Como un show triste con fines electorales, calificó el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dos querellas presentadas contra el Gobierno, que fueron admitidas a trámite, por supuesta malversación de caudales públicos en la impresión de textos constitucionales.
El secretario de Estado aseguró, además, que está tranquilo luego del pronunciamiento de Contraloría, que constató una “falta a la debida prescindencia de cara al plebiscito del 4 de septiembre”.
Jackson sostuvo que siempre consideraron a todos los sectores, en la canalización de propuestas para modificar la eventual Nueva Constitución.
Si ayer, o la semana pasada, el tema era el intervencionismo electoral, y pronunciamientos de Contraloría, hoy el Gobierno enfrenta un escenario distinto: la arena judicial.
Se trata de dos querellas que fueron admitidas a trámite. La primera es del abogado RN Marcelo Brunet, y la segunda, del diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval.
En concreto, la acción es presentada por supuesta malversación de caudales públicos. ¿Qué es lo que se acusa? La impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución con fondos que superan los $400 millones.
En la querella se indica que se puede “utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Cuando se contrató la referida impresión, la Convención Constitucional ya no existía, toda vez que con fecha 04 de julio de 2022 había sido declarada disuelta, por ende no es un gasto para su funcionamiento”.
En la acción judicial se señala que lo anterior “no se encuentra autorizado por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022?.
El ministro Giorgio Jackson acusó un show político, con claros fines electorales.
Los dichos de Jackson no cayeron bien en la oposición. El jefe de la bancada Evópoli Francisco Undurraga criticó al titular Segpres, mientras que el denunciante, diputado Juan Irarrázaval, insistió en los argumentos de la querella.
En todo caso, Jackson descartó ilegalidad. Además, se recordó un comunicado que fue emitido a fines de julio, en donde se hace la defensa por el mismo punto.
Aquí se puede leer que la instrucción de imprimir y distribuir copias de la propuesta de Nueva Constitución en virtud del presupuesto disponible fue impartida antes de la disolución del órgano constituyente.
La Moneda señaló que la contratación se realizó mediante la modalidad de trato directo justificado, ya que no existe un convenio vigente que permita aplicar el mecanismo de Grandes Compras.
Como sea, la investigación debe seguir su curso. Mientras tanto, ayer también fue tema el pronunciamiento de Contraloría, que el viernes estableció que Jackson no se ajustó a la debida prescindencia.
La presidenta del PS Paulina Vodanovic dijo que el ente contralor actuó de manera sesgada, lo que fue cuestionado por el diputado independiente Andrés Juannet.
Ayer, el ministro Jackson intentó dar ciertas señales a la oposición. De hecho, hoy se reunirá con parlamentarios de la DC.
La senadora de la falange Ximena Rincón, en la previa a la cita, llamó al Gobierno a no hacer campaña, deslizando que existe la posibilidad de una acusación constitucional.
El presidente del PL Patricio Morales defendió el rol del ministro.
La ministra Camila Vallejo ratificó sus dichos.