Proyecto de infraestructura crítica volverá a sesionar: La mayoría apoya iniciativa de la derecha

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La comisión mixta que revisa el proyecto de infraestructura crítica volverá a sesionar y la mayoría de sus integrantes están por tramitar el proyecto presentado por la derecha, hace tres años.

El Ejecutivo señaló que discutir una reforma constitucional para el despliegue militar puede ser un esfuerzo perdido, ya que el ordenamiento jurídico podría cambiar si se aprueba una nueva Carta Fundamental.

El trato y la conversación entre el gobierno y la comisión mixta de infraestructura crítica fue con altura de miras, expresando diferencias y comunicando un mensaje claro: La mayoría de sus integrantes están por avanzar en este proyecto.

En privado la posición del Ejecutivo causó molestia. No el comienzo, porque ya esperaban que la ministra del Interior, Izkia Siches, conectada telemáticamente desde La Moneda, confirmara que el Estado Intermedio fue oficialmente descartado por el gobierno.

Fue lo otro, lo que planteó casi al final del debate el ministro de la SEGPRES, Giorgio Jackson, al señalar que los parlamentarios debían intentar legislar para dos escenarios: El antes y el después del plebiscito de salida.

El argumento del secretario de Estado es que avanzar en una reforma constitucional, cuando la actual Carta Magna puede tener sus días contados, podría ser un esfuerzo perdido del Congreso Nacional.

Jackson aclaró que no busca intervenir en la autonomía del poder legislativo, pero dijo que los tiempos de trabajo no dan y que debería pensarse más bien en el escenario post 4 de septiembre.

Resultó fácil apuntar, de parte de uno de los integrantes de la mixta, que el propio gobierno se puso en esta situación. Fueron ellos, en conjunto con las diversas bancadas del Congreso, quienes acordaron reactivar el debate de la mixta de Infraestructura Crítica, porque iba a ser el caparazón del llamado Estado Intermedio, idea que duró solo una semana.

Este proyecto fue presentado por los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena hace tres años, y tuvo el apoyo del gobierno de Sebastián Piñera.

Establece que ante información de inteligencia que apunte al ataque, ocupación o bloqueo de una infraestructura crítica -que podría ser por ejemplo, una central de energía eléctrica- el Presidente de la República pueda enviar a las fuerzas armadas a impedir esa situación.

El jefe de bancada de la DC en la Cámara Baja e integrante de la Comisión Mixta, Erick Aedo, dijo que éste es un proyecto importante, y que lo van a tratar de impulsar.

La Comisión Mixta tiene una conformación algo inusual para la correlación de fuerzas actual del Congreso. Entre sus miembros puede haber cohesión en este tema, pero cuando el proyecto tenga que ser ratificado en Sala, se encontrarán con otra realidad.

Esto porque el diputado Jorge Brito es el único de 10 representantes que forma parte de Apruebo Dignidad, y también fue el único en plantear que el proyecto no era el camino para salir de la crisis en La Araucanía.

Su colega de partido, el senador Juan Ignacio Latorre, pidió al Congreso esperar a ver el resultado del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, y llamó a que los parlamentarios no se traten de adelantar al ejecutivo.

En la derecha respaldaron desde el comienzo la idea de retomar la Comisión Mixta, y junto a la DC han coordinado el diálogo para que en dos semanas más el comité vuelva a sesionar y busque los caminos para que ambas cámaras respalden la propuesta.

Luz Ebersperger, Senadora UDI por la región de Tarapacá, dijo que hay que mirar este proyecto con óptica nacional, excediendo el conflicto de la llamada Macrozona Sur.

Por ser reforma constitucional, eventualmente va a necesitar un quórum y la matemática está estrecha, o derechamente no juega a favor.

Pero, hay algunas señales. El senador del Partido Socialista, Alfonso De Urresti, había votado en contra esta propuesta el 2020, y ahora dijo estar disponible a tener este debate, abriendo de paso la incógnita de la posición final que tendrá el Partido Socialista en la materia.

Así las cosas, mientras ya entra en efecto el despliegue militar en dos regiones del sur del país, el gobierno debe lidiar nuevamente -como pasa con la inexpropiabilidad de los fondos- con el efecto colateral de una estrategia legislativa que en este caso, decidió dejar de lado a mitad de camino.

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La comisión mixta que revisa el proyecto de infraestructura crítica volverá a sesionar y la mayoría de sus integrantes están por tramitar el proyecto presentado por la derecha, hace tres años.

El Ejecutivo señaló que discutir una reforma constitucional para el despliegue militar puede ser un esfuerzo perdido, ya que el ordenamiento jurídico podría cambiar si se aprueba una nueva Carta Fundamental.

El trato y la conversación entre el gobierno y la comisión mixta de infraestructura crítica fue con altura de miras, expresando diferencias y comunicando un mensaje claro: La mayoría de sus integrantes están por avanzar en este proyecto.

En privado la posición del Ejecutivo causó molestia. No el comienzo, porque ya esperaban que la ministra del Interior, Izkia Siches, conectada telemáticamente desde La Moneda, confirmara que el Estado Intermedio fue oficialmente descartado por el gobierno.

Fue lo otro, lo que planteó casi al final del debate el ministro de la SEGPRES, Giorgio Jackson, al señalar que los parlamentarios debían intentar legislar para dos escenarios: El antes y el después del plebiscito de salida.

El argumento del secretario de Estado es que avanzar en una reforma constitucional, cuando la actual Carta Magna puede tener sus días contados, podría ser un esfuerzo perdido del Congreso Nacional.

Jackson aclaró que no busca intervenir en la autonomía del poder legislativo, pero dijo que los tiempos de trabajo no dan y que debería pensarse más bien en el escenario post 4 de septiembre.

Resultó fácil apuntar, de parte de uno de los integrantes de la mixta, que el propio gobierno se puso en esta situación. Fueron ellos, en conjunto con las diversas bancadas del Congreso, quienes acordaron reactivar el debate de la mixta de Infraestructura Crítica, porque iba a ser el caparazón del llamado Estado Intermedio, idea que duró solo una semana.

Este proyecto fue presentado por los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena hace tres años, y tuvo el apoyo del gobierno de Sebastián Piñera.

Establece que ante información de inteligencia que apunte al ataque, ocupación o bloqueo de una infraestructura crítica -que podría ser por ejemplo, una central de energía eléctrica- el Presidente de la República pueda enviar a las fuerzas armadas a impedir esa situación.

El jefe de bancada de la DC en la Cámara Baja e integrante de la Comisión Mixta, Erick Aedo, dijo que éste es un proyecto importante, y que lo van a tratar de impulsar.

La Comisión Mixta tiene una conformación algo inusual para la correlación de fuerzas actual del Congreso. Entre sus miembros puede haber cohesión en este tema, pero cuando el proyecto tenga que ser ratificado en Sala, se encontrarán con otra realidad.

Esto porque el diputado Jorge Brito es el único de 10 representantes que forma parte de Apruebo Dignidad, y también fue el único en plantear que el proyecto no era el camino para salir de la crisis en La Araucanía.

Su colega de partido, el senador Juan Ignacio Latorre, pidió al Congreso esperar a ver el resultado del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, y llamó a que los parlamentarios no se traten de adelantar al ejecutivo.

En la derecha respaldaron desde el comienzo la idea de retomar la Comisión Mixta, y junto a la DC han coordinado el diálogo para que en dos semanas más el comité vuelva a sesionar y busque los caminos para que ambas cámaras respalden la propuesta.

Luz Ebersperger, Senadora UDI por la región de Tarapacá, dijo que hay que mirar este proyecto con óptica nacional, excediendo el conflicto de la llamada Macrozona Sur.

Por ser reforma constitucional, eventualmente va a necesitar un quórum y la matemática está estrecha, o derechamente no juega a favor.

Pero, hay algunas señales. El senador del Partido Socialista, Alfonso De Urresti, había votado en contra esta propuesta el 2020, y ahora dijo estar disponible a tener este debate, abriendo de paso la incógnita de la posición final que tendrá el Partido Socialista en la materia.

Así las cosas, mientras ya entra en efecto el despliegue militar en dos regiones del sur del país, el gobierno debe lidiar nuevamente -como pasa con la inexpropiabilidad de los fondos- con el efecto colateral de una estrategia legislativa que en este caso, decidió dejar de lado a mitad de camino.

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