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La formalización del exparlamentario Joaquín Lavín León reveló una compleja estructura de desvío de fondos públicos y uso de influencias que, según el Ministerio Público, se extendió por casi una década. Uno de los pilares fundamentales de la imputación descansó en la utilización de facturas ideológicamente falsas, emitidas de manera sistemática por la empresa Imprenta MMG.

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, este mecanismo operó entre los años 2015 y 2022, periodo en el cual Lavín León, actuando en concierto con su asesor de confianza, Arnaldo Domínguez, y el proveedor Juan Silva, obtuvo reembolsos improcedentes desde el presupuesto del Congreso Nacional.

Estructura de fraude al fisco

El esquema consistió en el encargo de trabajos de impresión que, en la práctica, estuvieron destinados a campañas proselitistas, tanto del propio exdiputado como de terceros.

No obstante, al momento de la facturación, se instruyó la modificación de las glosas para que los documentos figuraran bajo conceptos permitidos por la normativa parlamentaria, principalmente bajo el rótulo de “cuentas públicas”. De esta forma, las facturas fueron rendidas como gastos operacionales, pese a que no correspondieron a actividades propias de la función legislativa.

La Fiscalía detalló que estos documentos no reflejaron servicios reales o bien sirvieron para encubrir deudas previas asociadas a campañas electorales. Se detectaron casos donde la generación de facturas se realizó con el objetivo específico de “calzar” con los montos disponibles en las asignaciones parlamentarias, lo que evidenció un uso instrumental del sistema de rendición.

El perjuicio fiscal por esta vía fue estimado en más de $12 millones, considerando tanto facturas falsas como documentos adulterados y otros que habían sido previamente anulados, pero igualmente rendidos.

Además, se expuso que el imputado ingresó imágenes falsas al sistema del Congreso para respaldar los gastos, reforzando la tesis de una maniobra deliberada para eludir los controles.

Otro de los elementos centrales del caso fue el desarrollo y financiamiento de la plataforma digital “SocialTazk”, descrita por la Fiscalía como una herramienta orientada a la gestión de bases de datos electorales y al envío de mensajería masiva con fines políticos.

El proyecto se originó en 2017, cuando Lavín León buscó crear un sistema para recopilar y administrar información de votantes. Para ello, contrató al programador Felipe Vázquez, quien posteriormente constituyó la empresa Modo74 para desarrollar la plataforma.

El punto clave, según el Ministerio Público, fue que este desarrollo fue financiado casi en su totalidad con recursos del Congreso, tanto mediante contratos a honorarios como a través de la rendición de facturas por supuestos servicios asociados a la función parlamentaria.

Entre 2018 y 2026, se rindieron al menos 186 facturas por un monto cercano a los $91 millones, además de más de $17 millones en honorarios. Sin embargo, la plataforma no tuvo un uso institucional, sino que fue utilizada principalmente con fines electorales, incluyendo el envío de mensajes a votantes y el apoyo a campañas políticas.

La Fiscalía sostuvo que incluso los asesores parlamentarios recibieron instrucciones para trabajar en la validación de bases de datos y contacto con electores, destinando tiempo laboral financiado con recursos públicos a actividades ajenas a sus funciones. Sobre este punto se refirió la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien detalló que causaron “un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional por al meno $177.410.048“.

La investigación también abordó el uso indebido de personal contratado con cargo a asignaciones parlamentarias.

Según la Fiscalía, funcionarios del equipo de Lavín León fueron destinados a tareas vinculadas a campañas políticas y operación electoral, en lugar de labores legislativas. Esto incluyó la validación de bases de datos, contacto telefónico con votantes y apoyo logístico a candidatos del mismo sector político.

Estas actividades se intensificaron en períodos electorales, lo que reforzó la hipótesis de un uso sistemático de recursos públicos para fines proselitistas.

El Ministerio Público expuso que estas instrucciones fueron directas y formaron parte de una dinámica regular dentro del equipo del exdiputado, lo que para la Fiscalía configuró un desvío estructural de la función parlamentaria.

Tráfico de influencias en Maipú

Otro capítulo relevante de la formalización dijo relación con presuntos actos de tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, durante la gestión de la entonces alcaldesa Cathy Barriga.

Según el Ministerio Público, Lavín León utilizó su cercanía personal y política con la autoridad comunal para incidir en decisiones administrativas, incluyendo contrataciones, desvinculaciones y acceso a bases de datos de funcionarios y vecinos.

La Fiscalía sostuvo que existió un interés tanto político como económico en estas intervenciones, particularmente en la obtención de información útil para campañas y en la instalación de personas afines en cargos estratégicos dentro del municipio.

Si bien la audiencia se centró principalmente en la exposición del Ministerio Público, la defensa planteó que no existió dolo en las conductas atribuidas y que muchas de las operaciones cuestionadas correspondieron a prácticas habituales dentro del funcionamiento parlamentario.

También se sugirió que parte de los hechos pudieron responder a errores administrativos o criterios interpretativos respecto del uso de asignaciones, descartando la existencia de una estructura fraudulenta. El abogado defensor, Cristóbal Bonacic, sostuvo incluso que la investigación estaba debilitada.

También, durante la jornada se analizó la necesidad de cautela en este caso. El representante del municipio de Maipú, José Pedro Silva, señaló que solicitarán la prisión preventiva.

Por su parte, fue al finalizar la audiencia cuando se obtuvieron declaraciones del principal imputado, Joaquín Lavín León, quien sostuvo escuetamente que el Ministerio Público se esforzó en crear una causa en su contra.

Con el cierre de esta etapa, el tribunal debió ponderar los antecedentes de una red de influencia que, según la acusación, trascendió el Congreso y se extendió a otras instituciones públicas para consolidar un proyecto político personal con financiamiento estatal.