La Constitución tiene que limitarse a establecer normas neutrales que regulen el proceso democrático de toma de decisiones. Este ha sido el caballito de batalla del mundo constitucional de derecha para dar paso a una nueva Constitución.
Sin embargo, ¿Es la Constitución vigente una Carta neutral? No. Ésta lo que hizo fue fundamentar un ordenamiento jurídico maximalista, clausurando el debate político, económico y social, volcando a continuación principios en normas constitucionales como subsidiariedad, seguridad nacional entre otros., por lo que claramente implica un concepto distinto a Constitución neutra.
Debido al fracaso del proceso anterior y en virtud de cifras que bordean el 60% de intenciones de rechazo al proyecto en discusión, nadie espera que éste sea en sí mismo un texto transformador, pero debe asegurar que las necesidades postergadas de las grandes mayorías y que se traducen en derechos sociales garantizados, sean posibles. Debe ser una Constitución habilitante que abra las soluciones a la política democrática y que no las cierre de manera anticipada.
Debe lograr que las distintas visiones se vean reflejadas en él, mediante normas abiertas o a través de derivaciones que habiliten al legislador democrático. Lo anterior implica una lógica opuesta a la que impuso la Constitución del 80 y que pretende revivir, incluso de manera agravada, la bancada republicana, consagrando una lógica subsidiaria en materia de derechos sociales.
Lo anterior hace importante el reconocimiento de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, definido por los derechos que consagra, asumiendo por lo tanto la indivisibilidad de todos ellos.
Este nuevo concepto asume la justicia social y la disminución de las diferencias sociales como valores propios de la nueva Constitución, se requiere que el Estado garantice o provea prestaciones básicas y universales en materia de salud, educación, seguridad social, vivienda, cuidados, contando para ello con la colaboración de privados. Por lo tanto, las redacciones que pretenden constitucionalizar un solo modelo privatista de salud, seguridad social o educación, deben ser consideradas como contrarias a las bases que dieron lugar a este proceso constitucional
El modelo de Estado Social y Democrático de Derecho requiere de sociedades civiles organizadas, por ejemplo, con libertad sindical, derecho a huelga, negociación colectiva y con normas laborales robustas que garanticen el trabajo decente y la libertad sindical. Adicionalmente este modelo de estado requiere de un nuevo pacto tributario. No es posible el nuevo paradigma con tan sólo un 19% de recaudación fiscal, lejos del tercio que recaudan los países de la OCDE que tanto admiramos y lejos también del 25% en promedio de los países de América Latina. Claramente todas estas políticas deben implementarse de manera progresiva y respetando la regla de responsabilidad fiscal.
Este nuevo modelo de estado pone en su centro la solidaridad. En él los derechos sociales expresan la dimensión de reciprocidad e igualdad de todos quienes conformamos la sociedad política. Se conforma para la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, constituyen los cimientos desde los cuales el individuo pueda desarrollar un plan de vida autónomo, de participación activa en la vida democrática y con ello influir en el rumbo del país.