Hasta el Palacio de La Moneda llegó esta mañana el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para ingresar un oficio solicitándole al Gobierno que agilice y dicte cuanto antes el reglamento que permita la entrada en vigencia de la Ley de Cierre de Calles y Pasajes, cuyo plazo venció hace 55 días.
La norma, que se promulgó el pasado 25 de enero durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, permite instalar portones en vías que cuenten con un acceso y salida.
Para que la Ley entre en vigencia, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric debió publicar el reglamento no más allá del 25 de mayo. Sin embargo, esto no ha ocurrido.
Por este motivo, Carter junto vecinas de la comuna, ingresaron esta mañana un oficio dirigido a la ministra del Interior, Izkia Siches, para que la autoridad agilice el trámite y permita la entrada en vigencia de la norma.
“El Gobierno de Sebastián Piñera no ingresó el reglamento, teniéndolo terminado, hasta los últimos días de su mandato. Y al llegar las nuevas autoridades encabezadas por Gabriel Boric, lo primero que hicieron, en vez de ingresar el reglamento a la Contraloría, fue retenerlo porque lo querían revisar”, dijo el alcalde Carter.
En esta línea, el alcalde llamó al Presidente Boric a que “antes de hacer campaña, cumpla con su juramento de sacar esta pega adelante, el trabajo ya está hecho”.
Subsidio para el cierre de calles y pasajes
La Municipalidad de La Florida entregará un subsidio de un millón de pesos a los vecinos y vecinas que no tengan los recursos necesarios para aplicar la norma.
Asimismo, una vez que la Ley entre en vigencia, el municipio comenzará un proceso de regularización de aquellas calles y pasajes que ya se encuentren cerrados.
Corte de San Miguel rechaza recurso por cierre de pasaje
La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió a favor de un vecino de un pasaje en Pedro Aguirre Cerda por el cierre de la calle para la seguridad de la comunidad. Lo anterior, después de que uno de los habitantes del sector presentara un recurso de protección en contra de la acción, ya que mantenía un emprendimiento de venta de calzado en su casa.
Finalmente, la Corte resolvió que “no es un acto arbitrario, dado que es un hecho público y notorio y aumento de la inseguridad en calles y pasajes de nuestro país”, según lo consignó El Mercurio.
Esta respuesta no acabó con el conflicto, por lo que la Corte Suprema deberá emitir la última palabra