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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, enfrentará una prueba clave para su agenda contra el crimen organizado: presentar ante parlamentarios la propuesta de reforma constitucional que prepara el Gobierno y que, hasta ahora, no ha logrado despejar los principales reparos que surgieron, incluso, entre los partidos que respaldan al Ejecutivo.

El proyecto tuvo una firma simbólica el lunes 10 de agosto en La Moneda, en una ceremonia donde estuvo presente la mesa del Senado. Sin embargo, el mensaje presidencial todavía no ha ingresado formalmente al Congreso. Por eso, el texto que se ha conocido corresponde a la propuesta que el Ejecutivo ha venido socializando y sobre la cual todavía existen diferencias.

Gobierno busca modificar la Constitución

La iniciativa modificaría entre 10 y 12 artículos de la actual Constitución. Es decir, no pretende reemplazar la Carta Magna, ni iniciar un nuevo proceso constitucional, sino introducir reformas específicas que sirvan como soporte para una agenda contra el crimen organizado compuesta por cerca de 35 proyectos de ley.

Entre las medidas que se han conocido aparece la creación de un quinto estado de excepción constitucional para intervenir zonas específicas afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado. También se plantea un Registro de Organizaciones Criminales y Terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados para integrantes de estas estructuras, modificaciones al rol de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa durante determinados operativos.

Y justamente la profundidad de algunas de estas medidas comenzó a generar diferencias en la UDI. Su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, aseguró en una entrevista con El Mercurio que, en las condiciones actuales, el partido no puede respaldar las reformas constitucionales en seguridad porque, a su juicio, dañan la institucionalidad.

Además, voces de la colectividad señalaron a La Radio que gran parte de sus integrantes mantiene reparos y que ha sido difícil alcanzar un consenso dentro de la bancada. Pese a eso, la intención de la UDI sería “rayarle la cancha” al Ejecutivo antes del ingreso formal del proyecto.

Y esas diferencias quedaron reflejadas entre sus propios diputados. El diputado Daniel Lilayú cerró la puerta a respaldar la propuesta, argumentando que la Constitución está por sobre cualquier gobierno, mientras su par, Constanza Hube, se mostró disponible para discutir modificaciones constitucionales acotadas y bien planteadas.

Pero los reparos no quedaron únicamente en la UDI. El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que algunas de las propuestas incorporan restricciones a derechos fundamentales. Así, planteó que el Gobierno debe justificar tanto la pertinencia como la necesidad real de llevar estas materias a la Constitución.

A ese escenario se sumó el Partido de la Gente. Su secretario general, Franco Parisi, recordó que después de los procesos constitucionales fallidos se había instalado un entendimiento de no volver a tocar la Carta Magna durante ocho años, y calificó como “un error” la decisión del Presidente José Antonio Kast de avanzar por esta vía.

Y la posición del PDG no es menor, ya que durante los últimos meses sus votos han resultado claves para que el Gobierno consiga mayorías en el Congreso, como ocurrió durante la tramitación de la megarreforma. Por lo mismo, un rechazo de la colectividad podría complicar desde el comienzo los números que necesita La Moneda para aprobar estos cambios.

También existen reparos en Renovación Nacional, donde la diputada Ximena Ossandón advirtió que sería delicado modificar la Constitución si estas reformas responden a decisiones adoptadas previamente por el Tribunal Constitucional y enfatizó que las instituciones deben ser respetadas.

Mientras tanto, desde la oposición también surgieron críticas a la forma en que comenzó a desplegarse la agenda. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que el Gobierno partió con tropiezos en esta materia y cuestionó que la respuesta escogida sea reformar la Constitución.

De esta manera, el problema para Arrau aparece incluso antes de que el proyecto comience formalmente su tramitación, porque, para aprobar una reforma constitucional, el Ejecutivo necesita un quórum de cuatro séptimos, es decir, 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.

Y ahí estará precisamente la prueba política de esta semana. Antes de conseguir los votos de la oposición, el Gobierno tendrá que ordenar posiciones dentro de los sectores que lo respaldan, despejar los reparos de la UDI y RN y, además, intentar recuperar al PDG.

Todo esto mientras busca convencer al Congreso de una cuestión que todavía genera dudas: cuáles de las herramientas de su agenda contra el crimen organizado necesitan realmente rango constitucional y cuáles podrían avanzar simplemente mediante modificaciones legales.