Parlamentarios de la región del Bío Bío están presionando al gobierno para que se materialice lo antes posible el desalojo de las 13 torres de departamentos que están tomadas desde el fin de semana en San Pedro de la Paz.
Ante los emplazamientos, la delegada Daniela Dresdner aseveró que se están coordinando, pero que el desalojo no puede vulnerar los derechos de los niños, los que permanecen junto a sus padres en la ocupación ilegal.
Pese a que el mismo sábado desde la delegación se afirmó que ante el delito flagrante correspondía actuar con un desalojo, esto no ha ocurrido. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la zona, Bernardo Suazo, condenó la usurpación, argumentando que es injusto para los legítimos beneficiarios. También cuestionó que el gobierno no intervenga.
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Suazo reconoció preocupación el gremio por el precedente que esto puede arrastrar y no descartó pedir protección policial para otros proyectos inmobiliarios en etapa final, a fin de evitar que sean tomados.
Consultada por el tiempo que se van a tomar en el gobierno, la delegada regional, Daniela Dresdner, indicó que los responsables tendrán que responder por la usurpación violenta que están cometiendo, pero que en el desalojo no deben vulnerar los derechos de los niños que están en la toma.
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Critican inacción del gobierno
La presión aumenta sobre la delegación desde diversos sectores, principalmente representantes de la oposición, como el presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara, el UDI Sergio Bobadilla, quien dijo estar sorprendido de la inacción del gobierno.
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Más cercano al Ejecutivo, el senador del PS Gastón Saavedra afirmó que el desalojo no se puede dilatar demasiado, y que los integrantes de la toma deben entender que no pueden exigir mediante ese tipo de medidas una solución habitacional.
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La diputada Marlén Pérez, en tanto, aseguró que se comunicó con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para solicitarle que intervenga y garantice la seguridad y el respeto a la propiedad de los beneficiarios legítimos.
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Hoy se cumplen cinco días desde que, en medio del temporal el viernes por la noche, un grupo de más de 200 personas llegó hasta el conjunto de departamentos que levantó la empresa Rukantec para el Serviu, un proyecto para beneficiarios del programa Prais, que pese a estar terminado, no había sido entregado a sus dueños.