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Un reportaje reveló que diputados gastaron más de $1.500 millones de pesos en el pago de sus asesores, con remuneraciones que superan los cuatro millones. Entre los parlamentarios que registraron los mayores uso de recursos destacan Maite Orsini, Cristian Araya, Francesca Muñoz, Daniela Serrano, Viviana Delgado y Jaime Naranjo.
En Podría Ser Peor conversamos con el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, quien se refirió al reportaje, precisando que se trata del total de recursos utilizados por diputados y diputadas para la contratación de sus equipos.
En ese contexto, sostuvo que resulta “incomprensible para la gente” que un número importante de parlamentarios tenga trece o más asesores y sueldos que superan los cuatro millones de pesos.
Aedo afirmó que, en varios casos, ese nivel de gasto “francamente no se justifica” y debe estar directamente asociado a la producción legislativa de cada parlamentario.
“No se trata porque te dan quince, dieciocho o veinte millones de pesos que tú ocupes todos esos recursos simplemente llenando números”, señaló.
Agregó que debe existir consistencia entre la cantidad de personas contratadas y el aporte real en leyes, mociones y trabajo parlamentario.
El diputado recordó que existen alternativas al aumento de personal, como el apoyo de la Biblioteca del Congreso y el uso de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de documentos.
Sin embargo, indicó que ciertos trabajos complejos sí requieren asesorías especializadas.
Como la persecución del crimen organizado y la tramitación de la ley contra el robo de madera, donde, a su juicio, es clave contar con “equipos de asesores reales” para demostrar la existencia de estructuras delictuales.
El mal uso de fondos son un delito
Finalmente, Aedo advirtió que si los contratos de asesoría se utilizan para desviar recursos públicos, se configura un delito.
“Si hay gente que contrata personas para defraudar, eso tiene que investigarlo la fiscalía”, afirmó.
Y recalcó que se trata de recursos fiscales y que cualquier uso indebido debe ser denunciado, incluso de forma reservada, ante las autoridades correspondientes.
