El Gobierno presentó 13 querellas y prepara otras 14, invocando la Ley de Seguridad del Estado, en contra de los camioneros que han bloqueado rutas en distintas zonas del país.
El Ejecutivo calificó como “desproporcionadas” las exigencias del gremio, y desde el gran empresariado acusaron un serio riesgo de desabastecimiento y problemas logísticos, por lo que llamaron a La Moneda a utilizar “la fuerza pública para desbloquear las carreteras”.
Los efectos de la movilización de la Confederación de Transportistas “Fuerza del Norte” ya comienzan a notarse en el país.
La tarde de ayer, el gran empresariado emitió un comunicado donde alertó de un serio riesgo en el suministro de combustible y otros insumos críticos en diversas faenas mineras del Norte Grande.
La Sociedad Nacional de Agricultura informó que ya se está registrando pérdida de frutas, hortalizas y otros productos, afirmando que serán los camioneros los responsables “de que perdamos el total de la producción”.
Fedefruta estimó en 25 mil las toneladas de cerezas que van para China que se han visto comprometidas; y el gremio de alimentos y bebidas indicó que se está “afectando principalmente el normal abastecimiento de los hogares y los consumidores en Chile”.
Por su parte, Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile, detalló que han experimentando dificultades logísticas que están impactando en la zona norte, incluyendo Valparaíso y San Antonio.
Estos hechos, sumado a la denuncia de usuarios sobre bloqueos de las vías, cobros de peajes e intimidación, terminó por convencer al Gobierno de recurrir a otros instrumentos legales.
El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, explicó que se presentaron 13 querellas y se preparan otras 14, invocando la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables de alterar el normal tránsito en el país.
Los dirigentes de la “Fuerza del Norte” aseguraron que tenían contemplada para hoy una reunión con el Palacio de La Moneda, pero ésta no será efectiva, según señaló Monsalve.
Marcelino Pérez, dirigente de los camioneros movilizados en Paine, cuestionó la acción del Gobierno.
La organización transportista, entre otros puntos, exige mayor seguridad y detener el aumento del precio de los combustibles en un 30% de forma inmediata y mantenerlo por 6 meses.
El último punto fue calificado como “desproporcionado” por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien estimó en 2.500 millones de dólares la ejecución en caso de aceptarlo y de 4.500 millones de dólares en caso de que el tipo de cambio aumente un 10%.
El Ejecutivo insistió en impulsar la cita que se concretó en el Ministerio de Hacienda, donde se acordó con los grandes transportistas mantener la reducción del impuesto específico en 2023, la presentación de un proyecto de ley para crear un mecanismo que estabilizará el precio del diésel por un plazo de 90 días y la instalación de nuevas zonas de seguridad.