La noche de este martes detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron un allanamiento a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en el centro de Santiago. La diligencia se enmarca en la pesquisa por la liberación irregular de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado como sicario del “Rey de Meiggs”.
Según fuentes de La Radio, los investigadores actuaron con una orden del 7° Juzgado de Garantía tras la negativa de la CAPJ a entregar voluntariamente sus servidores.
El objetivo fue recabar antecedentes sobre las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería. La CAPJ coordina dichos procesos, clave para esclarecer cómo Ferrer Ramírez obtuvo libertad pese a una orden vigente de prisión preventiva. Hasta ahora, se desconoce el paradero del imputado, quien se mantiene prófugo.
De acuerdo con los detalles de la diligencia, se incautaron equipos tecnológicos.
Según Gendarmería, el 9 de julio recibieron una orden impresa del 8° Juzgado de Garantía para ingresar al imputado al CDP Santiago I. Sin embargo, el 10 de julio, el mismo tribunal envió una contraorden vía sistema informático que anuló la detención.
A las 14:13 horas del mismo día, Gendarmería recibió un correo con la orden inicial de prisión, pero sin rectificar la liberación. “No se detectaron vulneraciones a los sistemas”, declaró la institución, aunque recopilan antecedentes para el Ministerio Público.
CAPJ entrega servidores tras orden judicial
Tras el allanamiento, el Poder Judicial emitió un comunicado , confirmando que la Corporación Administrativa (CAPJ) colaboró con la entrega de información requerida por la PDI.
Según el texto, la acción se concretó “tras la presentación de la orden judicial correspondiente” alrededor de las 22:00 horas.
La directora interina de la CAPJ, Andreina Olmo, y el jefe del Departamento de Informática, Mauricio Rodríguez, facilitaron personalmente “la información de los servidores del Poder Judicial relativa a la causa del imputado Osmar Ferrer Ramírez”. El documento enfatiza que esto se realizó para “contribuir con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público”.
Esta cooperación contrasta con versiones previas que señalaban resistencia inicial de la CAPJ. El comunicado aclara que la entrega ocurrió “tras la exhibición de la orden judicial”. Todos los antecedentes solicitados por la PDI fueron proporcionados sin objeciones.
El texto insiste en que el objetivo es “esclarecer los hechos y responsabilidades relativas a la liberación” del sicario. La institución reitera su compromiso de “facilitar la investigación” liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente.