La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó las condenas contra dos ex miembros de la PDI responsables de la detención ilegal y las torturas aplicadas a un menor de edad el año 1984 en Concepción, a quien se sindicó como militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para justificar un brutal procedimiento policial.

Según el fallo de la Quinta Sala se probó en la investigación por violación de derechos humanos que la PDI nunca tuvo antecedentes sobre los vínculos subversivos de la víctima, Carlos Maureira, subrayando la abogada querellante, Patricia Parra en lo contundente de la resolución.

Esta fue la primera sentencia dictada en la región en un caso de torturas durante la dictadura, sumario a cargo de la ministra en visita Yolanda Méndez, confirmando ahora el tribunal de alzada las condenas contra los ex detectives Hernán Fernández Hernández y Antonio Calíbar Araya, de 319 y 819 días de cárcel, respectivamente, como coautores de los delitos de detención ilegal y aplicación de tormentos.

Consultada si podría ir a la Corte Suprema ante las bajas sanciones, que además podrían ser cumplidas con el beneficio de la libertad vigilada, la abogada sostuvo que es algo que se estudia.

La única modificación de la Corte al fallo de la ministra Méndez fue en cuanto a la indemnización que deberá pagar el Estado a Carlos Maureira, aumentándola de 50 a 80 millones de pesos por concepto del daño moral causado.