Tuve la oportunidad de conocer a Ghisoni en Mendoza, junto a su hijo mayor y otras familias víctimas de lo mismo. La mecánica se repetía: estudios jurídicos especializados, peritajes ideológicamente falsos, testigos fabricados y un Estado permeable a estas prácticas.

En Argentina, donde el debate lleva más tiempo, incluso se impulsa una ley que sancione penalmente las falsas denuncias. Las similitudes con Chile resultan inquietantes.

En ambos países —y también en España— se esgrime que las falsas denuncias son apenas el 0,01% de los casos, cifra que solo cuenta sentencias firmes y omite miles de causas archivadas o cerradas sin esclarecer la verdad. Estudios como los citados por Roxana Kreimer las sitúan en torno al 10%, porcentaje que la Fundación para la Confianza en Chile terminó reconociendo.

La razón de su expansión es simple: casi nunca hay consecuencias para quien acusa falsamente, y en disputas de custodia la denuncia de abuso sexual se transformó en un arma letal para obtener el control total de los hijos.

PRM: la particularidad criolla

El primer gran punto en común entre Chile, Argentina y otros países es que la falsa denuncia se expande a partir de una verdad incontrarrestable: el abuso sexual intrafamiliar contra menores existe y es gravísimo. Esa certeza permite que el Estado, principal cómplice de las falsas denuncias, actúe como encubridor estructural.

En Chile, como particularidad criolla, los jueces de Familia no son quienes realmente imparten justicia: la mayoría de las causas recaen en fundaciones y corporaciones privadas nacidas del achicamiento del Estado, muchas formadas por exfuncionarios ligados a la Concertación, que hoy administran programas como los PRMs (Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil).

Estas entidades, privadas pero financiadas por el Estado, elaboran los informes psicosociales más relevantes y aunque formalmente son fiscalizadas por el mismo Estado, en la práctica operan sin contrapeso. Son ellas las que deciden si un padre acusado falsamente puede volver a ver a sus hijos, pues los jueces, con más de cien causas mensuales, suelen limitarse a refrendar sus recomendaciones. Así, terminan actuando como jueces paralelos con poder absoluto, legitimando prácticas vulneratorias bajo el paraguas del deber de protección.

¿Quién controla entonces a estas corporaciones que diseñan programas y terminan gobernando los tribunales de Familia? La respuesta parece ser nadie.

Instituciones que viven de la remesa fiscal

En abril de este año, Ciper reveló que Claudio Castillo, apenas un mes después de asumir como director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez, compartió por correo electrónico un borrador confidencial de bases técnicas con fundaciones que luego ganaron el concurso público.

Estas organizaciones, agrupadas en la llamada “Mesa de Residencias”, no solo accedieron al documento con antelación, sino que sus observaciones fueron incluidas en la versión final, generando una ventaja indebida que no fue registrada en ninguna plataforma de transparencia. Así, se torció el principio de igualdad de condiciones entre más de 180 organismos acreditados.

Además, Ciper denunció que la Corporación Acogida —también financiada por el Estado— desvió cerca de 200 millones hacia empresas vinculadas al círculo íntimo de su ex representante legal, Hernán Briones. Contratos fueron adjudicados a firmas de su sobrino, de su ex jefe de campaña, de su tío y de un primo, violando las normas sobre conflictos de interés.

Por si fuera poco, Ciper reveló que informes del PRM Pichilemu —dependiente de esa misma corporación— contenían errores tan groseros como cambiarle de nombre y género al niño evaluado, señal clara de que copiaron un informe anterior sin realizar intervención real. Así, se fabrican “evidencias” con las que se justifica la separación de niños y padres, sin control, sin fiscalización y con una impunidad que solo puede explicarse desde la captura del Estado por intereses privados.

Posteriormente, un padre llamado Juan Manuel Navarro —quien denuncia haber sido alejado de su hijo pequeño a través de una falsa acusación— presentó una querella por peritaje falso y prevaricación de peritos en contra del PRM Pichilemu que recientemente fue acogida. Entre las irregularidades más graves que detectó en los informes utilizados para justificar su alejamiento, encontró evidencia de que estos habían sido elaborados a partir de maquetas o plantillas prefabricadas, aplicadas de forma mecánica. El elemento más revelador fue que en uno de los informes se referían a su hijo con el nombre de “Isidora”, un nombre claramente perteneciente a otro caso. Es decir, tomaron el informe de una niña, lo copiaron y lo usaron para justificar un daño psicológico inexistente en el hijo de Juan Manuel, olvidando incluso cambiar el nombre.

Este error dejó en evidencia que el PRM nunca realizó una evaluación seria y personalizada, sino que manipuló documentos con el único fin de mantenerlo alejado de su hijo.

¿Por qué se aleja a padres sin antecedentes con tanta facilidad?

La respuesta oficial suele estar teñida de eufemismos: perspectiva de género, escuchar a la madre, proteger a la infancia. Pero la motivación real es mucho más banal: el dinero.

Estas instituciones viven de la remesa fiscal. Mientras más tiempo permanezca intervenido un niño, más recursos recibe el PRM correspondiente. Aunque no definen formalmente la duración de una intervención, sí la sugieren y, en la práctica, los jueces casi siempre acogen sus recomendaciones.

Un exdirector de PRM, con quien conversé, me lo confirmó con claridad: la mayoría de estos programas reciben mucho más de lo que efectivamente gastan. Por cada niño, el Estado aporta cerca de 216.700 pesos mensuales, y con 100 niños, los programas pueden recibir unos 21 millones y medio cada mes. Pero sus gastos reales, incluyendo sueldos de las duplas psicosociales (cercanos al millón de pesos), directivos, arriendos y materiales, no superan los 13 millones de pesos. ¿Dónde van a parar los ocho millones restantes cada mes? Eso se preguntaba él, y concluía que solo lo sabía la administración central de la corporación.

Las más grandes administran cerca de 30 PRMs, sin considerar los demás proyectos que tienen bajo su mandato.

Falsas denuncias de abuso sexual: mafias que instrumentalizan el dolor real

Lo que ocurre en Argentina y otros países tiene matices, pero el trabajo de peritos particulares que en la práctica funcionan como instituciones colaboradoras del Poder Judicial, y que necesitan del conflicto para vivir, se ha extendido como parte de un sistema privatizado en unos casos y semi privatizado en otros, que es pernicioso en su esencia.

Por eso, los proyectos de ley en trámite son similares: buscan sancionar penalmente las falsas denuncias de abuso sexual o violencia intrafamiliar. No se trata, como alegan sus detractores, de proteger a abusadores, sino de impedir que mafias de abogados, psicólogos, psiquiatras asistentes sociales y testigos falsos sigan instrumentalizando el dolor real en causas espurias.

Javier Rebolledo Escobar es el autor del libro “Falsas denuncias. Una investigación sobre padres acusados de abuso sexual”