¿Fueron abiertos? Habrían entregado dos sobres con testigos protegidos tras orden de juez en Arica

visitas

Durante los últimos día ha causado revuelo la decisión del juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó revelar la identidad de testigos protegidos en la causa “Los Gallegos”. El caso es contra el brazo operativo del Tren de Aragua en la ciudad del norte, a quienes se les investiga por extorsión, homicidio, tráfico de personas, entre otros delitos.

Frente a la decisión que tomó el juez antes mencionado, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de protección presentado por la Fiscalía, por lo tanto se suspendió la entrega de identidades, entre las cuales se encuentran la de los agentes encubiertos de la policía. Asimismo, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio contra Héctor Barraza.

Pese a ello, se habrían entregado dos sobres que contienen nombres de algunos testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, servicio encargado de la defensa de la organización criminal. En consecuencia de aquello, los funcionarios policiales que están en la lista de 56 personas, que debían tener protección por parte del Estado, fueron reubicados, es decir, tuvieron que cambiar su residencia.

Revisa todos los detalles en la nota completa.

    visitas

Durante los últimos día ha causado revuelo la decisión del juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó revelar la identidad de testigos protegidos en la causa “Los Gallegos”. El caso es contra el brazo operativo del Tren de Aragua en la ciudad del norte, a quienes se les investiga por extorsión, homicidio, tráfico de personas, entre otros delitos.

Frente a la decisión que tomó el juez antes mencionado, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de protección presentado por la Fiscalía, por lo tanto se suspendió la entrega de identidades, entre las cuales se encuentran la de los agentes encubiertos de la policía. Asimismo, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio contra Héctor Barraza.

Pese a ello, se habrían entregado dos sobres que contienen nombres de algunos testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, servicio encargado de la defensa de la organización criminal. En consecuencia de aquello, los funcionarios policiales que están en la lista de 56 personas, que debían tener protección por parte del Estado, fueron reubicados, es decir, tuvieron que cambiar su residencia.

Revisa todos los detalles en la nota completa.