de capacitación y formación interna que sea potente. Y esto va de la mano con lo que se denomina, a nivel comparado en estos Ministerios Públicos que di como ejemplo, lo que son verdaderas universidades o academias del Ministerio Público o fiscales.
El Ministerio Público ha comenzado en los últimos años, del cual yo también fui parte inicial, de esta escuela de entrenamiento que hoy se denomina academia del Ministerio Público. Pero estamos a años luz de lograr esa consolidación, y una de mis metas y mis tareas es llevarlo a esa lógica de formación, a ese nivel, en este estándar comparado, que repito, no es una comparación antojadiza, sino que con países que son muy cercanos a nuestra realidad. Por lo tanto, es perfectamente posible aspirar a un estándar como aquel. Y dentro de ese estándar lo esencial es que las capacitaciones y la formación, primero, sean permanentes en el tiempo, luego, que esas capacitaciones y formación permanente sea conjunta con las policías, con los organismos públicos que son coayudantes de las fiscalías, como los peritos de todas las instituciones que entregan su expertise a la faceta investigativa.
Es la única manera de aglutinar bajo un mismo objetivo, una misma lógica, los estímulos que esas instituciones deban plasmar en sus labores cotidianas. Eso le va a dar un realce de dirección y liderazgo al Ministerio Público, porque va a ser esta institución, quien va estar encargada de entregar esos insumos de formación y capacitación permanente a sus colaboradores, y no va a existir esa lógica que cada institución esté por su propia cuenta buscando los recursos o viendo la forma en la que se capacita a lo largo del tiempo.
– Entonces….
Resumiendo, hay que potenciar lo que hoy día se conoce con el nombre de academia del Ministerio Público, transformándola derechamente en una academia y no en un centro de capacitaciones inorgánico y hay que permitir que esas capacitaciones sean conjuntas con las otras instituciones y organismos colaboradores. Y no puede ser posible que quien asuma el cargo de fiscal adjunto no tenga una preparación previa, integral y transversal, como fue con la reforma en nuestro país, donde tanto fiscales, jueces, defensores tuvieron una capacitación de varios meses antes de comenzar sus labores. Eso, evidentemente, fue una experiencia muy exitosa al comienzo de la reforma procesal penal. No podemos estar en el otro extremo, donde quién asume el cargo de fiscal adjunto asume de la noche a la mañana ese rol, sin haber tenido -quizás- la mejor preparación en los términos que estamos señalando.
– Otro problema que podría afectar al Ministerio Público y sus funcionarios es la corrupción. A su juicio ¿cómo se puede detener el avance de este problema en la institución?
Desde el punto de vista del Ministerio Público la respuesta para la corrupción tiene que ser enfática y categórica. Pero esas respuestas deben venir de la máxima autoridad, esto es, de aquella persona que ejerza el rol de fiscal nacional. Y por eso, el fiscal nacional, en los delitos de esta gravedad, que erosionan los cimientos de lo que es la democracia, la corrupción debe ser considerada bajo esa lógica, uno de los delitos más graves que afectan nuestra convivencia en un Estado democrático de derecho.
El fiscal nacional debe asumir ese reto y ese desafío, estando también disponible, repito, cuando la investidura -por ejemplo- de las personas involucradas como imputados o víctimas, que puede ser evidentemente el caso de delitos de corrupción, amerite que el fiscal nacional asuma investigaciones, tal como lo permite hoy la ley orgánica constitucional. Esto no puede ser un dato, como existe hoy en día, casi anecdótico, de los 22 años que tiene de existencia el Ministerio Público, solamente uno de los fiscales nacionales ha asumido en una causa la investigación en términos personales. Eso no puede ser aceptado bajo una lógica de que el cargo implica también asumir ese rol de investigación.
Pronta, bajo el mandato en el cual yo pretendo asumir, el liderazgo está a la disposición de esa lógica para combatir también este aspecto de la corrupción y ser el primer fiscal del Ministerio Público. Esto es, estar disponible, cuando el caso lo requiera, a asumir una investigación que requiera ese grado de independencia.
Propuestas: “Estar sometido a controles externos”
– Además de lo que ha mencionado, ¿qué cambios impulsaría en el Ministerio Público? ¿Qué reforzaría?
El capital más importante que tiene el Ministerio Público son sus fiscales y funcionarios. Es el principal motor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es derechamente entregar mejores herramientas y potenciar a nivel de gestión la labor que se viene haciendo. En eso, creo que hay que asumir que lo que necesita el Ministerio Público, para llevarlo a otro nivel de respuesta de la prestación de servicios de investigación y persecución penal pública es derechamente mejorar los procesos de gestión y, bajo esa lógica, no tener temor a que el Ministerio Público pueda ser sometido y estar disponible a controles externos, a cualquier organismo estatal. Más allá de la autonomía que se reconoce a nivel constitucional, que es una autonomía a nivel de investigación, el Ministerio Público no puede ser una excepción, dentro del aparataje estatal, que no permita realizar procesos eficientes de control de su gestión, que permitan mejorar esa gestión. Es finalmente un círculo virtuoso. El control externo, auditorías externas, permiten evidentemente mejorar la prestación del servicio que la fiscalía entrega hoy a la comunidad. Esto va enlazado de la mano con el principal problema que destaqué al principio de la entrevista: el diagnóstico que yo hago y lo que me motiva a ir al cargo de fiscal nacional, es que hay un problema gravísimo de pérdida de confianza de la comunidad en la labor del Ministerio Público.
– ¿Qué aspectos cree importante considerar respecto al trabajo de fiscalía en un eventual proceso constituyente 2.0?
El Ministerio Público, si bien no tiene una incidencia directa, o no tuvo, porque hablamos de lo que viene en el futuro, no sabemos cómo será un proceso constituyente o cómo se va a concretar…El Ministerio Público no va a tener una injerencia directa porque, evidentemente, eso va a estar entregado en las lógicas que se decidan por parte de otros poderes del Estado. Si constatamos aquello, eso no quita que el Ministerio Público esté disponible, dentro de su máxima autoridad, a entregar su opinión en aquellos textos que puedan ser dignos de mejoras en una redacción futura de un texto constitucional.
Muchas de las cosas que ya he señalado, pueden o deben tener un correlato a nivel constitucional. Por ejemplo, esta apertura del Ministerio Público en términos de un control externo a su gestión. No existe ningún inconveniente, creo yo, desde el punto de vista de aquel que asuma esta función de máximo autoridad del Ministerio Público para propender de que eso se pueda concretar bajo la lógica de una reformulación de las reglas constitucionales que regulan el Ministerio Público.
También hay que tener muy presente que este combate al crimen organizado, del que hoy día existe una completa consonancia y un completo acuerdo y convicción a nivel transversal por parte de todos los organismos estatales y todos los poderes del Estado, ¿por qué no la nueva Constitución, en caso que exista, asumir también a partir de ahí una reestructuración que impacte en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que permita combatir lo que dice relación con este flagelo que es el crimen organizado?. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad en caso que exista esta chance de reformular el texto constitucional, para reforzar las herramientas que el Ministerio Público tiene hoy en día para combatir el crimen organizado y también para consolidar esa faceta de abrir el Ministerio Público hacia la comunidad, abrirlo para que sus procesos de gestión sean auditables y medibles, y que exista una transparencia como en cualquier organismo del Estado.
– ¿En qué aspectos concretos se podría ver esto de fortalecer las herramientas que permitan al Ministerio Público combatir el crimen organizado?
Concretamente, que se permita la creación de una Unidad Nacional de Combate contra el Crimen Organizado dentro del Ministerio Público. Eso quiere decir que se permita, con una reforma constitucional que impacte la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que exista una fiscalía que tenga una competencia a nivel supraterritorial. ¿Qué significa esto? Significa que hayan fiscales que tengan competencia para poder investigar este tipo de delitos a lo largo de todo el país y no estar sujeto a esta limitante, que tenemos en la práctica, que hace enfrentar este problema desde una perspectiva local o regional en su máxima expresión. Lo que se requiere en esto es una respuesta investigativa y coordinada a nivel nacional que dependa del fiscal nacional, y por lo tanto, para eso se requiere una reforma constitucional que impacte a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
