La ofensiva del oficialismo contra Cooper y Valencia tras filtración de chats entre Cariola y Hassler

Las presiones y cuestionamientos constantes hacia el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, por sus decisiones y actuaciones en el caso Sierra Bella, así como en la causa relacionada con el presunto tráfico de influencias que involucra a la diputada Karol Cariola, tuvieron repercusiones.

Una de las principales críticas apuntaban a la revelación de hechos que apuntan a que los antecedentes reservados del caso, como el informe n° 487 de la Policía de Investigaciones (PDI), llegaron a más manos de las que debían. Por lo anterior, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, tomó la decisión de apartar a Cooper de la arista filtraciones.

De acuerdo con el artículo n° 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Valencia reasignó la investigación a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien asumirá el caso para indagar los posibles delitos que se puedan haber cometido a través de las filtraciones, siendo este un intento de dar una señal de transparencia desde Fiscalía, según informaron fuentes de La Radio.

De esta manera, Perivancich se encargará de la investigación sobre la violación de secreto, sin descartar que otros hechos puedan surgir a medida que avance la pesquisa. Además, podrá contar con el apoyo de fiscales adjuntos si lo considera necesario.

Cabe destacar que esta decisión fue tomada justo después de que Cooper se reuniera con la defensa de Cariola para coordinar la forma en que se investigaría el celular de la diputada, con el objetivo de proteger aquellos elementos sean de interés criminalístico para la investigación.

La máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal Valencia,

El propio fiscal Nacional, Ángel Valencia, que “cuando se produce la publicación en un medio de circulación nacional de un conjunto de mensajes que forman parte de una investigación reservada, el fiscal regional de Coquimbo abre de oficio una investigación. Esa es una iniciativa de él. Pero, el día lunes, a sabiendas de esta situación, dispuse que ella sea llevada adelante por otra fiscal”.

“Es una decisión que tomamos con bastante frecuencia cuando ocurren hechos de esta naturaleza”, agregó.

La medida fue bien recibida por los involucrados en la causa, ya que resultaba cuestionable que la Fiscalía de Coquimbo se investigara a sí misma por las filtraciones, especialmente cuando solo un número reducido de personas podría haber tenido acceso completo y sin censura al polémico informe de la PDI.

El abogado defensor de Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, celebró la acción, señalando que “son decisiones privativas del señor fiscal Nacional, conforme a determinados criterios de la ley orgánica. A nosotros nos cabe trabajar con esa decisión y atender, una vez más, a lo que hemos dicho, que este tipo de procesos complejos se van ajustando a diario, según el avance de las diligencias y las decisiones que se vayan adoptando”.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que “son decisiones autónomas del Ministerio Público”.

También, añadió que “aquello que se denomina coloquialmente como filtraciones, nuestra legislación lo establece como un delito, que es el de violación de secreto. Se tiene que investigar con mucha rigurosidad y las medidas que está tomando el Ministerio Público en esta materia, nos parece que son adecuadas”.

Ofensiva del oficialismo

Sin embargo, la controversia no se apagó con la salida de Cooper del caso de las filtraciones. Por el contrario, la situación ha seguido escalando y ha llegado hasta la oficina del fiscal Nacional.

Un grupo de diputados oficialistas ha comenzado a recolectar firmas para solicitar la remoción de Ángel Valencia ante la Corte Suprema.

En ese sentido, el artículo n°89 de la Constitución Política de Chile establece que la Corte Suprema puede destituir al Fiscal Nacional o a los fiscales regionales por motivos de incapacidad, mal comportamiento o negligencia en el desempeño de sus funciones.

Para iniciar este proceso, se requiere que el Presidente de la República o diez diputados presenten la solicitud de remoción, la cual será discutida por el Pleno de la Corte Suprema. Si la mayoría de los jueces se pronuncia a favor, el fiscal Nacional podría ser destituido.

La diputada Consuelo Veloso (IND-FA) encabezó la recolección de firmas, argumentando que “me explico cómo es que, habiendo tanto ímpetu desde estos espacios políticos para buscar responsabilidades, no se han buscado las responsabilidades de un fiscal nacional (…) Porque tenemos información, y eso es de conocimiento público, que existieron reuniones con el exministro Andrés Chadwick y, también, con el abogado Luis Hermosilla”.

“Me parece legítimo que intentemos una acción real de remoción respecto del verdadero responsable de la falta de imparcialidad hoy día de las actuaciones del Ministerio Público”, siguió.

A la propuesta de la parlamentaria se unió el también diputado Andrés Giordano (FA), quien señaló que “el problema central de esto es que, o la justicia es para todos, o simplemente no es justicia”.

“Creemos, en ese sentido, que es una obligación nuestra buscar las firmas, porque evidentemente ha habido un descontrol al interior de la Fiscalía, que parece tener un sesgo político bastante claro”, agregó.

Por otro lado, Radio Bío Bío accedió al oficio emanado por la Fiscalía Regional de Coquimbo en respuesta a la Municipalidad de Santiago, haciendo entrega de los antecedentes que estaban en reserva en la investigación del caso Sierra Bella, hecho que no había sido informado.

Además, el municipio encabezado por Mario Desbordes (RN) solicitará, en su calidad de querellante contra Irací Hassler y Karol Cariola por el delito de tráfico de influencias, participar en la próxima reunión de coordinación sobre la extracción de material del celular de la diputada. Así lo confirmó el asesor legal del municipio, Sergio Contreras, según informó La Tercera.