Tres son los ataques explosivos que mantienen en alerta al gobierno y el Ministerio Público y que levantan diversas hipótesis detrás de lo sucedido en Valparaíso, Ñuble y Bío Bío.
El primero de los hechos ocurrió la noche del jueves recién pasado a eso de las 21:00 horas en la ciudad puerto. Vecinos escucharon un estruendo que se sintió en varias comunas de la zona. Al día siguiente, la Fiscalía Local de Valparaíso confirmó que se trataba del estallido de un artefacto explosivo en el sector Placilla. El bombazo dañó una torre de alta tensión perteneciente a Chilquinta.
La noche del viernes la situación se repitió más de 400 kilómetros al sur, en el límite de las comunas de Cañete y Los Álamos, región del Bío Bío. Allí los residentes escucharon tres fuertes estruendos previo a quedar sin energía eléctrica. ¿El objetivo? Una torre de alta tensión de Frontel.
El último de los ataques ocurrió este martes en el sector Confluencia, comuna de Chillán. Esta vez el blanco fue diferente: desconocidos instalaron y detonaron explosivos en una vía férrea que es utilizada preferente por compañías forestales. El puente que atraviesa el Río Itata quedó fuera de operaciones.
¿Explosiones de prueba o intento por no ser descubiertos?
Precisamente las similitudes entre estos hechos levantan sospechas de un posible ataque coordinado. Dicha tesis cobró sentido luego de que en primera instancia se conociera de una supuesta adjudicación del Movimiento 18 de Octubre, la que habría perpetrado los ataques mediante las operaciones de tres de sus células. La información, sin embargo, más tarde fue refutada tajantemente por la propia organización a través de su cuenta de Twitter.
“Aclaramos que no existe ninguna relación entre nosotros y aquellos que se adjudican atentados con explosivos contra obras de infraestructura civil. Llamamos a la militancia y a los simpatizantes a estar atentos”, escribieron.
Pese a ello, fuentes conocedoras de la materia explican a BBCL Investiga que no es posible descartar la posibilidad de que los ataques hayan sido concretados por avanzadas territoriales de una misma organización hasta ahora no identificada.
Dada la lejanía de los blancos atacados con asentamientos urbanos concurridos, algunos de los consultados incluso sostienen que los hechos podrían corresponder a una prueba del tipo, cantidad y calidad de los explosivos. Otros, en tanto, lo atribuyen, simplemente, a un intento por evitar ser identificados a través de cámaras de seguridad emplazadas en sectores más poblados.
Ninguna de las dos teorías, en todo caso, han sido confirmadas ni descartadas por el Ministerio Público.
La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó obtener una versión del Movimiento 18 de Octubre, sin respuesta hasta el cierre de esta edición.
“Equipo de confianza”
Según antecedentes recabados por este medio, dos de las indagatorias (Valparaíso y Ñuble) ya están en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur. Repartición encargada -por disposición de la Fiscalía Nacional- de investigar delitos cometidos mediante el uso de explosivos.
El ataque en la provincia de Arauco se mantiene -por ahora- a cargo del fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos. En este último caso se está a la espera de confirmar o descartar un eventual vínculo con episodios de violencia rural antes de decidir donde recaerá la causa.
Sea como sea, la Fiscalía Metropolitana Sur ya dispuso que sea Claudio Orellana el encargado de despachar las primeras diligencias en ambos casos asignados. Se trata de un persecutor con dedicación exclusiva para ataques con artefactos explosivos, quien tuvo un rol preponderante, por ejemplo, en los casos Bombas I y II.
Quienes lo conocen de cerca destacan su experiencia en el campo y afirman que ya cuenta con un “equipo de confianza”. En efecto, son tres las unidades de Carabineros con las que el fiscal suele trabajar.
La primera corresponde al GOPE, encargada directamente de los peritajes de los explosivos y elementos asociados a la detonación. La segunda se trata del Laboratorio de Criminalística (Labocar), dedicada a tareas de levantamiento de evidencias que pudieran vincularse a los posibles autores y a la dinámica de los ataques. Y por último, el OS9: sirve como nexo directo con el Ministerio Público.
Explosiones preocupan en Palacio
Distribución de pesquisas aparte, los hechos preocupan en La Moneda. Tanto así que incluso motivaron a que el Presidente Gabriel Boric solicitara una reunión de todos los poderes del Estado en el corto plazo.
“Con motivo de estos explosivos que han sido detonados en los últimos días y la preocupación que eso genera, el Presidente nos ha instruido para que en los próximos días, o durante mañana o pasado, convoquemos una reunión a los poderes del Estado, el Parlamento con sus dos presidentes; la Corte Suprema; a las policías, Carabineros y la PDI; al fiscal nacional; y a las autoridades del Ejecutivo que tienen competencia en esta materia”, dijo este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Según explicó, en la instancia pretenden intercambiar antecedentes entre los distintos organismos y “acordar decisiones para profundizar y agilizar las investigaciones respecto a estos atentados”. “No los vamos a permitir en nuestro país y no estamos dispuestos a que se consideren normales o parte de nuestra vida cotidiana”, espetó.
El propio subsecretario del Interior concretó la tarde de este miércoles una reunión telemática con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para definir los primeros lineamientos.
Hasta ahora, nadie se ha adjudicado de manera certera las explosiones. Sus autores siguen siendo desconocidos.
Las explosiones (de nadie): los ataques que llevaron al gobierno a reunir a tres poderes del Estado
