El Consejo de Defensa del Estado evalúa solicitar cautelares privativas de libertad en la formalización que enfrentará a fin de año el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en el caso de la embotelladora Llacolén, donde se investiga la condonación de 1.200 millones de pesos en concepto de patentes comerciales en 2020.
Se trata de una causa abierta a fines de 2024 tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, donde le imputan al alcalde Boris Chamorro, al exdirector jurídico del municipio, Cristián Pinto, y a cuatro concejales por el delito de fraude al fisco, por aprobar la rebaja de esta millonaria deuda.
La fiscal Glenda Lagos formalizará la investigación de este caso el 29 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Coronel.
CDE podría pedir prisión preventiva
Al respecto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Georgy Schubert, junto con indicar que se han realizado diversas diligencias en la indagatoria, informó que están analizando la posibilidad de solicitar medidas cautelares privativas de libertad para los imputados.
“Como Consejo de Defensa del Estado queremos que todas esas investigaciones lleguen a puerto y que todos los funcionarios públicos que cometieron ilícitos respondan por este hecho”, indicó y añadió que las cautelares que solicitarán serán proporcionales a los graves delitos investigados.
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A su vez, informó que existen investigaciones pendientes por otros casos en la corporación edilicia coronelina, aunque declinó referirse, por ahora, a la denuncia realizada por la empresa Profecxa, respecto a supuestas coimas exigidas por un funcionario de la Dirección de Obras Municipales, en medio de la construcción de una cancha en la población Nuevo Amanecer.