Filtraciones en la mira del oficialismo: molestia y preocupación tras pinchazo telefónico a Crispi

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Los antecedentes revelados sobre interceptaciones telefónicas gestionadas por el Ministerio Público mantienen las alertas encendidas en La Moneda.

De hecho, durante el fin de semana, la vocera (s) Aisén Etcheverry manifestó su preocupación, especialmente por el pinchazo al celular del exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Según se conoció, tras una nueva filtración, Crispi, en medio de una conversación que mantuvo con su mamá, Claudia Serrano, reveló supuestas presiones por parte de la exsenadora Isabel Allende, para que se concretara la venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja.

Todo lo anterior, en el marco de la investigación del caso ProCultura.

Sin embargo, la preocupación del Ejecutivo se agudizó luego de una publicación del medio ExAnte donde se revela que el fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, solicitó intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric. Lo anterior, debido a que en las grabaciones obtenidas del celular de Alberto Larraín, fundador de ProCultura y cercano al Mandatario, habría aparecido información relacionada al mandatario.

Finalmente, la solicitud habría sido rechazada, pero generó la molestia de altas autoridades del gobierno.

Frente a esta situación, la portavoz de Palacio apeló porque el fiscal Nacional, Ángel Valencia, aclare si en el marco de la indagatoria del caso ProCultura se solicitó intervenir el celular del Presidente Boric.

En la misma línea, aludió a temas de “seguridad nacional”, dado el uso que le da el jefe de Estado a su teléfono en materias de coordinación y diálogos con mandatarios de otros países, conversaciones en las que existe información sensible de por medio.

Lo cierto es que las suspicacias de La Moneda se dan en un momento convulso respecto a la filtración de datos provenientes de investigaciones reservadas.

Desconfianza del oficialismo ante filtraciones del Ministerio Público

Aun así, en sectores del oficialismo hay quienes plantean la siguiente preocupación: ¿Hasta dónde deben llegar las medidas intrusivas en investigaciones judiciales?

Esto por la polémica que significó la revelación de datos de la interceptación telefónica a Miguel Crispi, con su madre, la militante socialista Claudia Serrano. Lo anterior puso nuevamente el foco en la responsabilidad de Isabel Allende en la fallida compra-venta de la casa del expresidente Allende.

En ese sentido, personeros de la alianza de gobierno solicitaron a la Fiscalía aclarar el motivo de la escucha telefónica e, incluso, deslizaron un posible uso político en la filtración de estos datos.

Por ejemplo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coublé, en una entrevista con EmolTV, acusó directamente “intencionalidad política” de la fiscalía por la filtración.

Esto apuntando a un “modus operandi” sobre la base de que durante este gobierno, podemos ver una serie de ejemplos de estos casos.

En tanto, la idea de un móvil político detrás del uso de medidas intrusivas y filtración de datos de la investigación fue reforzada por la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, y su par del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

Al respecto, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, explicó que la semana pasada se entregaron copias de las carpetas a los intervinientes, y defendió la medida intrusiva de la cual fue objeto Crispi, indicando que la intervención estuvo autorizada por un tribunal.

Aun así, en el oficialismo hubo quienes no suscribieron a la tesis de una presunta intencionalidad política en las acciones de la fiscalía.

Así lo planteó el diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien, de todas formas, -en la línea del gobierno- expresó su preocupación en torno a la posible filtración de información sensible. Esto especialmente en casos como el de Miguel Crispi. Por lo mismo, apeló porque Fiscalía realice una investigación de oficio para encontrar a los responsables.

En la contraparte, hubo quienes insistieron en apuntar al gobierno respecto a la decisión política que impulsó la fallida compra-venta del inmueble, como el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramirez; y la diputada e integrante de la comisión especial investigadora, Paula Labra (RN).

Antes de todo esto, se dio a conocer que el fiscal Cooper solicitó medidas intrusivas para allanar La Moneda, el Ministerio de Defensa y el Congreso, basándose en la interceptación de la que fue objeto Crispi. Aun así, el tribunal negó la solicitud por falta de pruebas suficientes.

Lo anterior representa portazos a las solicitudes del fiscal a cargo de las indagatorias, algo que, según especialistas consultados por La Radio, es mantener la integridad del sistema judicial. Esto, bajo el parámetro de que el uso de este tipo de medidas en investigaciones penales deben garantizar una correcta cadena de custodia y -por ende- la reserva, que finalmente se vulneró tras cumplirse el plazo de secreto.

¿Por el portazo a solicitud de Cooper?

La exfiscal y académica de la Universidad Finis Terrae, Marta Herrera, planteó que el rechazo a las medidas solicitadas por Cooper se explicarían en que el juez consideró que no estaban configurados los elementos del delito de tráfico de influencias necesario para justificarlas.

Por su parte, el académico de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, explicó que este tipo de medidas poseen un principio de proporcionalidad, de manera que su aplicación sea adecuada al fin que se persigue.

De esta manera, continúa esta trama, donde se encuentra en el centro de la polémica el exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, salpicando al Presidente Gabriel Boric.

Además, bajo este marco, la abogada defensora de Allende, Paula Vial, en entrevista con La Tercera, indicó que “por una pataleta de Crispi para defender su inoperancia se enloda el nombre de Isabel y toda la familia Allende”-

En tanto, lo que transmiten en la defensa de la exsenadora es que, si bien ella estuvo al tanto del avance de la iniciativa, no tomó una labor activa en el proceso que derivó en su destitución del cargo.