Tercer intento de Reforma al Sistema de pensiones enfocado en el Pilar Solidario

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Quedan dudas, pero se va despejando parte del contenido de este anuncio presidencial de llevar adelante un tercer intento de reforma al sistema de pensiones, enfocado especialmente en el Pilar Solidario.

De hecho, se pretende reemplazar este componente por una sola herramienta: la Pensión Garantizada Universal, un piso mínimo de 185 mil pesos para todas las personas que cumplan dos requisitos: tener más de 65 años y estar dentro del 90% de menores ingresos.

Esto se va a medir con el RSH, y es el único requisito, aproximadamente 625 mil pesos per cápita: no discrimina entre jubilados, activos, cesantes, formales o rentas vitalicias.

La reforma tiene un costo de 3.200 millones de dólares al año, un punto del PIB que se va a financiar con dos fuentes: recursos que ya estaban asignados a las reformas fallidas, y exenciones tributarias.

Pero acá no está todo dicho todavía, y se tienen que detallar, según lo explicó hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Esto va a tener dos vías de discusión en el Congreso, una por el Senado, en lo que tiene que ver con el sistema previsional; y otro en la Cámara, en lo que tiene que ver con financiamiento, que está por definir.

En la oposición no hay mayores críticas a las líneas gruesas, dicen que hay que conocer los detalles, pero sí hay un cuestionamiento al contexto en que se presenta, según dicen Ricardo Lagos del PPD y Carlos Montes, del Partido Socialista.

Esto no es menor, ya que la Pensión Básica Universal está en los programas de José Antonio Kast y Gabriel Boric, aunque con matices.

En ambos casos es una reforma más cuantiosa, 4 mil millones en el caso del programa de Kast y un piso mínimo de 250 mil pesos en el caso de Boric.

Esto fue respaldado por la Asociación de AFP, donde la presidenta del gremio, Alejandra Cox destaca sobre todo el cambio de dirección que toma la política, y el cambio en la herramienta, que permite incentivar la cotización formal.

En la Ley Corta se habían puesto sobre la mesa cinco exenciones tributarias a eliminar: las ganancias de capital, donde se puso una tasa del 5%, y el crédito especial a la construcción, como las principales, donde ya hubo algunas críticas y va a haber que profundizar.

Del medio punto que se pretende recaudar, con las exenciones planteadas solo se llega a 35 décimas, faltan 15.

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Quedan dudas, pero se va despejando parte del contenido de este anuncio presidencial de llevar adelante un tercer intento de reforma al sistema de pensiones, enfocado especialmente en el Pilar Solidario.

De hecho, se pretende reemplazar este componente por una sola herramienta: la Pensión Garantizada Universal, un piso mínimo de 185 mil pesos para todas las personas que cumplan dos requisitos: tener más de 65 años y estar dentro del 90% de menores ingresos.

Esto se va a medir con el RSH, y es el único requisito, aproximadamente 625 mil pesos per cápita: no discrimina entre jubilados, activos, cesantes, formales o rentas vitalicias.

La reforma tiene un costo de 3.200 millones de dólares al año, un punto del PIB que se va a financiar con dos fuentes: recursos que ya estaban asignados a las reformas fallidas, y exenciones tributarias.

Pero acá no está todo dicho todavía, y se tienen que detallar, según lo explicó hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Esto va a tener dos vías de discusión en el Congreso, una por el Senado, en lo que tiene que ver con el sistema previsional; y otro en la Cámara, en lo que tiene que ver con financiamiento, que está por definir.

En la oposición no hay mayores críticas a las líneas gruesas, dicen que hay que conocer los detalles, pero sí hay un cuestionamiento al contexto en que se presenta, según dicen Ricardo Lagos del PPD y Carlos Montes, del Partido Socialista.

Esto no es menor, ya que la Pensión Básica Universal está en los programas de José Antonio Kast y Gabriel Boric, aunque con matices.

En ambos casos es una reforma más cuantiosa, 4 mil millones en el caso del programa de Kast y un piso mínimo de 250 mil pesos en el caso de Boric.

Esto fue respaldado por la Asociación de AFP, donde la presidenta del gremio, Alejandra Cox destaca sobre todo el cambio de dirección que toma la política, y el cambio en la herramienta, que permite incentivar la cotización formal.

En la Ley Corta se habían puesto sobre la mesa cinco exenciones tributarias a eliminar: las ganancias de capital, donde se puso una tasa del 5%, y el crédito especial a la construcción, como las principales, donde ya hubo algunas críticas y va a haber que profundizar.

Del medio punto que se pretende recaudar, con las exenciones planteadas solo se llega a 35 décimas, faltan 15.