En medio de la campaña presidencial, pocos temas concitan tanta coincidencia como la urgencia de enfrentar la crisis de seguridad y carcelaria. La sobrepoblación en los recintos, que bordea el 140%, según cifras de Gendarmería, ha convertido a las cárceles no solo en espacios de hacinamiento y precariedad, sino también en centros desde donde operan organizaciones criminales que extienden su influencia al exterior.

Esto debe considerar no solo los elementos clásicos —como evitar fugas y resguardar la seguridad tanto del personal penitenciario como de los detenidos—, sino también aspectos propios de la gestión moderna de estos recintos. Entre ellos, la adecuada segregación de la población penal, el control de las comunicaciones tanto internas como con el exterior.

Resulta indispensable también la segmentación de la población penal, separando a los reos por niveles de peligrosidad, especialmente a los líderes de organizaciones criminales. Se trata de una medida básica para impedir que las cárceles sean centros de mando del crimen organizado.

En paralelo, se reconoce la necesidad de modernizar a Gendarmería, fortaleciendo su formación, equipamiento y condiciones laborales.

Prácticamente todos los candidatos presidenciales han reconocido la necesidad de acción inmediata. La construcción de nuevos recintos penitenciarios aparece como propuesta transversal y, más allá de las diferencias, la señal es clara: el país requiere ampliar de manera urgente la capacidad instalada.

El debate electoral se cruza con señales concretas de avance institucional. El Senado acaba de aprobar en segundo trámite el proyecto de ley que agiliza los permisos para la construcción, reparación y ampliación de recintos penitenciarios. Esta busca acortar plazos, eliminar trabas innecesarias y acelerar respuestas frente a una crisis que ya no admite demoras. Se trata de un paso en la dirección correcta, aunque aún insuficiente si no se acompaña de una política integral que articule esta infraestructura con el sistema social.

En este mismo sentido, la apertura de la licitación de la cárcel de Copiapó marca un hito concreto: se avanza en sumar capacidad, con una obra que, de materializarse, aportará alrededor de dos mil nuevas plazas y estándares de infraestructura más adecuados. El desafío será asegurar que estos proyectos no se queden en anuncios aislados, sino que formen parte de un verdadero plan maestro para la infraestructura penitenciaria.

La coincidencia entre candidatos refleja un diagnóstico compartido: sin resolver la crisis de las cárceles no habrá estrategia de seguridad sostenible.

Pero la solución no se limita a levantar muros y barrotes. También requiere un Estado capaz de planificar con visión de largo plazo, combinar inversión pública y privada para acelerar obras, y garantizar que los recintos sean espacios que protejan a la ciudadanía, pero que además abran caminos efectivos hacia la reinserción. La elección presidencial ofrece una oportunidad única para que esta urgencia se traduzca en compromisos claros y sostenibles, más allá de la coyuntura política.