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El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, abordó la evolución del crimen organizado en Chile y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia. Sobre todo, considerando que el Gobierno ingresó al Congreso una reforma constitucional en seguridad, por lo que habrá una discusión que podría ser clave para los próximos años.

El persecutor con más de 25 años de experiencia en el Ministerio Público, en conversación con el Expreso Bío Bío, valoró positivamente el proyecto ingresado por la administración de José Antonio Kast.

“Siempre que haya intentos por mejorar la seguridad, la prevención y persecución penal, van a ser buenas noticias para el Ministerio Público, y también para el país”, dijo.

En ese sentido, Barros destacó que el ritmo de las modificaciones legales ha mejorado notablemente en los últimos años, en comparación con los anteriores. De hecho, ejemplificó con sus primeros años en la Fiscalía, cuando le tocó perseguir a las primeras cuatro asociaciones criminales del país “con normas que estaban destinadas a los cuatreros, donde no existían ni los teléfonos ni nada por el estilo”.

Además, enfatizó en que la delincuencia también ha ido evolucionando, superando con creces la capacidad de adaptación del sistema judicial. En esa línea, explicó que la “Operación Tokio” comenzó como una investigación simple de extorsiones y terminó destapando empresas que movían $75 mil millones en criptoactivos por todo el país.

“Para eso tú requieres tener condiciones investigativas distintas, recursos, programas informáticos que son distintos, tener analistas que tienen una mirada patrimonial”, explicó.

Los desafíos del sistema judicial frente al crimen organizado

Al ser consultado sobre si hay presencia de cárteles en Chile como el de Sinaloa, Barros aseguró que hay drogas que llegan desde algunas organizaciones criminales, principalmente de Centroamérica, pero que eso no significa que operen en el país, sino que hay chilenos o extranjeros que con los que tienen contactos y los abastecen con la logística.

De todas maneras, señaló que “hay muchas organizaciones criminales que han aprovechado los vacíos o los espacios que el sistema ha ido dejando, y que nosotros tampoco nos dábamos cuenta que existían, y los han ido ocupando”.

Asimismo, el fiscal ejemplificó con el Tren de Aragua, revelando que desde 2020 advirtieron sobre la entrada de criminalidad transnacional al territorio chileno, pero que hubo resistencias a informarlo por temor a que dijeran que se estaba “contra la inmigración”. Por lo mismo, en ese entonces, decían que la inmigración “llega con todas sus virtudes, pero también con su cultura delictual”.

En ese sentido, el persecutor sostuvo que “no nos puede volver a pasar que reaccionemos tarde o años después de que una organización criminal se instale en el país”. De hecho, apuntó a que en estos momentos se debería estar encima de las organizaciones criminales en tiempo real, apenas todas las alarmas salten. Hay que investigarlas de inmediato y no esperar.

Por otra parte, una de las propuestas de la reforma que ingresó el Gobierno es entregar al Presidente la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

En ese contexto, Barros aseguró que el Ministerio Público tiene el listado de las organizaciones que operan en Chile. Sin embargo, entiende que se busca que el ente persecutor no tenga que probar la existencia de la organización y que esta se dé por acreditada. “Eso facilita mucho más lo que son la prolongación excesiva de juicios, la rendición excesiva de pruebas, que hay que acreditar primero en un tribunal que existe una organización, que tiene distintos roles, que tiene distintas jerarquías y después empezar a probar a cada uno de los imputados qué participación tiene en particular respecto a la misma”, agregó.

Con lo anterior, aparece otro desafío, que es cuando las organizaciones criminales mutan desde una estructura centralizada hacia un modelo de células, o cuando hay células que tributan bajo la franquicia de la organización principal, como ocurre con el Tren de Aragua.

“Es como que cortamos una cabeza acá, aparece otra allá, la volvemos a cortar y así sucesivamente”, graficó.

De todas formas, el fiscal Metropolitano Sur planteó que hay que esperar a conocer la técnica legislativa que se utilice en la legislación.