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Ha pasado más de una semana desde que la Contraloría General de la República dio a conocer un informe que reveló que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, y las repercusiones siguen escalando.

En medio de este contexto, la contralora Dorothy Pérez fue la protagonista de una sesión especial de la Sala del Senado, la que se extendió por más de dos horas.

En la instancia, la autoridad explicó las metodologías del informe; dio ejemplos sobre los casos que se habían alertado previo; reiteró las acciones que ejerció el ente contralor después de publicar el informe; y detalló respecto al Informe Consolidado de Información Circularizada n°10, sobre médicos que -con licencia en sus hospitales- atendieron partos en el mundo privado.

También, dijo que desde 2014 a la fecha han realizado 105 auditorías sobre recuperación de licencias médicas, lo que se traduce en la preocupación constante por el tema. El efecto masivo de esto se produce por el número de casos y -con el objetivo de seguir con la fiscalización- se tomarán decisiones.

En ese sentido, una de ellas es realizar este informe todos los años a modo de desincentivo, para que sepan que están observadas. Lo segundo es levantar información para cruzar datos en otras instituciones previsionales como Capredena y Dipreca. Tercero, llevar a cabo los cruces masivos sobre las realidades de doble empleador.

Por otra parte, Dorothy Pérez sostuvo que están buscando mecanismos para pesquisar los viajes dentro del país, lo cual genera dificultades.

En la misma línea, la contralora pidió a los poderes colegisladores que pudieran reforzar sus facultades en algunos puntos específicos, para investigar y fiscalizar sin tantas limitaciones o solicitar bases de datos sin todas las restricciones actuales.

Ejemplificó con que no pueden requerir las cartolas del banco de los servicios públicos, sino que deben pedir por favor si se puede revisar. Ahí, se les invoca de hecho el secreto bancario y señaló que eso no pasa en otras Contralorías del mundo.

También, Pérez pidió que la Contraloría pueda aplicar directamente las sanciones en los sumarios que realizan, porque han tenido casos que desmoralizan a la institución y la ciudadanía como sobreseimientos o censura. En ese punto, dio ejemplos de proyectos de ley que podrían beneficiar el trabajo del ente contralor: el de integridad municipal, el de transparencia 2.0, el de transferencia de recursos que se presentó post caso convenios, el de prevención de conflictos de intereses, entre otros.

Por último, anunció que se realizará una auditoría coordinada -con todas las unidades de control-, una auditoría interna del Estado de todas las instituciones de la administración de las que tienen tuición técnica o que están sujetas a la fiscalización de la Contraloría con el objetivo de pesquisar la falta de devolución de subsidios por incapacidad laboral (licencias).

Todas esas solicitudes fueron bien recibidas por los senadores, quienes le pidieron a la autoridad que enviara un oficio con el detalle de las solicitudes para canalizarlas, lo que Dorothy Perez accedió.

El senador Alfonso de Urresti (PS) señaló que si el Ejecutivo está tan preocupado por la situación, se debe abordar las solicitudes de la contralora y otros desafíos con una ley corta.

Algo similar planteó el senador Carlos Kuschel (RN), quien responsabilizó al Congreso de no haber hecho su labor a tiempo para evitar esta situación.

Balance de La Moneda: sumarios tras escándalo por licencias médicas

El Ministerio de Hacienda dio a conocer un balance sobre los sumarios que se instruyeron en el marco del informe de Contraloría por viajes al extranjero con licencia médica.

En ese sentido, se detalló que el 60% de los casos informados corresponde a municipios, el 36% a la administración central del Estado y el 4% a universidades, empresas públicas y gobiernos regionales.

Asimismo, el ministro de la cartera, Mario Marcel, señaló que en el gobierno central se dieron 12.503 casos, lo que equivale a cerca de 8 mil funcionarios -esto porque hay quienes presentaron más de una licencia-. El 90% de ellos ingresó al Estado antes de 2022 y el 10% lo hizo desde 2022 a la fecha.

Debido a esto, todos los ministerios iniciaron sumarios: en total son 131 instituciones y 6.592 funcionarios sumariados.

Pero, ¿por qué hay menos sumarios que casos? Porque 1.102 personas ya no están en el servicio (por renuncia o destitución) y hay 272 funcionarios que ya tenían un sumario en curso por esta causal u otra.

El secretario explicó estas cifras y dio a entender que todos los casos serán con sumario administrativo y no con investigación sumaria.

¿Cuál es la diferencia entre un sumario y una investigación sumaria?

Ante la interrogante, José Luis Lara, abogado, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica, sostuvo que la investigación sumaria “es un procedimiento más acotado, más breve, pero que tiene un gran incoveniente, no se puede optar como medida la destitución”.

Cabe mencionar, además, que con la destitución se genera la inhabilidad de ejercer cargos públicos por 5 años.

Sin embargo, ya hay una complejización con esto: hay mil 102 personas que no están en el servicio por renuncia o destitución. Es decir, si esos funcionarios presentaron la renuncia y esta se cursó, no se puede iniciar un sumario, por lo que ellos podrían volver al aparato público sin esta inhabilidad.

De todas maneras, si el jefe de servicio retuvo la denuncia, se puede efectuar el sumario y se podría establecer la cautelar de suspensión temporal mientras este se efectúa.

En caso de que no se hagan sumarios para los renunciados, la Contraloría podría hacer un juicio de cuentas con el objetivo de restituir los fondos al fisco. Esto corre por carril separado de las responsabilidades penales que está investigando el Ministerio Público.

En cuanto a las sanciones, hay distintas. Están las económicas, como la devolución de los montos de la licencia; otras administrativas, como la destitución del cargo; y las penales por comisión de delitos -las que corresponde al Ministerio Público.

Renuncias por licencias fraudulentas

Por otra parte, se conoció un nuevo antecedente, ya que la Superintendencia de Salud confirmó que la hermana de Manuel Monsalve, Carmen Monsalve Benavides -quien formaba tarde de la institución desde 2005 y era funcionaria de planta desde 2019- renunció voluntariamente al cargo de Alta Dirección Pública que ocupaba desde marzo de 2020, como Intendenta de Prestadores de Salud.

Además, la Superintendencia dijo que el 26 de mayo se inició un sumario para determinar responsabilidades administrativas de los diferentes funcionarios.

Pero ella renunció al cargo de ADP y sigue siendo funcionaria mientras su sumario está en curso.

Lo propio ocurrió con el gerente corporativo de personas de Metro, Patricio Baronti, quien viajó con licencia, y admitió que cometió un error, pero aseguró que no hubo mala fe en su actuar.

Además, mucho se ha dicho respecto del Congreso y el Poder Judicial, de por qué no están en el informe. Sin embargo, ambos organismos no están sujetos a la acción de la Contraloría por su independencia constitucional y debido a que el ente contralor tiene funciones de fiscalización sobre la administración pública, no sobre la actividad de los poderes legislativos y judicial.

Pese a ello, el Senado y la Cámara de Diputados anunciaron la apertura de investigaciones internas para detectar posibles irregularidades entre sus trabajadores, con sumarios y eventuales acciones legales.

Esto generó una disputa entre las Asociaciones de funcionarios. Por una parte, la Asociación de Funcionarios de Trabajadores Parlamentarios de Chile (Afutraparch) envió una carta dirigida al presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN), acusando cacería de brujas.

Criticaron la medida con los siguientes argumentos: no se conversó el tema con los sindicatos; la investigación excede las atribuciones legales y constitucionales del Congreso por solicitud de información personal; la PDI no está obligada a entregarle dichos antecedentes a la Corporación; hay diferentes modalidades de contrato entre parlamentarios y el personal interno; y que esto constituye una amenaza a la autonomía técnica y territorial”

Pero no hay unanimidad en la opinión, ya que desde la Asociación n°1 de Funcionarios Parlamentarios de la Cámara de Diputados (AFUNPAR) dijeron que la investigación informada es el camino correcto porque permite recomponer la fe pública, ya que no son privilegiados del resto de trabajadores, ni deben tener trato diferente.

Así lo mencionó el presidente de la asociación, Dimitri Morales.

En tanto, el presidente de la Cámara, el diputado José Miguel Castro, también abordó esta disputa, señalando que todo será rápido y con la mayor seriedad posible.

Por otro lado, yno de los casos relativos al poder Judicial se dio con el juez de garantía Eduardo Fritz, quien renunció a su cargo como presidente regional de la Asociación Nacional de magistradas y magistrados del Maule.

Lo anterior, luego de que se autodenunciara ante la asociación gremial y con el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca por un caso relativo a viaje con licencia médica.

Fritz, planteó que la licencia fue emitida correctamente, y dijo que decidió renunciar con el fin de despejar cualquier duda sobre la actividad gremial que desempeñó y no comprometer el prestigio de la asociación.

Así, hoy se realizará una sesión extraordinaria del Tribunal Pleno de la Corte de Talca (compuesta por 7 ministros) y se determinará cuál es el curso de acción respecto del magistrado.