Ética y transparencia de BioBioChile

Hoy en Causa y Efecto conversamos del error en el cálculo del alza de las tarifas eléctricas, que fue reconocido por el Ministerio de Energía, luego de detectarse inconsistencias entre la variación del IPC y la tasa de interés corriente.

La equivocación generó cobros mayores a los que corresponden y el gobierno anunció que en enero las cuentas bajarán en al menos un 2%. Sin embargo, persiste la duda sobre los efectos que el error tuvo en la inflación y sobre cómo se compensará a los consumidores.

El problema, advierten, no radica solo en la electricidad. También se cuestiona la precisión de las cifras públicas con las que se elaboran los presupuestos del Estado. En medio de la discusión presupuestaria, algunos ministerios han presentado proyecciones que son puestas en duda, lo que evidencia un deterioro en la rigurosidad de la gestión pública. Las estimaciones sobre ingresos y crecimiento económico suelen estar sobrevaloradas, trasladando los costos a las administraciones futuras.

Desde esa lógica, el error en las tarifas eléctricas refleja una práctica extendida: proyectar cifras optimistas que luego no se cumplen. Mientras cualquier ciudadano tiende a ser conservador en sus cálculos, el mundo político opera al revés, asumiendo estimaciones altas sin medir consecuencias. Así, los errores recaen en los contribuyentes, mientras los responsables rara vez enfrentan sanciones.

El caso abre otra interrogante: ¿quién devuelve lo pagado de más? Dado que se trata de empresas reguladas por el Estado, no existe posibilidad de cambiar de proveedor, y el error del regulador deja sin claridad ni responsables. A pesar de la gravedad del problema, no se ha identificado a los funcionarios que participaron en el cálculo ni se ha informado cómo se reparará el perjuicio a los usuarios.

En un escenario económico de estrechez, la falta de control y de rendición de cuentas agrava la desconfianza. Es por eso que en Causa y Efecto sostienen que es momento de revisar el uso de los recursos públicos con mayor rigor, desde el nivel central hasta los municipios. En tiempos de escasez, aseguran, cada peso debe ser analizado con el mismo cuidado con que cualquier familia administra su propio presupuestos.