Ética y transparencia de BioBioChile
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El excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, abordó los resultados del tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, impulsado por el Gobierno actual, que reveló más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones sin rendición. Mendoza insta al Gobierno a denunciar ante Contraloría y realizar auditorías internas para posibles acciones judiciales. Destaca que no todas las fundaciones son problemáticas y critica la generalización sobre estas entidades. Además, lamenta el impacto negativo en fundaciones dedicadas a causas nobles, como combatir la drogadicción.
El excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, abordó los resultados del tercer informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal -que fue impulsado por el actual Gobierno-, donde se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición.
En conversación con el Expreso Bío Bío, Mendoza sostuvo que “el Gobierno en esto no tiene más camino que denunciar a la Contraloría y exigir que se hagan auditorías internas y, en su caso, se puedan hacer materialmente denuncias ante los tribunales, si hay la sombra o el asomo de que estamos ante figuras delictivas”.
Fundaciones bajo sospecha
El excontralor también planteó que no se puede poner a todas las fundaciones en el mismo saco. “Hay fundaciones que son estrictamente potentes, necesarias, son colaboración pública obligada”, dijo.
De todas maneras, tiene la sensación de que hubo un aprovechamiento de carácter ilícito en un grupo de estas fundaciones.
“Todas estas fundaciones con intenciones de hacer fraude, o sin intenciones de hacer fraude, son sectores privados, y esta es una materialidad de colaboración público-privada, buena o mala”, manifestó Mendoza.
Por lo mismo, el excontralor apuntó a que la etiqueta que se puesto sobre las fundaciones ha liquidado a aquellas que se crearon para combatir la drogadicción, para generar redes de apoyo para gente que está en Código Azul, entre otras.
“Todas las entidades (están) bajo este manto de sospecha, y eso es particularmente injusto”, señaló.
Por último, Mendoza planteó que hay una complejidad no necesariamente en la transferencia de recursos, sino también en la transferencia de conocimientos respecto a cómo se deben rendir.