“Dispárale, weón dispara, mátala (sic)”
La investigación por el homicidio de Emilia Herrera Obrecht, ocurrido a mediados de febrero de 2021 en Panguipulli, ha estado rodeada de hermetismo y decisiones cuestionadas por la familia y cercanos de la víctima.
El contexto en el que la joven de 25 años recibió un fatal disparo en su cabeza ha sido sindicado como un “confuso incidente”. Eso, hasta ahora.
De acuerdo a información contenida en la acusación ingresada el 6 de junio recién pasado por la fiscalía, se apunta a una explícita intencionalidad en el disparo percutido por uno de los guardias de seguridad privado imputado por el crimen.
Con todo, son siete hombres los que permanecen bajo la lupa del Ministerio Público por lo sucedido en el Condominio Riñimapu, la noche del 16 de febrero del año pasado. Tres de ellos, imputados por homicidio.
Acuerdos para defender el recinto y la incautación de un arma distinta a la homicida, se suman al precedente de rencillas previas que marcan la causa liderada por el fiscal Alejandro Ríos Carrasco.
Disparos a distancia
En el escrito de 28 páginas, ingresado al Juzgado de Garantía de Panguipulli, la Fiscalía de San José de La Mariquina reconstruye paso paso -en base a testimonios y peritajes balísticos- lo ocurrido la noche del crimen.
El documento da cuenta de que a eso de las 22:00 horas del 16 de febrero de 2021, hubo una discusión entre los guardias del condominio y campistas del sector Playa del Lago Desagüe Riñihue.
En ese marco, Emilia, junto a cuatro integrantes del Lof Llazcawe, se habrían acercado a la entrada del recinto privado. Es aquí, en este momento, cuando según Fiscalía, Francisco Jara habría percutido los disparos. Es decir, a distancia.
“Estaban plenamente concertados para reprimir a cualquier persona que ingresara o pretendiera ingresar al condominio”, cita la acusación contra Jara, Carlos López y Cristian Cisternas. Todos guardias contratados por la administración de la propiedad.
A ello, suman el porte de armas de fuego, acompañado de una “actitud agresiva, amenazante y no conciliadora”.
Respecto al acercamiento del Lof, la investigación indica que el motivo habría sido “conversar” con los guardias y otras personas que se encontraban a las afueras del condominio.
“Dispara, mátala”
Fue una instrucción a viva voz la que precedió el disparo que dio muerte a “Bau”. Una arenga corta, pero decisiva.
“Dispárale, weón dispara, mátala (sic)”. De acuerdo a la indagatoria, esas fueron las palabras que sellaron el crimen. ¿El emisor? Carlos López. Hoy, el hombre se encuentra imputado por alentar a su compañero a percutir el revólver calibre 38 que portaba esa noche.
Según el persecutor, Jara presionó el gatillo tres a cuatro veces “con ánimo de matar”. El objetivo eran los miembros del Lof y la joven, quienes se aproximaban al perímetro del recinto. Según los peritajes, iban desarmados y “no tenían ninguna posibilidad de eludir” el ataque.
En cuestión de segundos, Emilia Herrera recibió un impacto balístico en el costado izquierdo de la región frontal de su cabeza. Fue tal, que se desplomó y motivó la ayuda inmediata de quienes la acompañaban.
El Servicio Médico Legal de Valdivia no deja dudas en la causa de muerte: herida craneoencefálica por proyectil.
Intento de fuga
La fiscalía sostiene que mientras auxiliaban a la víctima, los tres guardias huyeron al interior del condominio, específicamente a la casa en donde residían. Allí, cargaron sus bolsos sobre una camioneta blanca marca Mitsubishi.
En el vehículo conducido por Cristian Cisternas iban seis ocupantes, los que más tarde se convertirían en imputados en la causa. Se trata de Francisco Jara y Carlos López, ambos ya sindicados en el lugar del disparo, junto a Sergio Larenas, Jorge Rodríguez, Jorge Ruiz y Cristian Larenas.
Pese a su intención, el grupo no logró huir. Una fiscalización de Carabineros obstruyó su paso. En el control se constató que los sujetos portaban una escopeta calibre 12 con dos cartuchos en su interior, además de un banano color negro con otros 18 tiros.
Durante el registro de vestimentas, ya en la comisaría de Panguipulli, funcionarios encontraron un cartucho para escopeta calibre 12 sin percutar en las ropas de Jara.
Hasta 18 años de cárcel
En vista de los argumentos, el Ministerio Público solicita penas que van desde los cuatro años de cárcel a los 18, sanción que depende del delito imputado.
Francisco Jara y Carlos López arriesgan 18 años de presidio por ser sindicados como los autores del homicidio de Emilia Herrera. A causa de la investigación, el primero permanece en prisión preventiva en Concepción. El segundo, por una causa distinta a esta, cumple condena de 541 días de presidio en el mismo recinto.
Cristian Cisternas peligra la pena de 5 años de cárcel como encubridor del crimen, esto -argumenta el ente persecutor- debido a que habría “proporcionado la fuga de los culpables”.
Los tres hombres, junto a Sergio Larenas, Jorge Rodríguez, Jorge Ruiz y Cristian Larenas, arriesgan 4 años de cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.
La audiencia de preparación de juicio oral se fijó para el 5 de julio de 2022, a las 10:30 horas. En la instancia participarán 42 testigos, entre los que figuran la madre de la víctima, empleados del condominio Riñimapu y los contratistas de “Los Jardineros”, grupo al que pertenecían los guardias imputados.
A ello, se suman más de 15 peritos especializados en distintas materias y una serie de fotografías e informes del hecho.
Querella familiar apunta a presidio perpetuo
Por el homicidio, aparte de la investigación del Ministerio Público, existe una querella presentada por Denis Obrecht, madre de la víctima.
De acuerdo a información recabada por esta unidad de investigación, los abogados de Obrecht, Karina Riquelme y Pablo Ortega, concuerdan con los hechos narrados por fiscalía, pero solicitan penas mayores a las del ente persecutor.
En concreto, piden presidio perpetuo para Francisco Jara y Carlos López y 20 años de cárcel para Cristian Cisternas.
En tanto, para el trío y el resto de los imputados solicitan 5 años de cárcel por el porte ilegal de armas de fuego y tres por las municiones.
Defensa
La Unidad de Investigación de BioBioChile se comunicó con el abogado Raúl Bustos, defensor de los imputados Sergio Larenas, Jorge Rodríguez, Jorge Ruiz y Cristian Larenas.
Respecto a los delitos señalados, el penalista sostiene que desde el principio han manifestado que sus representados no pueden ser condenados por estos ilícitos porque “nunca tuvieron en su poder el arma que se les imputa (la escopeta)”.
Según explica, el arma encontrada en la fiscalización fue entregada originalmente por una persona del condominio “a uno de los acusados principales del homicidio”. Fue él -argumenta- quien dejó la escopeta en la camioneta, mientras que sus clientes permanecían en la cabaña en la que habitaban.
“Mis representados nunca estuvieron en el sitio del suceso”, enfatiza.
Sobre la fuga, indica que “se suben a esta camioneta huyendo, porque en ese momento se estaba provocando un atentado incendiario contra algunas casas de este condominio y en eso, cuando iban saliendo por la única salida del predio, son interceptados por carabineros, son detenidos, y efectivamente se encuentra esta arma en la parte de atrás de la camioneta”.
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“Está claramente determinada en la investigación a quién fue entregada esta arma y bajo qué condiciones. A ninguno de mis representados, que son 4, se les entregó arma alguna, ellos se subieron (al vehículo) no teniendo conocimiento de la situación y huyendo, como huía toda la gente”, argumenta.
En vista de estos antecedentes, Bustos adelanta que solicitarán la absolución de cargos para Sergio Larenas, Jorge Rodríguez, Jorge Ruiz y Cristian Larenas.
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“Tenemos todos los antecedentes para demostrar que no tienen participación en ninguno de los delitos”, finaliza.
De igual manera, este medio contactó a la abogada Karen Paola Fernández, representante de los imputados Francisco Jara, Carlos López y Cristian Cisternas. Sin embargo, la profesional declinó participar de este artículo a petición de sus clientes.