La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, ofició al Ministerio Secretaría General de la Presidencia consultando por la tardanza en el ingreso de proyectos de migración y seguridad.
La solicitud reabrió el debate por uno de los principales desafíos de las nuevas ministras Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, que es el re-lanzamiento de una agenda legislativa que tiene pendiente urgencias, proyectos y hasta promulgaciones de iniciativas que ya fueron aprobadas.
La llegada al Congreso Nacional de Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, nuevas ministras del Interior y Segpres, fue con aplausos y abrazos, pero traen a cuestas el desafío político de revertir un escenario adverso para el gobierno, tras la complicadas gestiones de Giorgio Jackson e Izkia Siches.
El lunes cinco de septiembre, a solo horas del aplastante triunfo del rechazo, circuló una minuta que demostraba en cifras que pese a todo, se lograron ciertos objetivos: En el tiempo de Jackson, se promulgaron 40 leyes, se ingresaron 27 proyectos y se avanzó en la transformación digital de la administración pública del Estado.
Pese a esto, en el centro del llamado segundo tiempo del ejecutivo -que fue precipitado por el plebiscito de salida- se acumulan críticas por la agenda legislativa.
Promulgar el proyecto que aumenta las penas para el robo de madera; la postergación de la reforma previsional; la tardanza de los proyectos de control de armas, y además, el repetitivo anuncio de que llegarán iniciativas que agilizan la expulsión de migrantes.
La Comisión de Gobierno Interior de la cámara baja, acordó oficiar a la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, por la tardanza en el ingreso de estas iniciativas, y además, pedirán presencia permanente de este ministerio en las sesiones de esta comisión.
Su presidenta, la diputada independiente-PPD, Marta González, dijo que hay puntos de falencia en la legislación, aunque también dijo estar optimista de la gestión de Uriarte.
Mucho más duros son en la oposición. El diputado UDI de la región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, dice que ha chocado contra una pared en tratar de ser constructivo, y sentencia que hay una falta de actividad legislativa en materia de migraciones.
Una de las primeras conversaciones que sostuvo la nueva ministra Ana Lya Uriarte, fue con su colega del PS y Presidente de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva.
El mismo parlamentario reconoció a La Radio a fines de julio que había preocupación por la lentitud en el ingreso de indicaciones y urgencias, y algunas de esas iniciativas siguen pendientes, como es el caso de control de armas, y de las indicaciones al proyecto que moderniza el sistema de inteligencia, que llegaría en octubre.
Leiva confía en que tanto Interior como Segpres harán su prioridad agilizar la agenda de seguridad.
Hace un par de meses se conformó la llamada ‘bancada transversal de la macrozona norte’, y debutaron presionando para que se decretara Estado de Excepción en algunas zonas.
En esa bancada, la diputada socialista de Tarapacá, Danisa Astudillo aparece como una de las más oficialistas, pero su defensa del gobierno encontró su límite.
La diputada dice que está esperando hace semanas el ingreso de los proyectos que agilizan la expulsión de migrantes condenados por delitos de la ley de drogas, porque ya tiene preparadas propuestas de indicaciones.
Pero para Astudillo es más amplio que esto: La parlamentaria oficialista llegó a asegurar que en el norte hay ausencia de Estado.
Los entendidos en el parlamento aseguran que una solución de fondo es mejorar el sistema nacional de extradiciones, pero en el intertanto, se necesitan medidas para descongestionar las cárceles, y la diputada incluso plantea incluir otros delitos menores además de los relaciones a leyes de drogas.
La preocupación es que al expulsar a aquellos condenados de países limítrofes, no se cuente con las capacidades para evitar que reingresen inmediatamente.
Es por esto que ante el reconocimiento de que las iniciativas de ley no están llegando, es que se espera que parlamentarios del norte, vuelvan a arremeter con la solicitud de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.