Indagan supuesto "plan de ataque" de delincuentes extranjeros contra jueces y fiscales de Santiago

El Ministerio Público abrió una investigación para indagar una denuncia por un supuesto “plan de ataque” de delincuentes extranjeros contra un grupo de jueces y fiscales de la región Metropolitana.

De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, los hechos se remontan a fines de agosto recién pasado, durante una audiencia vinculada a una causa de crimen organizado. Fue entonces que uno de los imputados dijo haber tomado conocimiento —al interior de la cárcel— de un plan de miembros vinculados al Tren de Aragua. ¿El objetivo? Atentar contra la vida de persecutores y magistrados con asiento en el centro de Santiago.

Según fuentes de este medio, el encausado identificó con apodos a tres miembros venezolanos de la banda, con quienes compartía módulo en Santiago 1, los que estarían detrás de orquestar el eventual ataque mediante la contratación de sicarios.

Se trata de imputados en la ‘Operación Apocalipsis’ (conocida también como ‘Operación Caracas’) por el secuestro y homicidio de al menos tres personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en Curacaví.

Causa por amenazas

Pese a que las diligencias deberán establecer la veracidad de las amenazas, los hechos causaron preocupación en el Poder Judicial y Ministerio Público. En efecto, ante la gravedad de lo expuesto, el juez que presidía la audiencia comunicó formalmente los antecedentes a la fiscalía.

Conocedores de la materia sostienen que las pesquisas fueron encomendadas por el mandamás del organismo, Ángel Valencia, al fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. Este último corresponde al persecutor encargado de indagar todas las amenazas a autoridades de alta connotación pública del país. Esto, tras los ataques al consejero constitucional Republicano Héctor Urban y su padre.

Según averiguó BBCL Investiga, tanto jueces como persecutores públicos pusieron al tanto de lo sucedido a sus respectivas asociaciones gremiales, cuyos timoneles iniciaron conversaciones para mejorar las medidas de seguridad. Asimismo, los propios organismos adoptaron cuidados adicionales en pos de sus funcionarios.

Las identidades de los afectados e imputados se mantienen bajo absoluta reserva.