Ha pasado ya más de medio siglo desde el golpe de Estado de 1973, con toda su carga de muerte y dolor. Hasta hace algunos años creíamos, como sociedad, haber aprendido las lecciones de la historia y existía un consenso amplio y transversal sobre la importancia de perfeccionar constantemente la democracia y respetar los derechos de todas las personas.

Esos principios aparentemente compartidos, han ido progresivamente deteriorándose. Los factores han sido variados: una creciente pérdida de credibilidad en las instituciones con su consiguiente impacto en el interés por la “cosa pública”, la nueva y creciente ola de nueva delincuencia y del crimen organizado, con su secuela de temor y desconfianza entre las personas.

Pero también ha contribuido a esto un evidente retroceso en la forma de abordar el pasado reciente, con un negacionismo y una reivindicación de la dictadura que ya creíamos superados.

Y en ese afán que se viste de democrático, pero sigue siendo nostálgico de la época más oscura de nuestra historia, hoy vuelven a la carga con una propuesta que a estas alturas ya es un poco obsesiva: liberar a los condenados por cientos de crímenes que cumplen sus merecidos castigos en Punta Peuco.

Además de no hacerse cargo de que esas personas que están ahí lo merecen largamente por atroces crímenes, como desaparecer compatriotas, de los cuales no han mostrado ni un poco de arrepentimiento, hoy incluso han mancillado el nombre de un jurista destacado como el exdiputado Juan Bustos, queriendo usarlo de escudo para un proyecto que nada tiene que ver con sus no reconocidos objetivos.

Tratan de humanizar todo lo posible esa intentona, con la excusa de los años y las enfermedades, para no tener que sonrojarse y dar explicaciones por su impune tozudez, sin reconocer que muchos de ellos ni siquiera llevan tantos años presos, porque durante décadas eludieron a la justicia, amparados en tenebrosas redes de ayudistas.

Nosotros, por razones históricas y por convicciones democráticas profundas, rechazamos este intento de liberar asesinos a gran escala, que pese a estar condenados a decenas o cientos de años de cárcel, muchos de ellos siguen considerando algo así como un ejemplo de aquello que por décadas negaban y decían rechazar.

Por eso, como bancada de senadores hemos ingresado un proyecto y una reforma constitucional para acotar el tipo de criminales que potencialmente pueden liberados por la atribución presidencial del indulto. Decimos fuerte y claro, “no a la Ley Krassnoff” que impulsa la derecha, ya sea por vía legal o por la vía administrativa.

Y al revés, reforzamos nuestro compromiso más férreo con la democracia, haciendo una radical apuesta por la cohesión social y poniendo por delante un proyecto político que debe tener siempre en su centro la creación de una sólida esfera pública democrática, donde podamos convivir, discrepar, pero sin perder la capacidad de respetarnos y dejar que otra vez la barbarie se imponga en nuestra sociedad.