Paralelamente, otros países occidentales ya adoptaron medidas de profundo significado político en sus relaciones con Israel, sin que estas detuvieran (ni morigeran) la operación militar en curso. Frente a tales dramáticas circunstancias (y más allá del natural interés en la materia de la comunidad árabe chilena), por “razones de Estado” parece aconsejable comenzar a replantearnos “la cuestión del Estado Palestino”.

En la coyuntura parecería que es la manera de contribuir a asegurar a la población de Gaza el más fundamental de sus derechos humanos: el derecho a la vida.

La tendencia

El reconocimiento del “Estado Palestino” ya cuenta con el apoyo de dos Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (Francia y el Reino Unido), y el de uno de los Estados más influyentes del hemisferio sur: Australia. Además -no obstante el histórico apoyo occidental a Israel- un número creciente de democracias ya calificó a la situación en Gaza como un “genocidio” que amerita una acción de inflexión política.

Es casi seguro que en septiembre próximo la mayoría de los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas estará dispuesta a discutir el reconocimiento del Estado Palestino, y que en el Consejo de Seguridad también habrá mayoría, a pesar de que Estados Unidos vetará una Resolución ad hoc.

Esa, sin embargo, no impedirá el hecho jurídico, diplomático, político y geopolítico fundamental, pues la incorporación del Estado Palestino en Naciones Unidas será materia de la Asamblea General, no del Consejo de Seguridad (Art. 18 de la Carta ONU).

La oposición norteamericana no será suficiente para que el Estado Palestino sea eventualmente reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

El momento geopolítico

En el cálculo de las democracias occidentales está claro que la operación militar en Gaza considera “vaciar” ese territorio aprovechando el momento de debilidad de los “enemigos de Israel” (especialmente la ayuda militar y económica a Hamás por parte del Irán de los ayatolas).

Es evidente que el actual gobierno de Israel aprovecha la coyuntura para eliminar de raíz a Hamás, sin importar el costo de tal decisión. Raras veces en la historia reciente del mundo aquello de que “el fin justifica los medios” fue tan evidente, y causó tanta miseria “a ojos vista” de toda la comunidad internacional.

La decisión del gobierno del Primer Ministro Netanyahu también aprovecha la reestructuración del orden global que -con su componente de inestabilidad- impulsa la administración de Donald Trump (aliada de Israel). Muchos países (y grupos de países) están hoy día ocupados en sus propias relaciones con Estados Unidos, antes que de la situación en Gaza.

Mientras en septiembre la incertidumbre global provocada por Estados Unidos —ahora concentrada en Ucrania— seguirá lejos de resolverse, la cuestión del Estado Palestino será utilizada por actores como la Unión Europea, China y Rusia para medir fuerzas con esa potencia. En este escenario, grupos regionales como el GRULAC llegarán divididos al debate, lo que hace aún más necesario que Chile participe con una visión de largo plazo.

Una posición de Estado

Con ese horizonte, para efectos de un debate informado que fije una posición de Estado, conviene recordar dos aspectos básicos de forma y fondo.

Primero, que la Resolución 2625 de la Asamblea General (1970) consagró los principios básicos de Derecho Internacional a emplear en el ámbito de las relaciones entre Estados, incluido aquel de la igualdad de derechos entre los mismos y, seguidamente, aquel de la libre determinación de los pueblos.

Conforme con esos lineamientos, el mismo documento estableció el principio que reza que “el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente, o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo, constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación”.

Incluso antes de 1970, Chile implementó tales principios durante el “proceso descolonización” en África, Asia y Oceanía. En lo esencial, nuestra doctrina se ajustó a una práctica panamericana que entendía que los tres elementos básicos para el reconocimiento de un Estado estaban en la presencia de “un territorio” (Gaza y Transjordania), “un pueblo” (más allá de las disquisiciones históricas, el “actual pueblo palestino”), y un gobierno (la Autoridad Nacional Palestina, que Chile ya reconoció siguiendo su igualmente histórica doctrina de “reconocimiento de gobiernos”).

También sabemos que, en función de los principios de la Resolución 2625, en 1991 -al inicio de la guerra que desintegró a la ex Yugoslavia y en momentos que la artillería serbia bombardeaba la población civil en Vúkobar y Dubrovnick- Chile fue uno de los primeros países en reconocer al Estado Croata.

Si entonces la comunidad croata chilena desempeñó un rol para visibilizar el problema humanitario, la decisión del gobierno del Presidente Aylwin se ajustó a derecho, a nuestro compromiso con el “principio de autodeterminación”, al respeto de los derechos humanos, y a la observancia del Derecho Humanitario para la protección de la población civil.

Lo ya pactado

Un segundo asunto dice relación con la cuestión de “los dos Estados”, es decir, Israel y Palestina. En este punto, cabe recordar que a través de los Acuerdos de Oslo de 1993, la entonces OLP reconoció formalmente al Estado de Israel, mientras que este, a su vez, reconoció a dicha organización (posteriormente Autoridad Nacional Palestina) como representante de su pueblo.

Adicionalmente, en 1994, por medio del llamado “Acuerdo Gaza-Jericó (Cisjordania)”, Israel aceptó implementar un proceso para el autogobierno de esos territorios. Al año siguiente, ambas Partes consolidaron esos compromisos para generar un mecanismo de convivencia pacífica (Acuerdo Oslo 2).

Esta, sin embargo, no prosperó. En parte fundamental, porque Gaza fue paulatinamente controlada por Hamás, que se opone a reconocer al Estado de Israel, y durante décadas, apoyado por Irán y Siria, optó por “la vía armada”. La tragedia en curso en Gaza se inició en octubre de 2023, después de la masacre de más de mil civiles israelíes perpetrada por Hamás.

Se trata, indudablemente, de un asunto muy complejo que, por una parte, involucra a una población civil en extrema necesidad (que tiene derecho a la aplicación del Derecho Humanitario) y, por otra, a un socio confiable de Chile, que aporta a la sustancia de nuestra propia seguridad.

Aun así, las circunstancias imponen que, a pocos meses del término del actual gobierno, el reconocimiento del Estado Palestino sea, valga la redundancia, un asunto de Estado —y no simplemente una cuestión de gobierno—. Desde la óptica del “vaso medio lleno”, existe aquí un espacio para que distintos sectores converjan en una decisión que contribuya a la paz y se enmarque en nuestra tradición de respeto al Derecho.

Para definir nuestra “posición de Estado”, entre muchos otros aspectos, deberíamos considerar la renuencia de los países vecinos, de la Liga Árabe, de la Organización de Cooperación Islámica y de otros “enemigos de Israel” para recibir refugiados de Gaza (incluso niños). Ningún país musulmán parece estar dispuesto a recibir refugiados. La población palestina permanece prisionera en su propio territorio.

Visto así, la sobrevivencia de la población palestina solo es posible dentro de las fronteras de un Estado propio. Esto, sin embargo, resulta factible únicamente si —previamente— el mundo árabe y el mundo musulmán están dispuestos a otorgar un reconocimiento incondicional a Israel y a sus fronteras, definidas hace décadas. Es evidente que, al persistir en la negativa a reconocer a Israel, el mundo islámico condena al pueblo palestino a la destrucción. Más que una acusación, se trata simplemente de un hecho de la causa.

Chile, el Estado Palestino (y el pueblo palestino)

Para que la destrucción de Gaza no termine de ocurrir, el nacimiento del Estado Palestino debería ir a la par con el reconocimiento del Estado de Israel por toda la comunidad árabe y musulmana. Este es el momento para exigirlo.

A partir de allí, el nacimiento del Estado Palestino debe estar garantizado por Naciones Unidas vía una misión de paz específica, con medios económicos y objetivos concretos y verificables. La reconstrucción de Gaza y el desarrollo de Cisjordania no serán posibles sin una renuncia explícita de los “enemigos de Israel”. El lobby palestino debe hacer su parte.

Chile podría desempeñar un rol en este ámbito, contribuyendo a sincerar la discusión. En voz alta deberíamos denunciar que el velado “conflicto de civilizaciones”, escondido tras el “odio a Israel” (y, por extensión, a Occidente), resulta absolutamente inconducente y hace imposible la autodeterminación del pueblo palestino. Asimismo, es necesario señalar que la insistencia —también velada— de algunos en convertir a miles de niños en “mártires del Islam” proporciona, en la práctica, “la razón de la sinrazón” que sustenta la lógica del gobierno de Netanyahu (no del pueblo de Israel) para justificar la destrucción total de Gaza.