La mega Toma de San Antonio es la expresión más visible de un problema estructural que tiene el Estado chileno y que se ha tolerado durante décadas. Por un lado incapacidad de garantizar el derecho a viviendas dignas y al mismo tiempo de hacer respetar la propiedad privada, algo que está consagrado en la legislación.
Lo que en principio se presenta como una solución desesperada para las familias vulnerables se convierte en un desafío para el estado de derecho.
En términos sociales estas ocupaciones masivas son síntoma de la precariedad habitacional que enfrenta el país, y de la lentitud de las políticas públicas.
En el plano político y jurídico lo preocupante es el precedente que marca. Un acto de fuerza que termina imponiéndose como un mecanismo de presión para obtener beneficios. Es decir, me tomo algo y obligo a que me lo den.
El riesgo es doble. Por un lado la normalización de las tomas genera espacios propicios para el crimen organizado, el tráfico de terrenos y la explotación de las propias familias que ahí se instalan.
Como el Estado no está, las tomas son tierra fértil para la criminalidad. Los indicadores demuestran quiénes son los que comienzan a infectar estos lugares y luego se instalan como verdaderas empresas.
Por otro lado está la ausencia de respuestas claras del gobierno de turno, los municipios y de los tribunales de justicia.
Pero ¿Por qué se llega a esto? Tenemos la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos donde hay peluquerías, carnicerías, discotheque, venta de terrenos. Todo un mecanismo de negocio ilegal.
Volviendo a San Antonio, el desafío de la institucionalidad es cómo sacan a estas 10 mil personas y dónde van a parar. Se marca un precedentes cuando en una toma tan grande cuando los ocupantes están negociando la compra de un terreno que nunca fue de ellos.
Hay ejemplos donde el narcotráfico y la delincuencia se toman las tomas. Para qué hablar de la infraestructura, cuando se cuelgan de la luz por ejemplo.
Fueron seis meses negociando y no se llegó a nada. Es un fracaso.