Las finanzas públicas no están ajenas al debate político, y no tendrían por qué estarlo. Así, es fundamental destacar que la todopoderosa Dirección de Presupuesto no solo elabora, fiscaliza y evalúa el gasto del Estado, sino también proyecta (con poco acierto por parte de este gobierno) lo que son los ingresos fiscales y el nivel de endeudamiento del país.

En ese contexto es importante recordar, que el Consejo Fiscal Autónomo, a inicios de mayo señaló en su informe semestral “su recomendación al Poder Ejecutivo y al Legislativo de diseñar y consensuar una agenda concreta, no solo para cumplir con las metas fiscales de 2025 y 2026, sino que también para fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.

A su vez, el Banco Central acaba de publicar su informe de estabilidad financiera, advirtiendo que “La persistencia de déficits estructurales por varios años ha ido mermando las holguras fiscales y ha aumentado la deuda pública”.

Contrapeso político para la responsabilidad fiscal

Nadie propone un conflicto como el acontecido en 1891, donde las diferencias por el presupuesto fiscal desencadenaron una guerra civil. Pero sí, el Congreso debe presionar para generar una nueva institucionalidad fiscal, que establezca un contrapeso real y efectivo a las directrices de DIPRES.

Por ejemplo, ¿por qué los informes financieros son enmendados desde la DIPRES? Nadie puede objetarlos ni generar debate al respecto. ¿Por qué no dotar de las atribuciones y personalidad jurídica a la Asesoría Presupuestaria del Congreso?
El Poder Ejecutivo cuenta con grandes libertades en materia fiscal, las cuales, a la luz de los hechos en materia de proyecciones erradas y deuda en expansión, deben ser limitadas y es legislador el llamado a concretar los cambios correspondientes.

Fredy Vásquez Cabrera
Profesor Políticas Públicas, UDALBA