Ética y transparencia de BioBioChile
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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal el pinchazo al teléfono de Josefina Huneeus, incluyendo una llamada con el presidente Gabriel Boric, lo que llevó a la eliminación de información valiosa obtenida de la psiquiatra en el marco de la investigación del caso Procultura. El fiscal Patricio Cooper sufrió un revés al interceptar ilegalmente el teléfono de Huneeus, sin contenido criminal relevante en las conversaciones escuchadas.
¿Sabe qué? No me venga con cuentos. Toda su explicación a otra parte.
Es un poco lo que quisieron decir en la Corte de Apelaciones de Antofagasta con esto que mencionábamos ya durante estas semanas y que estuvimos muy atentos, que dice relación con este revés que hemos estado informando que ha sufrido el fiscal Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, al declararse ilegal el pinchazo al teléfono de Josefina Hunneus, lo cual incluía, como usted lo sabe, el llamado telefónico con el presidente de la República, Gabriel Boric.
Esto es un portazo. Creo que sí había información valiosa de la que entregó la psiquiatra respecto a lo que estaba pasando en Procultura, pero todo eso se va, ni siquiera al tacho de la basura; se va a esas moledoras de papeles, porque esa es la instrucción que ha dado la corte de apelaciones de Antofagasta.
Ahora, ¿por qué se pinchó a la psiquiatra?
Se lo voy a resumir porque a veces todo esto es bastante tedioso; uno se queda con ciertos titulares, pero esto es en el marco de la investigación del caso Procultura.
Un caso que, recuerden, hereda Patricio Cooper porque venía de Carlos Palma, que era el fiscal regional de Aysén, que sale en los WhatsApp, que se entremezcla con la arista Hermosilla; de hecho, tiene una querella de capítulos y que obviamente es suspendido en su función, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, decide sacar ese caso y pasárselo a Patricio Cooper, el mismo que investiga Sierra Bella, pero que además tiene también la investigación del caso de la venta de la casa de Salvador Allende, además de Procultura.
O sea, todas estas causas donde directamente están relacionados políticos, particularmente políticos de un sector que es de la izquierda.
El 2 de octubre del año 2024, es decir, octubre pasado, se autorizó interceptar 26 líneas telefónicas que correspondían a 17 personas. En esa lista del 2 de octubre, la psiquiatra no estaba, no formaba parte.
¿Qué es lo que ocurrió? Que su número de teléfono estaba asociado directamente como el de uso de Alberto Larraín.
Luego de ello, uno de estos números, cuando comienza la PDI a escucharlo, se supone que se dan cuenta de inmediato de que no era de Alberto Larraín, sino que era de su expareja. ¿Cuál es el problema?
El problema es que esa línea telefónica no estaba dentro de los informes que habían dado las compañías de teléfono asociadas a Larraín, sino que era una línea de la psiquiatra, pero que hace 20 años la tiene a su nombre.
Entonces vino el segundo punto. Como resulta que esto es lo que dice, obviamente, el fallo, se dan cuenta de que se estaba escuchando, que se estaba escuchando a una persona que no era, como yo les decía, Alberto Larraín. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones comienzan a transcribir, pero no solamente eso, comienzan a ver cuál va a ser, evidentemente, la forma de legalizarla.
No existe mayor fundamento en la petición, salvo la cita de normas legales. No hay ninguna mención acerca de la existencia de fundadas sospechas. Esto, ojo, es lo que dijeron en el Poder Judicial.
Es decir, acá fueron pinchados, tres conversaciones. La de la madre de Josefina, Marta Lagos; la de una amiga de Josefina, María Constanza Gómez; y una llamada con el presidente Gabriel Boric. En ninguna de estas conversaciones había contenido criminal relevante.
Aun así, la PDI las escucha, las incorpora a la carpeta investigativa y no hay una autorización legal.
Yo creo que la investigación tiene que ser objetiva, amplia y llegar a todos. Todos tenemos que estar de nuevo frente a la justicia cuando se tiene que revisar, pero tienen que respetarse las garantías procesales que obviamente están incorporadas no solo en la Constitución, sino que en las leyes.
Revisa todo el análisis de Causa y Efecto en el video de la nota.