La ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó que cada rama de las Fuerzas Armadas deberá realizar sumarios administrativos, para aclarar el contenido de los correos electrónicos filtrados en el ciberataque al Estado Mayor Conjunto.
En uno de esos mensajes, el vicealmirante Ramiro Navajas respaldó a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad y señaló que cumplieron cabalmente su labor, lo que fue reprochado por La Moneda.
La ministra Maya Fernández expuso en las comisiones de Inteligencia y Defensa del Congreso Nacional, en tres sesiones secretas, las acciones del Gobierno por el ciberataque al Estado Mayor Conjunto, que filtró cientos de miles de correos electrónicos y documentos reservados.
La secretaria de Estado reportó las decisiones de la última semana: El sumario administrativo en curso por el hackeo, oficios al Consejo de Defensa del Estado y la Justicia Militar, además de la designación del general de la Brigada de Inteligencia del Ejército, Mario Grez, como fiscal interno del caso.
Tal como ha insistido el Ejecutivo, la ministra Maya Fernández dijo que se enteró el día 20 de septiembre de lo ocurrido, en medio de su presencia en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, junto al presidente Gabriel Boric.
Además, Fernández confirmó que también se instruyeron sumarios para aclarar los contenidos de los correos filtrados.
En lo legislativo, la Comisión de Defensa del Senado acordó votar esta jornada en general, la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información.
Las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Segpres, Ana Lya Uriarte, aseguraron que hace tiempo que se vienen trabajando las indicaciones a los proyectos de inteligencia, pero que estos hechos obligan a revisar ese proceso con sentido de urgencia.
El senador RN, Kenneth Pugh, es de la idea de que el proyecto debe ser modificado y se debe apuntar a la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, idea que es compartida transversalmente en el Congreso.
Pugh, quien también es vicealmirante de la Armada desde 2012, afirmó que el daño de las relaciones entre el Estado y las fuerzas permanentes también es parte del ataque.
Chile está en el medio del desierto y a luz apagada. Esa es la impresión del senador socialista de la comisión, Gastón Saavedra, quien afirmó que hay que asumir que en ciberseguridad queda un largo camino para proteger al Estado.
La lesión de las relaciones entre las fuerzas militares y la autoridad política ha sido comentario obligado en el Congreso por estos días.
Para Saavedra es clave comprender que las Fuerzas Armadas no se deben a ningún gobierno de ningún color en particular, más que al Estado de Chile.
El senador socialista pidió investigar al vicealmirante de la Armada, quinta antigüedad de la institución y miembro de la Corte Marcial, Ramiro Navajas Santini, uno de los primeros salpicados con el ciberataque.
Apoyo a Camaradas Navales Presos es el nombre del correo electrónico enviado por Navajas el 27 de agosto del año pasado a una cuarentena de altos mandos de la institución, pidiendo una donación de 18 mil pesos para comprar cajas de víveres para nueve ex marinos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Llama a la dictadura Gobierno Militar, dice que están condenados por presuntos hechos de violaciones a los derechos humanos y reafirma su compromiso irrestricto con -según dijo- aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber.
El presidente de Revolución Democrática, senador Juan Ignacio Latorre, sostuvo que esta filtración puede volver a abrir heridas en la relación cívico-militar.
El senador UDI, Iván Moreira, dijo a Canal 13 que los marinos recibían ordenes y ellos las cumplían y que el foco debe estar en la vulnerabilidad de la defensa como país, además de que si una persona quiere ayudar a un compañero de trabajo, son decisiones personales.
La diputada de la comisión de Defensa, Camila Flores, de RN, dijo que Navajas tiene derecho a tener una opinión de un fallo judicial.
En La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo, aseguró que “nunca jamás violar los Derechos Humanos va a ser un deber” y que esto “no es solo una convicción del Gobierno, sino que es un principio universal que tiene que ser respetado en la palabra y las acciones”.
La autoridad puntualizó, eso sí, que “corresponde seguir recabando antecedentes y eso va a estar a cargo del Ministerio de Defensa, para ver qué acciones tomar”.