Se trata de un hecho donde cerca de 700.000 peces se fugaron, luego que -de acuerdo a la empresa- se produjeran graves daños estructurales en el centro ubicado en Punta Redonda, en la Isla Huar de Calbuco, donde además, se plantea que la empresa no cumplió con la recaptura del 10%, como lo establece la Ley de Pesca y Acuicultura.
Tras un extenso proceso, la investigación del caso ha concluido, lo que genera expectación respeto a cuál serán las sanciones que se determinen para la compañía, teniendo en cuenta también un hecho similar ocurrido en la región a la empresa Blumar.
Cristóbal de la Maza, superintendente del Medio Ambiente, dijo que los resultados del proceso podrían conocerse prontamente.
Estefanía González, Coordinadora de Campañas de Greenpeace, dijo que la determinación debiese ser caducar la resolución de calificación ambiental de la empresa.
Desde la ONG añadieron que hechos como este, y los recientemente ocurridos en la zona, demuestran que falta regular la actividad, así como un estudio a largo plazo de las consecuencias para los ecosistemas marinos de los escapes de los salmones.
