La empresa Andes Iron acusó intervención política en los argumentos del Comité de ministros que rechazó la calificación ambiental del Proyecto minero Dominga; una decisión que reclamará ante el Tribunal Ambiental.
El gran empresariado lamentó que no haya primado el criterio técnico, aunque el Gobierno acusó falta de información respecto de los posibles impactos de la iniciativa minera, sobre los ecosistemas de la zona.
Se podría decir que la calificación ambiental del Proyecto minero Dominga tuvo una respuesta contundente, ayer en el Comité de ministros, pero lo cierto es que el capítulo todavía no está cerrado.
La decisión de rechazar la calificación ayer fue unánime, contundente dicen agrupaciones ambientales, donde se acogieron 12 de las 26 reclamaciones en cuestión, para una respuesta desfavorable.
¿En qué se fijó el comité? En particular, acusaron de falta de información respecto al área de influencia del proyecto, sus posibles impactos sobre el medio marino, sus especies, el impacto de la planta desaladora y el material particulado remanente de la extracción del hierro a rajo abierto.
Esto hace imposible, dice el comité, establecer medidas de mitigación, compensación y reparación que sean adecuadas, lo que gana especial preocupación considerando el sector donde pretende instalarse.
El pingüino de Humboldt o la población de cetáceos fueron objeto de particular preocupación, según detalló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas quien dijo que este punto ha sido cuestionado desde 2013.
Lo cierto es que, si bien esta decisión fue celebrada por agrupaciones ambientalistas, las comunidades que también llegaron a este lugar se mostraron decepcionadas. El Gobierno dijo que ya está trabajando en un plan de desarrollo para la zona de La Higuera, por un plazo de 8 años, pero Andrea Flores, de la Cooperativa por el Progreso de la comuna, lamentó que se deje de lado el aporte económico del proyecto.
Por otra parte, la empresa a cargo de la iniciativa, Andes Iron, criticó duramente esta resolución y ya anunció que reclamará ante el Tribunal Ambiental, acusando que esta decisión se basa en intervención política.
Sin embargo, la abogada de la ONG Fima, Antonia Berríos destacó que la decisión del comité es bastante contundente respecto del fondo de lo que se reclama, y están confiados en que la vía judicial no prospere.
Lo cierto es que esta no es la única arista, y un elemento que podría también poner en tela de juicio esta decisión, es la posible inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Hay un recurso de protección que ya está presentado, acusando que la ministra no llegó hasta esta instancia con la imparcialidad y objetividad que exige la ley, lo cual según Marcelo Castillo, abogado representante de los pescadores de La Higuera, quien dice que esto puede poner en duda este fallo del comité de ministros.