Comenzó la formalización del caso Puerto Coronel, siendo el reelecto alcalde Boris Chamorro el principal imputado respecto de coimas que la empresa portuaria habría pagado al jefe comunal y al concejal Eduardo Araya.
También enfrentan cargos por soborno, administración desleal y delitos tributarios, exejecutivos y contratistas de la compañía.
Por lo que, después de dos reprogramaciones, finalmente comenzó la audiencia de formulación de cargos en el llamado caso Puerto Coronel.
Se trata de una investigación abierta en noviembre del año pasado, luego que la nueva administración de la portuaria se autodenunciara.
El antecedente entregado fue que antiguos exejecutivos autorizaron el pago de coimas a políticos de la comuna, a través de un modus operandi que involucró a contratistas que facilitaban facturas por servicios inexistentes y así se disfrazaban como legales los millonarios pagos.
Esto último, lo confirmó el asesor de la Fiscalía Regional del Bío Bío, Mauricio Lártiga.
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Montos que habrían recibido Chamorro y exejecutivos
Entre los principales imputados por cohecho, está el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien habría percibido en 21 pagos un total de 82 millones de pesos, mientras que el ahora exconcejal, Eduardo Araya, recibió 70 millones, cancelados en 30 entregas.
Cabe mencionar que, el jefe comunal habló escuetamente al ingresar al Juzgado de Garantía, insistiendo en su total inocencia.
Por Eduardo Araya habló su abogado defensor, Andrés Cruz, quien insistió en la explicación de asesorías directas al entonces presidente del directorio del puerto, Eduardo Hartwig.
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Los otros formalizados son el ex gerente general, Javier Anwandter, el ex gerente de Finanzas, Daniel Chamorro, los contratistas Víctor Olivares y Hernán Romero, este último hermano del diputado Leonidas Romero, además de Hartwig.
A este último, además de imputarle la orden de las coimas, el Ministerio Público lo acusa de haberse apropiado ilegalmente de 5 mil unidades de fomento anualmente, cargo que su abogado, Alejandro Espinoza, descartó categóricamente, incluso calificándolo como una injuria.
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Se prevé que la audiencia se extienda hasta el jueves, debido al cúmulo de argumentos que tiene la Fiscalía para solicitar las cautelares, entre las cuales estaría la prisión preventiva para el alcalde Chamorro.