En Chile, el infarto agudo de miocardio (IAM) es la primera causa de muerte: unas 8 mil personas fallecen cada año, según cifras del Ministerio de Salud. En total, las enfermedades cardiovasculares son responsables de una de cada tres muertes. Y aunque los tratamientos para enfrentarlas han tenido un avance notable en las últimas décadas, estas afecciones siguen causando dolor y pérdida de vidas.

La sociedad chilena ha reconocido la importancia de priorizar el tratamiento de algunas dolencias cardíacas frecuentes. Por ejemplo, el IAM fue una de las primeras 25 patologías incluidas en el GES. Sin embargo, la carga de enfermedad asociada a estas patologías es alta y es frecuente que muchos pacientes terminen engrosando las listas de espera.

Hoy en día existen unas 73 mil personas esperando ver a un cardiólogo, con un tiempo mediano de espera de 9 meses, por patologías no cubiertas por el GES; y existen más de 16 mil personas esperando cirugías cardiovasculares no GES con un tiempo mediano de espera de más de 1 año.

Tres simples medidas

El costo social que tienen estas enfermedades es enorme, incluyendo el impacto económico que significa la mortalidad prematura: pérdida de ingresos, productividad, etc. Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud señala que la pérdida de PIB per cápita asociada a enfermedades crónicas (de las cuales las cardiovasculares son las principales) y mentales puede ser de hasta el 4,5% anual. Chile es el país de América del Sur con la mayor pérdida.

La paradoja es que la mayoría de estas muertes son evitables. Estudios de la Organización Mundial de la Salud señalan que hasta el 80% de los IAM y accidentes cerebrovasculares (ACV) se pueden evitar si se adoptan tres claras medidas: tener una dieta sana, realizar actividad física regular y evitar todo consumo de tabaco (activo o pasivo).

Si las personas siguieran estos consejos, prácticamente desaparecerían las muertes prematuras causadas por patologías cardiovasculares. Resulta difícil, pero para nada imposible, cambiar los hábitos de la población. Lo incomprensible es que la sociedad se resigne a no tomar medidas que incentiven estos cambios.

No se necesitan medidas novedosas, costosas ni disruptivas para mejorar la salud cardiovascular de la población y reducir la carga de enfermedad y los costos económicos asociados a ellas.

Se estimó, por ejemplo, que la ley de tabaco que prohibió fumar en ambientes cerrados redujo la mortalidad asociada de enfermedades isquémicas del corazón y ACV en más del 15%. Esta medida, que hoy parece razonable (y que de a poco se cumple cada vez menos en locales nocturnos), redujo muertes y hospitalizaciones de manera significativa.

Se ha estimado también que el etiquetado frontal de alimentos, que fue (y todavía lo es) resistido fuertemente por algunos actores económicos, produjo una reformulación de alimentos y una reducción en el consumo de ingredientes nocivos (sobre todo en sodio, cuyo consumo es decisivo para la hipertensión arterial).

Estudios que se están desarrollando en la actualidad ya muestran que, además, el etiquetado habría reducido el sobrepeso y la obesidad infantil, un factor de riesgo importante de enfermedades cardiovasculares.

Prevenir salva vidas, ahorra recursos y protege la economía

Resulta incomprensible, entonces, la resistencia que se encuentra para la adopción de medidas similares. Los impuestos al tabaco no se han aumentado desde hace más de una década, aun cuando son la medida más costo-efectiva para reducir su consumo. En Chile, un aumento del 20% en el precio real de los cigarrillos reduciría la cantidad de fumadores en un 4%. Esto implicaría una disminución de casi 100 mil fumadores.

La patraña de que su aumento está vinculado al comercio ilícito, lo cual se ha desestimado con estudios, ha paralizado a las autoridades. Mientras tanto, las autoridades económicas han permitido que productos nocivos para la salud en general y para la salud cardiovascular en particular, como los cigarrillos electrónicos, se vendan sin impuestos específicos.

La miopía de las autoridades que permiten esto es pasmosa: se resignan a no recaudar y a no intentar bajar el consumo de productos nocivos que, en el futuro, implicarán mayores costos fiscales.

Este comportamiento de corto plazo no se limita a las autoridades actuales, sino a las futuras: no hay en los programas presidenciales de los candidatos con posibilidades reales de llegar a La Moneda ninguna mención a políticas regulatorias o tributarias que permitan reducir la carga actual o futura de enfermedades crónicas. Prefieren centrarse en qué hacer, por ejemplo, con listas de espera, sin enfocarse en que esas listas están llenas justamente de enfermedades prevenibles.

Prevenir salva vidas, ahorra recursos y protege la economía.