"Más allá de su actitud infantil, ella sabía todo": nuevos testimonios hunden a dúo Barriga-Lavín

—Había una prohibición de dar cuenta de que el diputado (Joaquín Lavín León) pedía cosas al municipio. O de mencionar siquiera al diputado, por lo que nunca lo vi en el municipio, pero pedía todo a través de WhatsApp.

Andrea Díaz Troncoso testificó en calidad de imputada el 5 de noviembre de este año. Pasadas las 15:40 horas, la exadministradora de la Municipalidad de Maipú complementó su primera declaración en la causa por fraude al fisco y desclasificó pasajes desconocidos de la era de Cathy Barriga al mando de la casa consistorial.

En su alocución, aseguró que Barriga ignoró las minutas internas elaboradas por su equipo para reducir gastos innecesarios de cara a la elaboración del presupuesto municipal de 2020.

“El tema principal de conversación para ella en esa época era Maipeluza”, atestiguó la entonces cercana colaboradora de la ex jefa comunal. Esto, en relación al polémico festival en el que desembolsó al menos $2 mil millones de las arcas fiscales y en el que premió a su propio hijo.

Otros dos exempleados también entregaron nuevos antecedentes contra la imputada. Las tres declaraciones fueron pieza fundamental para sellar este jueves el retorno de la exautoridad a la cárcel.

Oídos sordos

En la diligencia llevada a cabo por Constanza Encina, persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oridente, la exadministradora municipal partió asegurando que Barriga, por ejemplo, no utilizaba su correo institucional para coordinar sus labores propias como alcaldesa. Cualquier documento debía ser impreso y entregado personalmente a ella.

Según Díaz, fue así como a mediados de 2019 le hizo llegar a Barriga dos minutas con las que al interior del municipio pretendían rebajar gastos de cara al año siguiente. Encina le mostró los correos en los que se leían las intenciones de limitar los desembolsos en horas extras, reducir las contrataciones a honorarios y disminuir “considerablemente el gasto en actividades y eventos (merchandising, cáterin, etc)”.

El primero de los mensajes está fechado el 31 de julio de 2019.

“Este correo hace presente un tema que se había conversado con la alcaldesa (…) y que dice relación expresamente con el exceso de contrataciones y de desvinculaciones que habían afectado enormemente el presupuesto municipal. Acá se estaba informando justamente porque se venía el mes de septiembre que es un mes en que la alcaldesa quería realizar muchos gastos que eran excesivos, como por ejemplo el evento Maipeluza”, aseveró.

Si bien dicho proyecto estaba contemplado en el presupuesto municipal, Díaz sabía que éste podía “generar gastos adicionales que ella requería”.

“No se siguieron las recomendaciones porque recuerdo haber estado en esa actividad en que empezó a requerir muchas cosas que no estaban contempladas en el presupuesto. Yo después no supe si se hicieron más actividades o gastos durante ese año, pero sí me consta que para Maipeluza ella estaba en conocimiento de lo indicado en la minuta y solicitó igualmente gastos extraordinarios”, acotó.

La mano de Lavín Jr.

De acuerdo a la exservidora pública, “en el mes de septiembre la única preocupación que tenía la exalcaldesa era Maipeluza”. Se trata de eventos organizados por la municipalidad para Fiestas Patrias que costaron $670 millones en 2017, $741 millones en 2018 y $683 millones en 2019. En total, suman más de $2.094 millones.

Esto difería de otros años, donde para celebrar el “18” se gastó $178 millones en 2015 y $217 millones en 2016.

Es así como en 2018, el hijo mayor de la exalcaldesa, Vicente González Barriga, fue premiado tras cantar en el evento por su misma madre y el animador, Juan Pablo Queraltó.

Requerida por el segundo correo, fechado el 21 de septiembre del 2019, Díaz profundizó: “Yo imprimía los documentos y se los pasaba por mano, considerando que ella no tenía correo electrónico. Imprimí la minuta y me acerqué a conversar con ella y me dijo que no debía involucrarme en estas materias”.

Según la profesional, aquella misma jornada fue a “tomar té” a la casa de la secretaria de la entonces alcaldesa, quien estaba de cumpleaños. Aseguró que en la cita conversó con Ana María Cortés, la directora de Desarrollo Comunitario de la administración Barriga, co-imputada en la causa por fraude al fisco y sindicada como parte del círculo de confianza de la exestrella de televisión.

“Le dije que sabía que nos iban a echar, porque (a Barriga) le acababa de representar una situación que sabía que le iba a incomodar con esa minuta y correo electrónico. Ella quería escuchar sólo lo que a ella le interesaba y sólo saber de sus proyectos y actividades”, lanzó.

Al día siguiente, Barriga le pidió que dimitiera.

“En ese momento, no recuerdo si fue a las 11 o 12 de la mañana, llega la alcaldesa y nos pide la renuncia. No recuerdo cuál fue la explicación que nos dio en ese momento, pero sí recuerdo que estaba muy afectada (…) Le preguntamos a la directora jurídica a quién tenía que hacerle entrega del cargo, ya que había preparado una pequeña minuta dando cuenta del trabajo y asuntos pendientes, pero ella me dijo que no le dejara absolutamente nada”, comentó.

—Usted mencionó en su primera declaración que había un funcionario asesor del Congreso, en específico del diputado Joaquín Lavín, que realizaba solicitudes de información del municipio —preguntó la fiscal Encina.

“Sí, me refería a Arnaldo Domínguez (…) Había una prohibición de dar cuenta de que el diputado pedía cosas al municipio. O de mencionar siquiera al diputado, por lo que nunca lo vi en el municipio, pero pedía todo a través de WhatsApp. En mi caso, me solicitó muchas veces solucionar algunos problemas de vecinos o atención de determinadas personas que necesitaban”.

Un informe enterrado

El despido de Andrea Díaz también fue abordado en la declaración de Roberto Garrido. Al abogado se le había encomendado elaborar un informe privado en julio de 2019 para conocer en detalle el estado financiero de la municipalidad. Según él mismo declaró, la salida de la administradora ocurrió durante una reunión que él sostuvo con Cathy Barriga en que le hizo saber de las conclusiones de su trabajo.

“Es en ese momento en donde se retira de la sala de reuniones y le pide la renuncia a la administradora municipal de ese entonces, Andrea Díaz, a la DIDECO de la época, Ana María Cortés, y destinó a otra unidad al jefe de Finanzas de ese entonces. Ella volvió a ingresar y me indicó que ya les había pedido la renuncia a ambas y las responsabilizó de lo que estaba pasando”, desclasificó.

Entre los hallazgos levantados por Garrido figuraban horas extras imposibles de realizar por un ser humano, además del “ingreso” al balance municipal de más de $2.200 millones que no existían.

“Ella salió de la reunión intempestivamente, muy enojada (…) Ella señalaba que habían abusado de su confianza, sin embargo, se trataba sólo de responsabilizar a alguien. Yo le dije que eso no era suficiente ya que era necesario investigar qué había ocurrido, incluso antes de tomar ese tipo de decisiones, ya que son funcionarias públicas”, enfatizó.

Barriga “me miró con cara de querer contratarme, pero le dije que no podía hacerlo”, lanzó Garrido. Tras la negativa del abogado, la exalcaldesa se querelló contra él e intentó ocultar el informe que destapaba las irregularidades en las arcas del municipio.

“Quiero agregar que, más allá de la actitud infantil que ella suele tener, en general estaba en conocimiento de todo”, cerró.

Amenazas para mantener el silencio

Para 2019, María Isabel Palma trabajaba en la Dirección de Asuntos Financieros (DAF) de la Municipalidad de Maipú. Su declaración, prestada el 11 de noviembre de este año ante la fiscalía, reafirma que Cathy Barriga no sólo estaba al tanto del descalabro financiero, sino que también sabía sobre la falsificación de antecedentes para el presupuesto municipal de 2020.

“Yo parto de la base de que si Luis Japaz (exasesor y brazo derecho de Barriga) estaba enterado, es porque la alcaldesa lo sabía. Ella lo sabía todo. Era un grupo muy unido y todos ellos incluso en las noches estaban todos juntos en alcaldía. Yo me iba muy tarde todas las noches y los veía juntos trabajando”, testificó.

Palma estaba a cargo de validar la propuesta del presupuesto de 2020. Pero se percató que, sencillamente, los números no daban. No alcanzaba para “cubrir la totalidad del gasto del año siguiente”, espetó.

“Desde mi punto de vista era relevante exhibirlo a los concejales, sin embargo, Abel Sepúlveda (administrador municipal que reemplazó a Díaz) me llamó por teléfono y me dijo que debía eliminar esos dos párrafos con las observaciones. Yo le dije que no quería porque me podía traer problemas, ya que era la directora de control. Sin embargo, me obligaron a hacerlo”, acusó.

La exfuncionaria contó a la fiscal Encina que estaba a punto de jubilarse. Por ese entonces, su hijo también trabajaba en el municipio. Incluso, este último había recibido un aumento de sueldo sin que ella lo pidiera.

Tras su negativa a modificar sus observaciones, Palma afirmó que Sepúlveda la amenazó. “Él me dijo que él era ‘abogado’ y que sabía mucho más de estas cosas que yo, que debía cumplir lo que me estaba solicitando. Me dijo textual: ‘Recuerde que usted se va y su hijo queda, por lo que sí o sí debe hacer lo que le estoy pidiendo"”.

Cathy Barriga vuelve a prisión

Los antecedentes contenidos en estas tres declaraciones sirvieron al Ministerio Público para pavimentar el retorno de Cathy Barriga a prisión preventiva.

Según el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, los argumentos expuestos por la defensa de Barriga no representaban antecedentes suficientes para modificar la medida cautelar, tal como lo había hecho la jueza María Inés Lausen Montt, del Noveno Juzgado de Garantía capitalino.

En efecto, la magistrada había revocado la prisión preventiva en base sólo a documentos relativos al hijo de la ex chica Mekano, que a juicio del tribunal de alzada no eran relevantes.

Por el contrario, los testimonios allegados recientemente al expediente de la fiscal Encina sí permitieron corroborar “la concurrencia de los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal”.

Es decir, que existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga y que permiten presumir fundadamente que la imputada ha tenido participación en él como autora.

“Sigan haciéndole publicidad a un misógino”, refunfuñó Barriga la tarde de este jueves en alusión al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, durante su reingreso al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.