El 31 de marzo de 1972 se produjo un accidente de tránsito que generó un escándalo y que complicó al gobierno de la Unidad Popular.
Ese día, una camioneta de la Dirección de Asistencia Social de la Presidencia de la República chocó en Curimón.
Fueron detenidos dos ocupantes, que resultaron ser del dispositivo de seguridad de la Presidencia de Salvador Allende, más conocido como GAP.
Se descubrió que ese vehículo llevaba un cargamento de municiones, granadas del Ejército, manuales de guerrilla, armas y planos de unidades militares.
Según el historiador Cristián Pérez, esa camioneta era conducida —en estado de ebriedad— por Fernando Amaya Sepúlveda, miembro del GAP y ex oficial paracaidista del Ejército.
Amaya iba acompañado por Ricardo Pardo Tobar, ex comando del Ejército; Mario Pérez, de quien se desconocen datos; y también por Oscar Delgado, ex comando y paracaidista. Todos ellos estaban vinculados al MIR.
Después del accidente solo fueron detenidos los dos primeros. Mario Pérez y Óscar Delgado lograron escapar.
De acuerdo al historiador, esas personas habían sido expulsadas del Ejército en 1970 junto a otros 14 compañeros de escuela, por falta de disciplina militar.
Se usó esa figura, pero en realidad se les expulsó por vínculos con grupos de izquierda.
Un primer problema fue que los detenidos portaban credenciales como miembros reconocidos del GAP, incluso ellos señalaron que estaban cumpliendo una misión del organismo.
El asunto se agravó más cuando la camioneta quedó directamente vinculada con la Presidencia de la República, ya que aparecía inscrita a nombre de Miria Contreras Bell, más conocida como “La Payita”, la secretaria privada del Presidente Salvador Allende.
Ante el escándalo, el propio Allende pidió que la Cámara realizara una investigación.
Miria Conteras explicó a través de un oficio a la Cámara que la camioneta se la había vendido a Mario Melo Pradenas, pero que no se había realizado el cambio de inscripción.
En esta inscripción se identificó que al menos 11 vehículos figuraban como propiedad de Miria Contreras.
La oposición argumentó que ese incidente en Curimón podía comprobar la manera en que miembros o ex integrantes de la escolta de Allende, realizaban acciones reñidas con la legislación vigente.
Fue tras ese incidente, según dice Cristián Pérez, que el PS decidió asumir el control de la guardia presidencial y que la relación de confianza política entre el MIR y la Unidad Popular se deterioró.
En abril de 1972, la Segunda Fiscalía Militar encargó reo a Ricardo Pardo por hurto de material de guerra y conducir en estado de ebriedad, y a Fernando Amaya como encubridor. Fueron recluidos en la Cárcel Pública de Valparaíso y luego en la de Santiago.
Después del golpe de Estado, varios de estos ex boinas negras enrolados en el MIR y en el PS quedaron en la mira de los militares.
En septiembre de 1973, 8 de ellos fueron detenidos por efectivos del Ejército, FF.AA. o Investigaciones, la mayoría de ellos fue trasladado al Recinto Militar de Peldehue y allí ejecutados.