Ética y transparencia de BioBioChile
En Causa y Efecto conversamos del informe de la Contraloría General de la República que encendió alertas al detectar irregularidades en el uso de recursos públicos por más de 17 mil millones de pesos.
No se trata de un fraude puntual, sino de problemas de administración del Estado que involucran a gobiernos regionales, municipios y ministerios.
Con pagos sin respaldo, contratos mal ejecutados, transferencias sin rendición y graves fallas de control interno.
Desde el análisis se plantea que esta mala administración también constituye corrupción.
Esto, especialmente cuando las autoridades están en conocimiento de las fallas y no corrigen los problemas.
La opacidad en la gestión, se advierte, abre espacio para eventuales abusos y agrava la falta, más aún considerando que las auditorías abarcan los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Lo que apunta a una crisis estructural y no a hechos aislados.
El debate se cruza con la necesidad de modernizar el Estado y establecer responsabilidades administrativas claras, más allá de las políticas.
Se cuestiona que no existan sanciones efectivas para quienes administran recursos públicos.
Finalmente se advierte que, sin responsables identificables y consecuencias reales, la pérdida de recursos y la sensación de impunidad seguirán repitiéndose.
