CONTEXTO

Auditoría de Contraloría detecta graves irregularidades en funcionamiento de CAJ del Bío Bío

Por Manuel Cabrera
La información es de Fabián Polanco

23 abril 2019 | 21:30

El seremi de Justicia del Bío Bío denunció graves anomalías en la Corporación de Asistencia Judicial, a partir de una auditoría de la Contraloría que detectó una serie de irregularidades; siendo las más graves inasistencias, abogados que no tramitan causas y hasta oficinas que no abren por no asistir los funcionarios a su lugar de trabajo.

Esto en medio de una serie de situaciones que se sucedieron este martes, al cumplir los funcionarios de la CAJ un mes de paro de actividades.

La movilización partió con la toma de la Dirección General del organismo en el centro de Concepción, y luego al mediodía, el secretario regional ministerial cuestionó la huelga, que se originó por el pago parcial de un bono, asegurando Sergio Vallejos que no se podía cancelar el dinero si la gestión de los funcionarios no había logrado el estándar demandado.

Además, el seremi dio cuenta de un informe de Contraloría que detectó graves irregularidades en el funcionamiento de la corporación.

Lo anterior, a raíz de las conductas de funcionarios y abogados que se desempeñan en el organismo.

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Sobre las conclusiones de la investigación, la dirigenta Andrea Moscoso dijo no estar al tanto, calificando de mal gusto el momento en que se entrega el resultado de la auditoría.

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Ante esto, Vallejos adelantó las acciones que se adoptarán a partir de las irregularidades, de manera de sancionar a los responsables y también las medidas para impedir que las conductas se repitan.

“De los otros hechos, es la propia corporación la que tiene que iniciar los sumarios administrativos que correspondan”, sentenció.

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Consultado si algunas de las irregularidades podrían tener que ser denunciadas como delitos, como las que tienen que ver con funcionarios que firmaban su ingreso al trabajo y después se retiraban, la Seremi de Justicia admitió la posibilidad que pueda tratarse de una falsificación de instrumento público, siendo algo que la autoridad deberá analizar.