El Ministerio Público solicitará la prisión preventiva para todos los imputados en el caso Puerto Coronel. Durante la segunda jornada de formalización, la fiscal Glenda Lagos alcanzó a solicitar dicha cautelar para el alcalde Boris Chamorro y el ahora exconcejal Eduardo Araya, ambos militantes del Partido Socialista.
La fiscal de Coronel, Glenda Lagos, solicitó la prisión preventiva para el alcalde Boris Chamorro, formalizado por cohecho. La petición se fundamentó en la reiteración de los delitos, dado que habría recibido un total de 82 millones de pesos mediante 21 pagos, y en su ejercicio como jefe comunal reelecto, lo que plantea el riesgo de que el ilícito se repita.
Incluso la persecutora citó el ejemplo del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado en el caso Farmacias Populares, donde, en primera instancia, el militante comunista cumplió la privación de libertad en un recinto carcelario, al ser un jefe comunal en ejercicio.
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Según el ente persecutor, los primeros acercamientos entre Boris Chamorro y Eduardo Hartwing, fundador y expresidente de Puerto Coronel, se habrían dado en el tiempo de la pandemia.
La fiscal, citando el testimonio que dio el fundador de la compañía ante el Ministerio Público, señaló que el alcalde de Coronel habría solicitado aportes económicos por los efectos que generaba la actividad de la compañía, dentro de ellos, los problemas de caminos en el sector sur de la comuna.
Los pagos se efectuaron, primeramente, por tres millones mensuales, lo que subió a cuatro, el año pasado.
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El hombre encargado de entregar las sumas de dinero, según la Fiscalía, era Víctor Olivares, dueño de una empresa que operaba como contratista para Puerto Coronel.
Este último, habría emitido facturas falsas y para ello existía coordinación entre el máximo ejecutivo de la compañía y su exgerente de administración y Finanzas, Daniel Chamorro.
Lo anterior es parte del testimonio de Olivares citado por la persecutora.Otro de los fundamentos para solicitar la prisión preventiva en el caso del alcalde Boris Chamorro, tiene que ver con la pena asignada al delito que, producto de la reiteración del mismo, señaló la fiscal, podría llegar hasta los 10 años de presidio.
Cabe consignar que la discusión de las medidas cautelares continuará este miércoles a las 08:30 horas, respecto a los delitos de soborno, administración desleal, los tributarios, a lo que se suma las intervenciones de los querellantes y las defensas. Por lo tanto, no se descarta que la formalización pueda incluso extenderse hasta el próximo viernes.