Cuando la gestión del presidente Piñera alcanza apenas una aprobación del 7% es una buena oportunidad para preguntarse por qué en Chile no contamos con mecanismos que permitan destituir a las autoridades políticas antes de cumplir su período. El proceso constituyente es un gran momento para discutir esta posibilidad.

Entre otras cosas, una Constitución se encarga de distribuir el poder desde el pueblo hacia las autoridades para que lo ejerzan en representación de la ciudadanía que las eligió, pero durante ese período esa misma ciudadanía no tiene cómo manifestar que desaprueba lo hecho por dicha autoridad. Por supuesto esto tiene que ver con la idea de poder que tenía la comisión designada que redactó la constitución del 80: se ejerce sin cuestionamientos y de espalda a la gente.

Este es uno de los problemas que ha evidenciado el actual sistema: una vez elegidas las autoridades políticas se desligan del pueblo, que les presta ese poder a través del voto, y funcionan autónomamente sin consultar la opinión de sus electores. Por lo que los vecinos y vecinas se encuentran excluidos de todo el proceso deliberativo, es en este punto donde la democracia chilena ha fracasado rotundamente, pues la Constitución de Pinochet cercena la posibilidad de la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.

Por esta razón, uno de los desafíos del proceso constituyente es desconcentrar ese poder y devolverlo al pueblo, asegurando su ejercicio a través de mecanismos de democracia directa. Un ejemplo de esto, son los mandatos revocatorios, donde un organismo competente o un grupo de ciudadanos puede exigir que se realice una votación para destituir a una autoridad pública antes de finalizar su período, lo que puede aplicarse a concejales, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, incluso al Presidente de la República. 

En Latinoamérica existen experiencias donde las personas pueden organizarse y llamar a votación para destituir a una autoridad, aunque con ciertos requisitos mínimos, como, por ejemplo, que la iniciativa cuente con un respaldo de al menos el 10% de los votantes o que la autoridad haya cumplido la mitad de su período. 

La nueva Constitución debe entregar herramientas de control democrático y participación directa a la ciudadanía de manera que esté involucrada permanentemente en la toma de decisiones. Esto significa entender que la democracia no se agota al momento de elegir autoridades, sino que se continúa ejerciendo como un trabajo colectivo, de compromiso con las necesidades de los territorios y su gente.