¿Cómo asegurar la transparencia en sus gestiones?

Respecto de estas últimas, se destaca la aplicación de la Ley de Transparencia a municipalidades y gobiernos regionales, tanto en su faceta de transparencia activa, lo que significa en la práctica el deber de publicar en sus sitios electrónicos aquella información que corresponde, como también en cuanto a la obligación de responder solicitudes de acceso a información de la ciudadanía y tener una adecuada gestión documental.

A esto, se suma la Ley de Probidad, que establece la obligación de realizar periódicamente declaraciones de intereses y patrimonio, así como la de constituir un mandato de administración en favor de un tercero para que liquide y administre los valores de los que la autoridad es dueña cuando superen las 25.000 UF, o incluso la venta obligada de activos o renuncia a la participación en sociedades cuando se trate de empresas vinculadas al Estado.

Asimismo, la Ley de Lobby obliga a las autoridades a mantener actualizados los registros públicos de audiencias que sostengan con representantes de intereses particulares, las donaciones que reciban y los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, regulan el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Y así, una serie de normativa legal y administrativa que podríamos seguir enumerando.

Transparencia y probidad: pilares esenciales de la gestión pública

Aun con esta frondosa regulación vigente, no debemos perder de vista aquella que hoy se discute. Desde el Consejo para la Transparencia hemos identificado al menos nueve proyectos de ley sobre probidad, como el de lobby, integridad municipal o aquel que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

En paralelo, identificamos treinta y dos proyectos sobre transparencia y acceso a la información, como el de Transparencia 2.0 (que duerme hace más de seis años), la modificación al sistema de nombramientos del poder judicial, la reforma al sistema registral y notarial o el de registro de beneficiarios finales.

La transparencia y probidad se construyen día a día

En este desafiante escenario, en que más de 200 alcaldes y 8 gobernadores regionales electos no ejercieron ese rol en el período anterior, hay que ser conscientes de que buena parte de ellos debuta en el cumplimiento de todas estas obligaciones. Por lo tanto, no basta solamente con fiscalizar activamente, sino que también debemos preocuparnos de su capacitación y guía para asegurar un inicio adecuado de sus gestiones.

Por ello, desde el Consejo para la Transparencia, comenzamos esta semana con la entrega, a los alcaldes de Santiago y Parral, de una cartilla que resumen sus obligaciones de probidad y transparencia, con directrices claras para facilitar su cumplimiento. Este esfuerzo continuará con la entrega del documento a todas las municipalidades y gobernaciones regionales de Chile, ya que las instituciones no nacen transparente y probas, sino que es una verdadera cultura que debe construirse y reforzarse día a día.