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La unidad de investigación de Bio Bío reveló que se investigan tres convenios en la región relacionados con Procultura, uno de ellos por más de 170 millones de pesos para un diagnóstico sociocultural en Talcahuano y Coronel. Además, hay otro por 48 millones para un Diagnóstico Territorial y otro por 2.500 millones con el exgobernador Rodrigo Díaz. La Fiscalía indaga posible fraude al fisco y tráfico de influencias, con intervención de comunicaciones de 13 personas, incluida la actual seremi de vivienda y exdirectores del Serviu. Las declaraciones de Díaz sugieren una supuesta maquinaria.
Según la información revelada por la unidad de investigación de Bio Bío, son tres los convenios que están siendo investigados en la región que involucran a Procultura. Uno por más de 170 millones de pesos por realizar un diagnóstico sociocultural de campamentos en Talcahuano y Coronel.
Se suma otro por 48 millones de pesos por un Diagnóstico Territorial para la ejecución de proyectos de inversión y equipamiento comunitario y otro por 2 mil 500 millones de pesos con el Gobierno Regional del Bío Bío que lideraba en ese entonces Rodrigo Díaz, en el marco del convenio Competitividad de oferta turística creativa, por el que se alcanzaron a pagar mil 500.
A juicio del diputado de la DC, Eric Aedo, las declaraciones del exgobernador Rodrigo Díaz, que se conocieron por el caso Procultura, donde se refiere a conversaciones con Alberto Larraín, dan cuenta de una verdadera maquinaria.
Esta situación motivó que la Fiscalía investigara estos hechos por un posible fraude al fisco y tráfico de influencias, donde se intervinieron las comunicaciones telefónicas de 13 personas, entre ellas la actual seremi de vivienda, Claudia Toledo, el exgobernador Rodrigo Díaz, dos exdirectores del Serviu y varios funcionarios asesores de estos.
La diputada de la UDI, Flor Weisse, espera que todos estos hechos se aclaren y se investigue hasta las últimas consecuencias.
La solicitud de intervención de los teléfonos de las autoridades la realizó el fiscal adjunto de la unidad de análisis criminal y focos investigativos de la fiscalía regional de Coquimbo, Ricardo Soto, quien trabaja con el fiscal Patricio Cooper.
Consultado el gobernador regional del Bío Bío, Sergio Giacaman, dijo que no existe margen para caer en las prácticas que están siendo investigadas por la justicia.
Desde la seremi de vivienda en el Bío Bío, indicaron que la autoridad no sabía de la intervención de sus comunicaciones y reiteraron la total disposición con la justicia.
Si bien se están realizando estas investigaciones e incluso se hicieron incautaciones en su momento en la Seremi de Vivienda, por el momento esta arista del caso Convenios en el Bío Bío se desarrolla de manera desformalizada.