"Vamos a tener que contradecirte": cónsul acusa maltrato y denuncia a Cancillería por Ley Karin

Sebastián Canales Angulo, el excónsul chileno de Sídney acusado de maltrato, volvió a contraatacar. Después de que viralizaran por redes sociales y medios de comunicación un extracto de un video donde aparecía gritándole a Natalia Pozo, su prestigio se vino a pique. Lo amenazaron, le dijeron “asqueroso de mierda”, le abrieron un sumario y hasta lo trasladaron de país. Cuando intentó defenderse, asegura que no lo dejaron. “Eventualmente vamos a tener que contradecirte”, le escribieron desde la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Así que Canales se quedó en silencio un tiempo. Pero a fines de septiembre interpuso una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en la que expuso que fue Natalia quien lo agredió el día que fue citada a recibir dinero para repatriar a su hijo. Otros funcionarios presentes ese día también declararon que fue ella quien ahorcó al cónsul, y de paso, golpeó a otra trabajadora.

Pero nada de eso salió en los videos difundidos. Lo único que se subió a redes sociales fue cuando Canales, alterado y enojado, le pidió a Natalia que se retirara de su oficina. A los días, Natalia apareció en matinales diciendo que fue torturada durante dos horas. Tras eso, la caída de Sebastián fue inmediata: lo sumariaron, lo amenazaron y lo trasladaron a Ecuador.

Y ahora, el 14 de noviembre, Sebastián arremetió una vez más. Esta vez, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.

—He sido víctima de malos tratos, humillaciones, golpes, intento de ser estrangulado, abandono institucional y trato discriminatorio desde agosto de 2024 —plantó en un documento que también ingresó a la Asociación Chilena de Seguridad.

Esta última denuncia es por Ley Karin. Canales esboza que no lo apoyaron ni psicológica ni jurídicamente desde la repartición de Gobierno. Pero también reveló otras anomalías al interior de la Cancillería. Por ejemplo, jornadas laborales extensas o rendición de cuentas consulares retrasadas; una precariedad persistente por años.

Sin ir más lejos, recientemente le llegó un cobro por USD $2956,56 por una visita a Sídney de la diputada Carmen Hertz durante 2023. El excesivo monto fue porque, para trasladarla, se prefirió transporte privado antes que el público. Y pese a que la visita fue hace dos años —y Canales ya no es cónsul de Sídney— la factura y las explicaciones le llegaron recién este 12 de noviembre.

Hoy, desde Quito, el cónsul afirma que esto no es “una cuestión de venganza ni represalias”. Es solo porque su proceso ha estado manchado. Ni siquiera los tribunales lo han escuchado. Su punto es que se cuenten las dos caras de la moneda y de paso, exponer el daño psicológico que ha sufrido estos dos años.

—Sin lugar a dudas que una dilación tan excesiva, como ha sido este sumario administrativo, me ha pasado la cuenta y muchas veces he tenido situaciones emocionales que atender y tratarme. Hay especialistas que me han podido apoyar en el proceso de rehacer mi vida de nuevo desde cero, y sobre todo, con una sensación de injusticia muy grande —expone Sebastián a BioBio Investiga.

Maltrato y acoso laboral

La denuncia de Sebastián Canales va así:

—Comparezco en mi calidad de funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores para interponer una denuncia formal por maltrato y acoso laboral, de conformidad de la Ley Karin, en contra de diversas autoridades y funcionarios del Ministerio.

El fundamento de su escrito se basó en conductas reiteradas de “maltrato, hostigamiento, abandono y vulneración de derechos laborales”. Lo que no solo perjudicó su desempeño laboral, también su salud física y mental.

La acusación va contra Gloria de la Fuente González y José Juan Hernández, subsecretaria y jefe de gabinete de Relaciones Exteriores respectivamente. A la lista se suma Luis Fernández Gómez, fiscal del sumario administrativo, y Marta Bonet, directora de la Dirección General de Asuntos Generales. Por último, arremete contra Natalia Pozo, quien divulgó el video y lo tildó de torturador.

Un artículo previo de Bio Bio Investiga expuso que Natalia grabó y difundió solo una parte de la discusión. Omitió, por ejemplo, que se subió a la espalda de Canales y lo ahorcó. O que le entregarían más ayuda monetaria de la que le tocaba recibir por la repatriación de su hijo.

Por lo mismo, hoy la denuncia por Ley Karin parte de esa base, desde la viralización del video. Una vez que esto ocurrió comenzaron a llegarle múltiples amenazas a sus redes sociales y correos institucionales. “Ojalá que destituyan a este cónsul que estaba como energúmeno” o “asqueroso de mierda, cónsul agresor”, fueron algunas.

“No se crean que porque están en una oficina y que visten bien o están detrás de una ventana, eso les da algún tipo de derecho a maltratar o menospreciar a los ciudadanos chilenos que incluso les pagan vuestro sueldos. No sean malagradecidos”, fue otro correo que llegó a la casilla del consulado.

Ante eso, y por seguridad, solicitó insistentemente audiencias con el jefe de gabinete de la Subsecretaría, Juan José Hernández. No solo no fueron acogidas, sino que nunca se las respondieron.

—Mediante mensajes oficiales informé oportunamente los hechos y la necesidad de ejercer mi legítimo derecho a defensa en el marco del sumario administrativo en mi contra. La falta de acceso a la autoridad impidió exponer la precariedad de las condiciones laborales y de seguridad del Consulado de Chile en Sídney —argumentó.

Precariedad arraigada

Estas malas condiciones que describe se reducen a que el personal trabajaba sin medidas de resguardo. Por ejemplo, el consulado solo tenía una cámara de seguridad, las puertas “estaban defectuosas y el mobiliario en mal estado”.

—Asimismo, las jornadas laborales se extendían de lunes a domingo desde las 8:30 hasta pasadas las 22:00 horas. Esto, ante la carga extraordinaria de trabajo derivada del aumento de solicitudes de visas, documentos notariales y reclamos comunitarios —agregó en el documento.

Pero según Canales, estos problemas venían desde la administración de Carlos Marín, el excónsul de Australia que debía ocho meses de atraso en la rendición de cuentas consulares. Así que sin un presupuesto óptimo, Canales afirmó que asumió varios gastos desde su bolsillo.

—Con recursos personales financié mejoras en el consulado, como la compra de material didáctico para la atención de familias. También limpieza, pintura y habilitación de espacios comunes ante la negativa de la Dirección de Infraestructura y Logística de proporcionar apoyo.

Ni siquiera después de la agresión se modificaron los protocolos. En conversación con BíoBío Investiga, Sebastián revela que, una vez que se subió el video, se mantuvo tres meses más en Australia. Durante todo ese periodo no tomaron ninguna medida de seguridad. Ni siquiera instalaron una cámara.

—Ni un protocolo de actuación frente a otro tipo de agresiones. Tampoco hubo una charla con el personal. En este caso mi equipo fue afectado a causa de este incidente. De hecho, una de de mis colegas también fue golpeada por la denunciante y frente a eso nunca se adoptó ninguna medida.

Devolución de transporte

Una de las situaciones más anómalas fue por una visita que hizo la diputada Carmen Hertz a Sídney en 2023. Su destino final era un foro en Filipinas. Australia era un extra de dos días debido a la escala del vuelo.

Según la denuncia, Canales insistió en que prefirieran el transporte público antes que el privado. Una de las razones fue porque además de ser más caro, existía mucha congestión vehicular. El cónsul envío correo con las cotizaciones para darle peso a sus argumentos. Los montos eran excesivos. Sin embargo, “dada la dignidad del cargo que fue señalado por Jaqueline Peillard (directora de Asuntos Internacionales de la Cámara) se solicitó elevar la categoría del tratamiento”. Canales no pudo oponerse y el transporte privado se concretó.

—Para ese gasto no existía partida presupuestaria, por lo tanto, yo tuve que solicitar justamente la autorización y además la instrucción de cómo poder efectuar ese gasto —cuenta a este medio.

Por eso este 12 de noviembre —dos años después de ese momento— le llegó un correo a Sebastián en el que le cuestionaban los USD $2956,59 dólares que se gastaron en esa estadía de dos días. No solo le pasaron la factura, también le pidieron explicaciones.

—El reparo viene porque no se había autorizado este gasto, a pesar de que a mí las instrucciones me las dieron por teléfono y también existe constancia de eso en diversos correos electrónicos y mensajes oficiales.

Eventualmente, Canales tendría que devolver dichos montos.

Consultada la diputada Hertz, aseguró no recodar “haber solicitado transporte de ningún tipo”.

“Yo estuve dos días en Sídney, en una escala a Filipinas, a una reunión del Foro APEC, al que fue invitada como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ignoro absolutamente de qué trata esa denuncia. Mi estadía fue sólo una escala técnica”, afirmó.

Sumario estancado

Tras el video, a Sebastián Canales le abrieron un sumario el 16 de septiembre de 2024. A la fecha no ha tenido ningún avance. Pese a esto, sigue abierto. De hecho, no han querido incorporar el informe de la policía de New South Wales, el que desestimó la denuncia interpuesta por Natalia al no existir rastro de agresiones físicas.

En los videos subidos se ve al cónsul exaltado y enojado. En un momento sube la voz y le repite a Natalia insistentemente que se retire de su oficina. Ella le responde alterada. Luego se cortan los registros. Todos van en esa misma línea. Esas son las únicas pruebas y la versión que entregó Natalia frente a los medio de comunicación.

Por lo mismo, los cuestionamientos de Canales van contra el fiscal encargado de este sumario, Fernando Salas, quien habría formulado preguntas “sugestivas y capciosas” durante el proceso.

—No se objeta la existencia del sumario administrativo en sí, sino la forma en la que se ha conducido. Al margen de los principios de objetividad, presunción de inocencia y debido proceso. Esta irregular tramitación ha vulnerado mi derecho a defensa y generado un trato discriminatorio —cuestiona.

El sumario actualmente se encuentra en etapa de investigación. En febrero de este año, Canales elevó una solicitud de sobreseimiento por falta de mérito de los antecedentes. La petición sigue en espera.

Además, apunta a que todo el proceso carece de imparcialidad porque la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuentes González, “mantenía contacto previo con Natalia Pozo”, la denunciante del video. Es más, hasta se seguían en Instagram.

—La denunciante además manifestó públicamente mantener comunicación directa con la subsecretaria a través de mensajes de WhatsApp, en los que le informaba de las gestiones consulares que realizaba.

Proceso administrativo

Cuando los videos se viralizaron y el cónsul comenzó a recibir amenazas, decidió hacer un video donde explicaba su versión de los hechos. Lo compartió con amigos, familiares y llegó a algunas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quería seguir y difundirlo por medios de comunicación, pero José Juan Hernández lo frenó, el jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores lo frenó.

—Quisiera compartirlo con medios esta mañana —le escribió Canales a Hernández.

—Eventualmente vamos a tener que contradecirte —le respondió.

Sebastián Canales hoy está en el consulado de Quito.

—Siempre me ha gustado lo que hago, pero vivir con una sensación de injusticia, de haber sido pasado a llevar y que las cosas quedan en impunidad, me parece que es una sensación muy difícil de sobrellevar. Y esa sensación claramente me ha pasado la cuenta.

Cancillería respondió a este medio que la denuncia fue recibida por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, iniciándose el proceso administrativo correspondiente.

—Actualmente, la denuncia está siendo revisada en cuanto a su admisibilidad, resguardando siempre la imparcialidad, probidad, transparencia e integridad del proceso. Si tras este análisis se determina la admisibilidad de la denuncia, se iniciará el proceso investigativo que corresponda —informaron.