En Expreso Bío Bío, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, ahondó sobre el bochornoso caso de la liberación del sicario del “Rey de Meiggs”, el cual se encuentra fuera del país, en Perú.
El fiscal acusa una negligencia grave del Estado en la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández.
“Acá el que falla es el Estado en su conjunto. Se supone que las distintas instituciones tenemos que estar dispuestas a un mismo fin y aquí, claramente, por el resultado, tuvimos una falla que nos compromete a todos”, adelantó.
Carrera manifestó que, por el paso que salió el sicario, una frontera que colinda con Perú y Bolivia, es “vital un control férreo, por lo que “no se puede soltar esta frontera en particular”.
Fiscalización de las fronteras
“Hoy hay control”, comenzó detallando el fiscal. Agregando que con la presencia militar existe un control en las fronteras; sin embargo, debido a la extensión de ella, hace difícil esta labor.
“La extensión de la frontera y la calidad geográfica es muy difícil; que ese control sea un 100% permeable”, dijo.
Carrera explica que si Estados Unidos, ni con sus muros en la frontera de México, puede controlar la cantidad de personas diarias que traspasan al país, en este caso Chile “no puede aspirar a un cierre perfecto”.
“Lo que sí tenemos que lograr con tecnología y presencia del ejército es que eso sea muy difícil para esos sujetos”, dijo.
En lo que se refiere a este supuesto control que habría tenido el sicario por parte del ejército, el fiscal no lo descarta, ya que si no arrojó alerta de detención pendiente, “cómo podría haber sido el caso”, se podría haber dado esta situación de dejarlo pasar.
“Aquí tenemos un problema de Estado, porque tenemos a un funcionario del Ejército fiscalizando, pero no teníamos una alerta inmediata. Quizá hay que agregar un control que incorpore a la gente de Gendarmería”, analizó.
El fiscal analizó y manifestó que lo ocurrido con el sicario demuestra que “hay un problema en la comunicación entre dos instituciones”, por lo que habría que generar protocolos que incluyan chequeos dobles.
Carrera detalla que tras una reunión encontraron una brecha, y es que cuando se expulsa a alguien del país, los distintos estamentos “no están conversando”.
Por ejemplo, “a veces no se le pregunta al Ministerio Público cuando hace una expulsión”. Entonces, lo que puede ocurrir es que esa persona que se está expulsando esté siendo investigada de manera reservada por el Ministerio Público, todavía sin gestarse la orden de detención. Puede ser que sea un testigo clave en una causa o una víctima que tengamos que necesitar en un eventual juicio”.
Entonces, agrego que ellos no se pueden enterar de esta situación luego que la persona sea expulsada del país.
Importancia del control de identificación
En cuanto a la relevancia del control de identificación de las personas que ingresan y salen del país, el fiscal dijo que las huellas son más relevantes que los nombres que den las personas.
“Lo relevante son las huellas y, en particular, en la región de Arica y Parinacota, el criterio Valencia se sigue cumpliendo al pie de la letra”, dijo.
Asimismo, explicó que en la región ocurre algo que en otros lados no se replica, y es que en todos los controles de detención asiste un funcionario del Registro Civil.
“Independiente del número de sujetos detenidos, habiendo un extranjero, va un oficial del Registro Civil y él toma las huellas e inmediatamente nos señala si hay algún match con alguna otra persona con otro nombre que haya ingresado al sistema”, explicó.
Para el fiscal es relevante el empadronamiento de las personas, ya que se está hablando de “personas que son verdaderos fantasmas”.
“Desde hace un tiempo, con fondos que obtuvo PDI del gobierno regional, se generó un sistema donde, en el momento del control de alguien que venga ingresando o que sea detectado en un operativo, se deja registro de su voz, de su huella y de su rostro. Se ingresa en una base de datos y es bien útil después”, comentó.
Revisa todos los detalles en la entrevista completa.