En las últimas décadas hemos presenciado cómo la educación ha estado en el centro de las preocupaciones de las familias chilenas. Una preocupación que ha tenido como consecuencia que el Estado, a través de diferentes gobiernos y parlamentos, haya avanzado en reconocer la educación como un derecho.
Pasar de entenderla como un problema individual que deben resolver las familias como puedan, a incorporarla como una prioridad del Estado.
La política de la gratuidad universal en la educación superior se enmarca dentro de eso: no se trata de un privilegio de algunos o un “sálvese quien pueda”, con una pesada mochila de deudas para las familias trabajadoras, sino que se trata de un derecho que debe ser garantizado por el Estado: de forma gradual, responsable y paulatina, pero con una dirección clara en avanzar en esta garantía.
Eso es lo que está en juego con las afirmaciones de Kast y su equipo, quienes han señalado públicamente sus intenciones de recortar recursos en Educación Superior y de modificar la gratuidad a un sistema de becas, que no garantizaría una universalidad de la cobertura.
Claramente hay desafíos y mejoras pendientes, pero proponer echar pie atrás en esta política, bajo el mañoso y falacioso “argumento” de que ha salido muy costoso para las instituciones de educación superior, es proponer retroceder en derechos para las familias del país. Es privilegiar el negocio de algunos pocos, por sobre el bolsillo de una gran mayoría.
Comencemos por debatir sobre datos reales y sobre la verdad. De acuerdo a la Superintendencia de Educación Superior, en su estudio sobre la salud financiera, señala que no es efectivo que haya existido un impacto financiero negativo para las instituciones. Pero incluso más allá de esa aquello, lo verdaderamente relevante son las familias de nuestro país y sus anhelos.
La gratuidad este año superó medio millón de beneficiarios y más del 40% de los estudiantes de pregrado estudian gracias a esta posibilidad, cuatro veces más de lo que representaba en 2016.
Oponerse a este avance es estar en contra de las familias que sin esta política no podrían asegurar una educación para sus hijos e hijas, o que deberían endeudarse significativamente para alcanzar estudios superiores. Es volver a cuando la educación superior era un privilegio accesible sólo para quienes podían costearlo.
Justamente por ello, por las familias trabajadoras y la juventud del país es que no tenemos complejos en luchar contra los retrocesos y defender los derechos en que hemos avanzado.