Fuga y ruta de escape de sicario devela fallas en sistemas penitenciario, judicial y fronteras

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La fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido inicialmente como Osmar Ferrer y señalado como el sicario que habría dado muerte al “Rey de Meiggs”, en Ñuñoa, el pasado 19 de junio, ha confirmado los temores sobre la seguridad del sistema penitenciario y también de las fronteras.

Y es que apenas 48 horas después de su liberación por orden judicial desde el penal Santiago 1, Mejía logró abandonar el país.

La ruta de escape del sicario

Tras su liberación, Alberto Carlos Mejía Hernández tomó una micro desde las cercanías del penal hacia Estación Central, un punto neurálgico de transporte en Santiago.

Allí, sin levantar sospechas, solicitó a través de una aplicación móvil un viaje privado, por el que pagó cerca de $2.500.000 en efectivo, una suma que evidencia la intención y los recursos invertidos en la fuga.

De esta manera, comenzó un largo recorrido, que duró más de 20 horas y que lo llevó, primero, hacia el norte del país. Su destino inicial fue Iquique, ciudad clave en la frontera norte, donde aprovechó la conexión para avanzar hacia Arica, la última ciudad chilena antes de la frontera con Perú.

Pero, fue justamente en Arica donde optó por una ruta irregular: tomó un taxi a las afueras del terminal de buses y llegó hasta la frontera con Perú, donde atravesó por un paso no habilitado, en las inmediaciones de Chacalluta, una zona que se ha convertido en una frontera porosa y de difícil control, según varios expertos en crimen organizado.

De hecho, los más conocedores de esta zona comentan que para cruzar por este lugar se debe pagar entre $150 y $500 mil, y que hay taxis clandestinos que esperan cerca del aeropuerto para llevar a quienes transitan por esta vía informal, tal cual como habría ocurrido en este caso.

Por otra parte, aunque es irregular, esta ruta es considerada segura por quienes buscan evadir los controles oficiales, ya que permite llegar directamente a Tacna, ciudad peruana cercana, desde donde es posible desplazarse hacia diversos destinos con menor riesgo de ser detectado.

Cabe mencionar que Alberto Carlos Mejía Hernández estaría vinculado al Tren de Aragua, una organización trasnacional que tiene en Perú uno de sus brazos más poderosos. Asimismo, también tienen células en nuestro país, como Los Gallegos, en el norte.

Por lo anterior, expertos coinciden en que fácilmente que su salida estuvo maquinada con más personas.

Fallas en el sistema al decubierto

Frente a este escenario, desde la academia, Pablo Carvacho, director del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, señaló que la fuga podría estar vinculada con redes criminales organizadas.

Por otro lado, esta fuga reveló fallas graves en el sistema penitenciario y judicial, lo que motivó al Congreso a citar de emergencia a las principales autoridades del área penal.

El director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, reconoció públicamente que las órdenes judiciales relacionadas con la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, fueron “imperfectas, extemporáneas y erráticas”, y anunció la adopción de medidas para evitar que incidentes como este se repitan.

En paralelo, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, informó que oficiaría a Gendarmería, un hecho que se realizó durante la noche de este lunes, para una verificación cruzada entre los registros de personas privadas de libertad y la base de datos del Ministerio Público.

Esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la identificación mediante tecnología biométrica, sistema que hasta antes de 2023 no era obligatorio en los recintos penitenciarios. Razón por la cual tampoco se tuvo la identidad correcta del sicario en un inicio, debido a que las detenciones anteriores del imputado fueron en 2022, cuando no era obligatorio tomar las huellas digitales de los detenidos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, durante la comisión de este lunes entregó algunos datos que podrían respaldar el actuar de Gendarmería, en los que se señalaba que la ley no los faculta a desobedecer las órdenes de los tribunales.

También, destacó la complejidad del desafío: actualmente hay casi 9.600 extranjeros en prisión preventiva o cumpliendo condena en Chile, y más de 13 mil solicitudes de registro biométrico en trámite.

Así las cosas, la urgencia ahora sería cerrar las brechas que permitieron la evasión de un imputado de alta peligrosidad y reforzar los controles migratorios.

En tanto, este viernes hay una reunión entre las altas autoridades del sistema penitenciario, para encontrar soluciones y medidas para que esto no vuelva a ocurrir.