Este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, fecha que se establece con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad del uso responsable de nuestros recursos hídricos.

Este año se centrará en la importancia de las aguas subterráneas, las cuales serán fundamentales para adaptarse al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en crecimiento, pero que hasta el momento no ha tenido la suficiente atención en la formulación de políticas de desarrollo sostenible.

Como se ha mencionado en diversos artículos y columnas de opinión, Chile enfrenta la peor sequía de la historia, con efectos que podrían ser irreparables en los ecosistemas y también afectar a la población humana.

El 2021 terminó con más del 50% de las comunas del país bajo decreto de escasez hídrica. De acuerdo con estudios de “Escenario Hídrico 2030”, entre las principales causas se pueden mencionar una deficiente gestión hídrica (44%), el aumento de la demanda de agua (17%), contaminación del recurso (14%) y la disminución de la oferta hídrica (12%), entre otras.

Asimismo, el informe semanal hidrometeorológico de la Dirección General de Aguas (DGE) del Ministerio de Obras Públicas a febrero del 2022, menciona que el déficit de precipitaciones es actualmente mayor al 70% en más de la mitad de la Red Hidrométrica Nacional, de forma alarmante los embalses destinados al agua potable tienen un déficit de un 27.5%, y la mayor parte de los ríos entre las regiones de Coquimbo y Maule, además de la región de Aysén, tienen caudales por debajo de sus mínimos históricos.

Esta información, que nos revela un escenario hídrico en extremo complejo, nos obliga como sociedad a buscar acuerdos y soluciones que complementen las posiciones políticas, económicas y ambientales, pero con base científica. En este sentido, para resolver el problema ha sonado fuerte entre diversos expertos la idea de crear un organismo autónomo del recurso hídrico chileno que vele por el uso sustentable de nuestra agua.

De forma complementaria, la reforma al Código de Aguas que luego de 11 años de tramitación en el Congreso fue despachada a ley durante enero de 2022, es un excelente apoyo para gestionar nuestros recursos hídricos con una mirada más amplia y sustentable.

En la reforma despachada y que está a la espera de la firma del Presidente de la República, se establecen como principales cambios que la Dirección General de Aguas (DGA) deberá establecer un caudal ecológico mínimo con el objetivo de velar por la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente; los derechos de aprovechamiento de aguas tendrán un carácter temporal con duración máxima de 30 años, dependiendo de la disponibilidad de la fuente de abastecimiento como de la sustentabilidad del acuífero; integra a las juntas de vigilancia del río respectivo para realizar distribución de caudales en caso de problema de disponibilidad, exige que todas las cuencas deben contar con un Plan Estratégico de Gestión Hídrica e incorporar disposiciones sobre aguas subterráneas y gestión sustentable.

Sin duda, en estos últimos meses la sequía se ha sentido con más fuerza en nuestro territorio, a su vez que nuevas iniciativas e ideas para enfrentarla se discuten y desarrollan. Es de esperar que las propuestas aquí mencionadas se implementen en un corto plazo para generar un verdadero cambio que impacte positivamente en la gestión hídrica, permitiendo el desarrollo de nuestro país, sin poner en riesgo a ecosistemas o localidades, y que a su vez, nos aleje de escenarios dramáticos como la falta de agua para el consumo humano o para la producción de alimentos, posibilidades cada vez más cercanas, debido principalmente al cambio climático, gestión ineficiente y la falta de pensamiento sistémico en el diseño de soluciones.

Gerson Peña, académico Escuela de Agronomía Universidad de Las Américas.